La protección de mujeres y niñas sigue siendo uno de los grandes desafíos de la crisis migratoria

CEUTA/ Más de 100 días después del comienzo de la crisis migratoria, la protección de mujeres y niñas continúa siendo uno de los desafíos de la respuesta humanitaria en Ceuta, donde la permanencia de población femenina en los recursos de acogida mantiene la necesidad de disponer de mecanismos especializados para detectar situaciones de vulnerabilidad y garantizar una atención adecuada.

La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Livia Rosales, considera que la experiencia de estos meses ha puesto de manifiesto la importancia de contar con intérpretes, profesionales de mediación intercultural, espacios seguros y protocolos específicos que permitan identificar posibles víctimas de violencia sexual, explotación o trata.

En declaraciones a El Pueblo de Ceuta, Rosales reconoce que una de las mayores dificultades durante los primeros días fue la falta de medios adecuados para comunicarse con algunas de las mujeres que habían llegado a la ciudad.

"Al principio de todo, la falta de intérpretes y de mediación intercultural fue una dificultad importante. A veces no era posible mantener una conversación en condiciones, y eso complicaba tanto la detección como la atención posterior", explica.

Aquella situación evidenció la necesidad de disponer de recursos especializados desde el comienzo de una emergencia, especialmente cuando las personas afectadas desconocen el idioma, no están familiarizadas con las instituciones o tienen miedo a solicitar ayuda.

La permanencia de mujeres y menores en Ceuta mantiene la necesidad de disponer de mecanismos de protección adaptados a sus circunstancias

La dificultad de detectar lo que no se cuenta

Rosales advierte de que una de las principales complejidades de la atención a posibles víctimas de violencia consiste en identificar situaciones que no siempre llegan a conocimiento de los profesionales mediante una denuncia o una petición expresa de ayuda.

Algunas mujeres pueden haber sufrido violencia en sus países de origen, durante el trayecto migratorio o en otros momentos de sus vidas, y necesitan tiempo para sentirse seguras antes de relatar lo ocurrido.

En ocasiones, según explica, los profesionales reciben señales de alarma que no van acompañadas de un testimonio detallado: mujeres que evitan determinados espacios, que tienen miedo a permanecer solas o que no se atreven a desplazarse.

Estas circunstancias requieren una atención cuidadosa, capaz de reconocer posibles riesgos sin presionar a las afectadas para que compartan experiencias traumáticas.

"La ausencia de denuncias no podía interpretarse como ausencia de violencia", señala Rosales, quien insiste en la importancia de escuchar, observar y generar espacios de confianza.

La responsable de la Unidad recuerda que durante los primeros días resultó fundamental mantener contacto con las organizaciones sociales presentes sobre el terreno, que podían conocer directamente las circunstancias de las mujeres y trasladar posibles situaciones de desprotección.

La falta inicial de intérpretes y mediación intercultural complicó la comunicación con posibles víctimas durante los primeros días

El miedo a pedir ayuda

A las dificultades de comunicación se añade otro factor que Rosales considera especialmente importante: el temor de algunas mujeres migrantes a acercarse a las instituciones por su situación administrativa.

El desconocimiento de los recursos disponibles, la falta de documentación o el miedo a ser identificadas pueden convertirse en obstáculos para quienes necesitan protección frente a situaciones de violencia.

Por ello, la responsable institucional defiende que la atención debe prestarse sin prejuicios y que las mujeres deben conocer los recursos a los que pueden acudir, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa.

"Ninguna mujer debería tener que elegir entre su seguridad y su situación administrativa", afirma.

Rosales también rechaza los discursos que atribuyen a las mujeres migrantes denuncias falsas de violencia para obtener documentación, al considerar que estas afirmaciones pueden estigmatizar a las posibles víctimas y dificultar que soliciten ayuda.

"Una mujer que denuncia violencia merece ser escuchada y atendida, no recibir sospechas ni prejuicios por su situación administrativa", sostiene.

Rosales advierte de que el miedo, la desconfianza y las experiencias traumáticas pueden impedir que una mujer solicite ayuda

Espacios adaptados a cada necesidad

Otra de las cuestiones que la crisis ha puesto sobre la mesa es la importancia de organizar los dispositivos de acogida teniendo en cuenta las diferentes circunstancias de las personas alojadas.

Rosales explica que una mujer embarazada, una madre acompañada de hijos pequeños, una adolescente que viaja sola o una posible víctima de violencia sexual pueden necesitar medidas de protección distintas.

Por ello, desde la Delegación del Gobierno se defendió durante los primeros días la necesidad de contar con espacios diferenciados y profesionales preparados para identificar riesgos, acompañar a las mujeres y facilitar su acceso a los servicios competentes.

La responsable de la Unidad considera que la protección no puede darse por garantizada únicamente porque una mujer se encuentre dentro de un recurso de acogida. También resulta necesario conocer sus circunstancias personales, escuchar sus necesidades y comprobar que dispone de condiciones adecuadas de seguridad e intimidad.

La responsable institucional considera imprescindible contar con espacios diferenciados, profesionales especializados y protocolos claros de atención

Las lecciones de una emergencia todavía abierta

Rosales reconoce que la respuesta institucional tuvo que afrontar numerosas dificultades ante una crisis de dimensiones extraordinarias que superó las previsiones iniciales.

"Sería poco honesto decir que todo funcionó bien, porque hubo problemas, claro que los hubo", admite, aunque también destaca el esfuerzo realizado por los empleados públicos, profesionales y organizaciones sociales que participaron en la atención a las personas migrantes.

La responsable institucional considera que una de las prioridades para afrontar situaciones similares debe ser mejorar la planificación previa y establecer procedimientos específicos de detección, atención y derivación.

Entre las necesidades que identifica figuran los equipos especializados en violencia contra las mujeres, la disponibilidad de intérpretes y mediadores interculturales, los espacios seguros y la coordinación entre los diferentes organismos.

El refuerzo económico aprobado por Igualdad contempla recursos para mejorar la respuesta a situaciones de vulnerabilidad

El Real Decreto 856/2026, que regula subvenciones extraordinarias por un importe máximo de 1.345.584,83 euros, contempla precisamente un refuerzo de la atención especializada y la posibilidad de constituir una unidad multidisciplinar para mejorar la coordinación de los recursos.

Rosales considera que estas medidas responden a algunas de las necesidades detectadas durante la emergencia, aunque insiste en que la protección de las mujeres debe incorporarse desde el comienzo a la planificación de cualquier dispositivo.

"La perspectiva de género no puede incorporarse al final. Tiene que formar parte de la planificación desde el primer momento; y esa fue nuestra batalla principal", afirma.