El puerto de Ceuta, al límite: 2.117 incidencias y 3,35 millones en riesgo
INVASIÓN DE CEUTA
La Autoridad Portuaria advierte de que los asentamientos temporales comprometen las obras previstas en la Ampliación de Poniente, mientras las incidencias de seguridad se disparan y se suceden los requerimientos de documentación al Ministerio de Migraciones
Ceuta/ El puerto de Ceuta ha registrado 2.117 incidencias de seguridad entre el 30 de julio y el 3 de noviembre, en un escenario marcado por la crisis migratoria que comenzó hace más de cien días y que ha llevado a la Autoridad Portuaria a reforzar sus dispositivos de protección, mientras mantiene abiertas sus advertencias sobre la ocupación de terrenos destinados a una inversión de 3,35 millones de euros vinculada a fondos europeos.
Los datos, recogidos en el último informe de la División de Protección de la Autoridad Portuaria, reflejan un incremento extraordinario de las incidencias respecto al año anterior. Entre el 1 de agosto y el 28 de octubre de 2025 se contabilizaron 108 actuaciones, frente a las 2.022 registradas en idéntico periodo de 2026, lo que representa un aumento del 1.772,22 %.
La mayor concentración de incidentes se produjo durante agosto, con 1.203 actuaciones, mientras que septiembre cerró con 424 y octubre con 450. El balance incluye accesos no autorizados por tierra y mar, sabotajes, incendios, agresiones, personas lesionadas y colaboraciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque la documentación facilitada no desglosa cuántos casos corresponden a cada categoría.
El informe también refleja que durante los últimos siete días analizados se produjeron 97 incidencias, principalmente relacionadas con accesos no autorizados a las instalaciones, además de sabotajes y actuaciones de colaboración policial.
Ante esta situación, la Autoridad Portuaria ha incrementado los efectivos de la Policía Portuaria y de seguridad privada, al tiempo que ha adoptado medidas adicionales de protección y mantiene la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sin embargo, los problemas de seguridad no constituyen la única preocupación que aparece en la documentación oficial. Los informes técnicos y las comunicaciones remitidas desde septiembre al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también ponen el foco en las condiciones de implantación de los alojamientos temporales habilitados en la Ampliación de Poniente.
Los 3,35 millones de euros que están en juego
La ocupación temporal de terrenos en la Ampliación de Poniente podría tener consecuencias sobre una inversión de 3.353.126,18 euros vinculada a fondos europeos, según las advertencias trasladadas por el Departamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria.
La actuación prevista comprende la urbanización de espacios en los que se han instalado recursos de acogida de migrantes. Los técnicos comprobaron que parte de estas instalaciones ocupaban superficies destinadas a futuras obras y zonas que debían permanecer disponibles.
El informe del 14 de septiembre señala que, de mantenerse aquella situación, no sería posible ejecutar los trabajos dentro de los plazos programados sin liberar o reorganizar previamente las instalaciones.
El principal riesgo identificado es que los retrasos impidan completar la inversión dentro del periodo de elegibilidad de los fondos FEDER, lo que podría ocasionar la pérdida de la financiación asociada. La documentación no cuantifica la ayuda europea concreta que podría perderse ni confirma que se haya producido esa pérdida.
Las obras previstas, comprometidas
Uno de los documentos más relevantes es el informe elaborado el 14 de septiembre por el Departamento de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, en el que se examina la ocupación de las parcelas A1 y E1, incluidas en el ámbito de la actuación denominada Ampliación de Poniente Fase I.
El informe concluye que la implantación de los asentamientos no se ajustaba, en términos generales, a las condiciones técnicas establecidas previamente por el propio departamento en un escrito fechado el 4 de septiembre.
Los técnicos constataron que determinadas instalaciones y elementos auxiliares habían sido colocados fuera de las superficies inicialmente previstas, ocupando zonas que debían permanecer libres para garantizar la ejecución de futuros viales e infraestructuras.
También advirtieron de que los cerramientos instalados no permitían identificar con claridad los límites de las superficies autorizadas, circunstancia que dificultaba comprobar si la ocupación se mantenía dentro de los espacios inicialmente definidos.
La consecuencia de esta situación, según el informe, era la falta de disponibilidad de parte de los terrenos necesarios para desarrollar las obras programadas por la Autoridad Portuaria.
El documento llega a advertir de que las condiciones existentes hacían inviable ejecutar los trabajos proyectados sin proceder previamente a la liberación, reorganización o retirada de las instalaciones que ocupaban los espacios afectados.
La preocupación adquiere una dimensión económica al tratarse de una actuación vinculada al programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del periodo 2021-2027.
La documentación cifra en 3.353.126,18 euros la inversión prevista para la urbanización de la Ampliación de Poniente Fase I en la zona donde se encuentran las carpas.
Los técnicos alertan de que, si se mantiene la ocupación en las condiciones descritas, las obras podrían no ejecutarse dentro del periodo de elegibilidad establecido para la financiación europea, con el consiguiente riesgo de pérdida de la ayuda asociada.
No obstante, los documentos no acreditan que esa financiación se haya perdido, sino que identifican un riesgo condicionado al mantenimiento de la situación y al cumplimiento de los plazos previstos.
El puerto reclamó dos veces los mismos documentos
La Autoridad Portuaria de Ceuta reiteró el 7 de octubre al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la solicitud de documentación sobre los alojamientos temporales de la Ampliación de Poniente que ya había formulado el 24 de septiembre.
Ambos escritos reclamaban información sobre los responsables del proyecto y de su explotación, los planos y características de las instalaciones, las medidas de vigilancia, los planes de prevención de incendios y los permisos correspondientes a las conexiones de electricidad, agua y saneamiento.
El requerimiento incluía también la entrega de un programa de limpieza para coordinar los trabajos con los servicios de la Autoridad Portuaria.
En las comunicaciones, la institución advertía de que determinadas instalaciones y acometidas se habían ejecutado antes de que se aprobara el condicionado ministerial, lo que impedía efectuar algunos controles previos en los términos previstos.
La reiteración del requerimiento pone de manifiesto que la Autoridad Portuaria seguía reclamando esa información en octubre. Los documentos aportados no incluyen la eventual respuesta posterior del Ministerio.
Instalaciones ejecutadas antes de completar los trámites
Las comunicaciones de la Autoridad Portuaria revelan igualmente discrepancias sobre la tramitación y supervisión de los recursos temporales de acogida.
El 24 de septiembre, tras la aprobación ministerial de las condiciones para utilizar temporalmente terrenos de dominio público portuario, la Autoridad Portuaria reclamó al Ministerio de Migraciones información técnica sobre las instalaciones.
Entre la documentación solicitada figuraban el proyecto completo de los alojamientos, los datos de sus responsables, los planes de seguridad y prevención de incendios, los sistemas de control de accesos, las acometidas de agua, electricidad y saneamiento y el programa de limpieza.
La Autoridad Portuaria señaló que parte de las condiciones aprobadas por el Ministerio de Transportes no podían materializarse en los términos previstos porque las instalaciones ya habían sido ejecutadas antes de la aprobación de ese condicionado.
Esta circunstancia afectaba, entre otros aspectos, a la comprobación de los límites de las parcelas ocupadas, un trámite que, según la documentación, debía haberse realizado antes de comenzar la instalación.
En los escritos también se hacía constar que las conexiones provisionales necesarias para suministrar los servicios ya estaban ejecutadas sin que la Autoridad Portuaria dispusiera de la información técnica correspondiente.
Por ello, se reclamaron los proyectos y permisos necesarios para comprobar y validar las actuaciones realizadas en materia de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento.
La petición de documentación volvió a formularse el 7 de octubre mediante un oficio dirigido a la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en el que se reiteraban los requerimientos efectuados anteriormente.
La existencia de estos requerimientos acredita las deficiencias documentales señaladas por la Autoridad Portuaria en esas fechas, pero no permite determinar por sí sola si posteriormente fueron subsanadas.
Un retén de bomberos para proteger las instalaciones esenciales
El Comité Consultivo de Protección del Puerto de Ceuta acordó el 28 de septiembre solicitar la instalación permanente de un retén de bomberos en la zona de acogida humanitaria de la Ampliación de Poniente.
La petición se adoptó durante la tercera sesión de la comisión técnica de seguimiento, constituida después de que la Secretaría de Estado de Seguridad comunicara el establecimiento del nivel 2 de protección marítima en el puerto.
El objetivo de la medida era garantizar una respuesta ante emergencias que pudieran producirse en los recursos temporales y afectar a instalaciones esenciales situadas en sus inmediaciones.
La solicitud se suma a los requerimientos de información sobre prevención de incendios, sistemas de alarma, medios de extinción y salidas de emergencia realizados al Ministerio de Migraciones.
No consta en la documentación facilitada una respuesta que permita establecer si el dispositivo permanente de bomberos solicitado llegó a implantarse.
Un retén permanente de bomberos
La seguridad contra incendios constituye otro de los asuntos abordados en los escritos.
El 28 de septiembre, el Comité Consultivo de Protección del Puerto, reunido en su comisión técnica de seguimiento, acordó solicitar al Ministerio de Migraciones la instalación permanente de un retén de bomberos en la zona de acogida humanitaria.
La propuesta respondía a la necesidad de disponer de medios de intervención ante posibles emergencias que pudieran afectar tanto a los recursos temporales como a las instalaciones esenciales situadas en sus inmediaciones.
La solicitud se produjo después de que el puerto pasara al nivel 2 de protección marítima, comunicado por la Secretaría de Estado de Seguridad el 9 de septiembre, circunstancia que había motivado la adopción de medidas adicionales de vigilancia y control.
En este contexto, el Comité Consultivo de Protección también había solicitado información sobre las características de las instalaciones, los accesos, las salidas de emergencia, las conexiones de suministros y el número de personas que iban a permanecer en los recursos.
La documentación examinada no permite confirmar si el retén permanente solicitado llegó finalmente a establecerse.
Más de cien días de actuaciones
La evolución de las incidencias permite apreciar que el incremento de la actividad de protección portuaria se produjo de forma especialmente intensa a partir de agosto.
Durante los primeros seis meses de 2026, el puerto había contabilizado 64 incidencias. En julio se registraron 35, mientras que agosto concentró por sí solo 1.203, una cifra que multiplicó ampliamente los registros anteriores.
Aunque septiembre y octubre presentaron cifras inferiores a las de agosto, ambos meses mantuvieron niveles muy superiores a los existentes antes del comienzo de la crisis migratoria.
Los últimos datos disponibles, cerrados el 3 de noviembre, sitúan el balance acumulado desde el 30 de julio en 2.117 incidencias, mientras la Autoridad Portuaria mantiene reforzadas las medidas de seguridad en sus instalaciones.
Cronología documental: de septiembre a noviembre
4 de septiembre de 2026
Primeras condiciones técnicas. Infraestructuras establece criterios para compatibilizar la ocupación temporal con las obras previstas
9–10 de septiembre de 2026
Nivel 2 de protección. Se comunica el nuevo nivel y se constituye una comisión técnica de seguimiento
14 de septiembre de 2026
Advertencia sobre los fondos FEDER. El informe técnico identifica ocupaciones incompatibles con las obras y riesgo para su financiación
24 de septiembre de 2026
Requerimiento de documentación. Se solicitan proyectos, permisos, planes de seguridad, prevención de incendios y limpieza
28 de septiembre de 2026
Petición de un retén de bomberos. El Comité Consultivo acuerda reclamar un dispositivo permanente para atender emergencias
7 de octubre de 2026
Reiteración al Ministerio. La Autoridad Portuaria vuelve a solicitar la documentación técnica
3 de noviembre de 2026
Balance de incidencias. La División de Protección cifra en 2.117 las incidencias acumuladas desde el 30 de julio
