Rabat se resiste a aceptar la repatriación de sus nacionales
Inmigración
Un informe del Parlamento Europeo estima que Marruecos solo acepta el 8% de las solicitudes de devolución, lo que dificulta la aplicación de las políticas de retorno
Marruecos se resiste a aceptar las solicitudes de readmisión de sus nacionales planteadas por España. Esta es una de las conclusiones del informe evacuado por el Parlamento Europeo sobre la información facilitada por los seis eurodiputados que el pasado septiembre viajaron a Canarias para analizar sobre el terreno el impacto de la presión migratoria. Según un borrador preliminar interno del documento, Rabat estaría aceptando tan solo el 8% de las solicitudes, lo que significa que el 92% de las órdenes de retorno no se estarían ejecutando.
El documento es el resultado de la información proporcionada por las autoridades españolas a los eurodiputados durante su misión en Canarias. Los parlamentarios se reunieron con autoridades autonómicas, representantes del Gobierno central, oenegés y responsables de centros de acogida. Los encuentros también se extendieron a los responsables del Frontex y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
El informe considera que el actual sistema de readmisiones está mediatizado en gran medida por la voluntad política de Marruecos y los acuerdos bilaterales suscritos con España.
La política de inacción que el documento atribuye a Marruecos genera, según sus redactores, efectos indeseados que se traducen en dificultades para aplicar la legislación de retorno de la UE y en la saturación de los sistemas de acogida españoles. Además, esta actitud estaría ahondando la dependencia política y operativa de la cooperación con el país vecino para el control de los flujos migratorios.
Aunque la misión tuvo como destino Canarias, el informe hace también algunas alusiones a Ceuta. La delegación de eurodiputados estima que, a la postre, las experiencias de la gestión migratoria en Ceuta y Melilla han acabado influyendo en el diseño de las políticas posteriores aplicadas en el Archipiélago.
El documento también hace mención a los debates jurídicos abiertos en Ceuta y Melilla acerca de las devoluciones en frontera, la repatriación de menores y la compatibilidad con los derechos europeo e internacional.
Según la información obtenida por los parlamentarios europeos de las autoridades españolas en Canarias, el 50% de las pruebas practicadas a migrantes que dijeron ser menores revelaron, finalmente, que, en realidad, habían superado ya los 18 años.
