Ramos: «El presidente Sánchez pretende que Ceuta sea invisible pero no se lo vamos a permitir»

Pregunta.-¿Qué balance hace de lo sucedido en Ceuta desde finales de julio?

Respuesta.- Estamos ante una crisis de enorme gravedad que ha alterado la vida cotidiana y el funcionamiento de los servicios públicos. El propio Real Decreto 706/2026 reconoce esa afectación. Hay trabajadores sometidos a una presión extraordinaria, familias preocupadas y personas que necesitan protección.

Nuestra prioridad es recuperar la normalidad y esclarecer qué decisiones fallaron, con documentación y responsabilidades concretas, y sobre todo, establecer todos los mecanismos necesarios legales y materiales, para que esto no vuelva a pasar.

Ceuta necesita una respuesta del gobierno de la nación a la altura de lo que está viviendo y por ahora no la estamos teniendo.

P.- ¿Qué servicios de la Administración local necesitan especial atención?

R.- Policía Local, Bomberos, 112, Protección Civil, protección de menores, SERVILIMPCE y servicios urbanos, etc. También las unidades administrativas que permiten contratar personal, comprar material y tramitar pagos. Son muchos los servicios afectados.

Cada dispositivo extraordinario debe ir acompañado de plantilla y presupuesto. La ciudad sigue necesitando calles limpias, atención social y respuesta a sus emergencias habituales. Hay que comprobar, servicio por servicio, qué recursos faltan y cubrirlos.

P.- Hay vecinos que reclaman más presencia policial. ¿Qué les responde?

R.- Que su petición es legítima y merece una respuesta. Son muchas las voces autorizadas que denuncian que la dotación de agentes destinados en la ciudad para solventar la crisis en Ceuta es totalmente insuficiente, y es necesario que esta exigencia se solvente de forma inmediata por la seguridad de agentes y ciudadanos.

Las patrullas y las prioridades las distribuyen los responsables del dispositivo. Cuando una respuesta tarda, hay que revisar los efectivos y la organización. Cargar automáticamente la responsabilidad sobre el agente de la calle no resuelve la falta de medios.

Los policías locales también atienden cada aviso, pero la situación actual les obliga a intervenir en escenarios imprevisibles y de especial riesgo. Si una actuación se complica, pueden verse obligados a afrontarla sin apoyo inmediato, hasta la llegada de refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su compromiso con la ciudadanía debe estar respaldado por efectivos suficientes, coordinación y capacidad de respuesta: proteger a los agentes es también proteger a quienes necesitan su ayuda.

P.- ¿Qué reclama CSIF para que la Policía Local pueda trabajar con seguridad?

R.- Órdenes claras, lícitas y documentadas, con responsables identificados, respaldo operativo y medios para ejecutarlas. Hemos denunciado la insuficiencia de instrucciones claras y del apoyo necesario en determinadas actuaciones. Cada agente debe conocer su misión, sus competencias y el respaldo del que dispone.

Pedimos que las instrucciones urgentes queden debidamente registradas y que exista coordinación efectiva con Policía Nacional, Guardia Civil y 112. La Policía Local debe colaborar plenamente, pero esa colaboración no puede convertirse en una sobrecarga permanente ni dejar sin atender sus funciones habituales.

P. ¿Qué está ocurriendo con los Bomberos?

R.- Están afrontando un esfuerzo extraordinario. En la serie de intervenciones del SEIS que Juan Vivas presentó el 11 de septiembre, la comparación de agosto pasó de 14 en 2025 a 89 en 2026: un incremento del 535,7 %. Es un indicador de la presión, cuyo alcance debe distinguirse del balance completo del servicio.

La Ciudad ha reforzado y prolongado los retenes de monte, una medida que valoramos porque mejora la capacidad de intervención. Pero mantener ese esfuerzo requiere cobertura de turnos, descansos, equipos y pago de los servicios extraordinarios.

También reclamamos inspección, prevención y limpieza de las zonas forestales, con actuaciones coordinadas ante los riesgos que se detecten. Detrás de cada salida hay profesionales que se exponen y familias que esperan su regreso.

Los dispositivos de acogida no pueden perjudicar el funcionamiento de servicios esenciales

P.- ¿Por qué es tan importante reforzar el 112 y la coordinación de emergencias?

R.- Porque una llamada debe traducirse en una respuesta organizada. Proponemos revisar la dotación por turno, los tiempos de atención y el seguimiento de cada incidencia.

Quien atiende el teléfono y quien interviene deben compartir información útil y saber qué recursos pueden movilizar. También hay que cuidar al personal que recibe situaciones angustiosas durante horas. La coordinación debe comprobarse en el funcionamiento diario y corregirse donde falle.

P.- ¿Qué números permiten advertir del deterioro de la seguridad?

R.- Los registros del 112 difundidos por Juan Vivas permiten comparar agosto de 2025 y agosto de 2026: los vinculados a agresiones aumentaron un 1.394 %; los clasificados como allanamientos, un 5.900 %; y los de alteración del orden público, un 918,8 %.

Son incidencias comunicadas, no un balance de delitos acreditados, pero reflejan un aumento muy importante de los problemas que llegan a los servicios de emergencias.

P.- ¿Qué vigilancia reclama para los asentamientos y sus entornos?

R.- Una cobertura preventiva suficiente y continuada, también durante la noche. Las informaciones que estamos recibiendo sobre Benítez, Trampolín y Guano describen una presencia insuficiente de las FFCCSE y demasiado vinculada a actuaciones puntuales. Pedimos al mando único que evalúe esa cobertura y garantice una respuesta adecuada para quienes viven en la zona y para las personas vulnerables que permanecen en ella.

Quiero ser claro: nuestro reconocimiento a los agentes es absoluto. La responsabilidad de organizar el dispositivo y proporcionar los efectivos necesarios corresponde a sus responsables.

La Policía Local colabora dentro de sus competencias, pero no puede suplir indefinidamente las carencias de otros servicios. Hace falta una planificación realista que contemple turnos, descansos y el resto de las obligaciones del cuerpo.

Para la policía local supone un riesgo enorme que una patrulla acuda a una intervención en la zona y puedan verse solos en un altercado de grandes dimensiones. Esto enlaza con esa necesidad de dar instrucciones claras y tener una coordinación adecuada entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los registros del 112 reflejan fuertes incrementos en agosto en avisos relacionados con agresiones

P.- ¿Qué necesitan los profesionales de protección de menores?

R.- Plantillas ajustadas a la carga real, instalaciones adecuadas, seguridad y apoyo psicológico. Hay que evaluar las necesidades de cada turno y centro y mantener la atención tanto a los menores como a las familias que ya utilizaban esos servicios.

El Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros y a propuesta de Sira Rego, fijó para Ceuta una capacidad ordinaria de 29 menores, recogida en el anexo del Real Decreto 556/2026, de 30 de junio. La propia ministra cifró el 12 de septiembre en 2.100 los menores registrados en la ciudad: más de 72 veces esa referencia normativa.

Por esta razón la protección de los menores requiere una respuesta compartida entre administraciones y no puede sostenerse únicamente con la disponibilidad y el esfuerzo de los profesionales de Ceuta.

P.- ¿Cuál es su posición sobre las dos parcelas del entorno de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África y la del puerto?

R.- Rechazamos que las decisiones sobre acogida comprometan la seguridad o el funcionamiento de una escuela infantil. Desde CSIF solicitamos una evaluación preventiva del entorno y exigimos descartar el campamento junto al centro, que dispone de 176 plazas para menores de tres años. Hablamos de niños que dependen completamente de los adultos para su protección, de sus familias y de los trabajadores que deben atenderlos.

La Consejería ha anunciado la reubicación de los 152 menores que iban a incorporarse a la nueva escuela, ante la imposibilidad de abrirla en las condiciones previstas. Es una consecuencia concreta para las familias: no podrán utilizar inicialmente las instalaciones que tenían asignadas.

La alternativa debe garantizar la misma calidad, personal y seguridad, y la Administración debe explicar cuándo podrá recuperarse el uso educativo del centro.

Nuestra posición es exigir que la acogida temporal se organice sin perjudicar los servicios de la ciudad y que se agilicen los procedimientos de identificación y retorno que legalmente correspondan. Las familias ceutíes no deben asumir las consecuencias de una planificación insuficiente.

Con respecto a las parcelas que se iban a destinar a dicho uso en el puerto, desde CSIF hemos dicho no al campamento en el Muelle de Poniente porque el propio puerto es una infraestructura estratégica para Ceuta: nuestra principal conexión con la península para el transporte de personas, mercancías y suministros esenciales. A ello se añade la proximidad a las instalaciones de Dúcar y a los depósitos que abastecen a la central eléctrica de Endesa, junto con la insuficiencia de efectivos de la Policía Portuaria. Exigimos una ubicación alternativa que garantice la seguridad de las personas acogidas y los trabajadores, sin comprometer el abastecimiento ni las comunicaciones de toda la ciudad.

La organización sindical defiende una reivindicación “firme, pacífica y constante” para recuperar la tranquilidad de las familias

P.- ¿Se está prestando suficiente atención a limpieza, saneamiento y mantenimiento?

R.- Necesitamos refuerzos, equipos de protección y coordinación para que el personal trabaje con seguridad. Hemos recibido quejas sobre residuos y suciedad en los asentamientos y sus entornos, y pedimos inspecciones que determinen las condiciones reales y las actuaciones necesarias.

La limpieza protege a toda la ciudad y debe mantenerse, pero tiene que ir acompañada de control, saneamiento y una solución a los asentamientos que ocupan espacios públicos. También deben identificarse y sancionarse las infracciones que se acrediten.

No podemos trasladar a los trabajadores de limpieza la responsabilidad de resolver, por sí solos, una situación que exige decisiones de varias administraciones.

En asentamientos ilegales como las playas ocupadas, entendemos que no debería realizarse trabajos de limpieza ya que no se garantiza la seguridad de los empleados, ni es de recibo que limpien situaciones que están muy por encima de lo cívicamente aceptable. Estos trabajos no podrán realizarse con todas las garantías hasta que las FCSE los hayan desalojado.

P.- ¿Qué reclama respecto a las horas extraordinarias de los servicios locales?

R.- Hemos solicitado el abono urgente de todas las horas pendientes desde el mes de enero y las realizadas durante esta situación excepcional.

Reconocer el esfuerzo también significa cumplir las obligaciones con quienes están trabajando. No hace falta que una plantilla llegue al límite o reclame públicamente para que su sindicato actúe. Nuestra obligación es defender sus derechos, proteger sus condiciones laborales y exigir que el reconocimiento se concrete.

CSIF reclama más efectivos, coordinación y medios ante una situación que mantiene bajo una presión extraordinaria a los servicios públicos de Ceuta

P.- ¿Pide CSIF alguna compensación adicional por el esfuerzo extraordinario?

R.- Sí. El 14 de septiembre reclamamos a Función Pública una compensación extraordinaria para el conjunto de empleados públicos implicados, negociación urgente y financiación con efectos retroactivos. También planteamos mesas técnicas para abordar a los colectivos afectados de los servicios prestados mediante empresas.

La Policía Nacional cuenta con un incentivo de 100 euros por jornada efectiva para su plantilla en Ceuta y de 100 euros por día de comisión para los refuerzos vinculados al dispositivo, conforme a los criterios establecidos.

Apoyamos y consideramos acertado ese reconocimiento, pero también reclamamos que el esfuerzo del resto de los servicios se compense igualmente con criterios justos y transparentes. Esa extensión sigue siendo una reivindicación.

P.- ¿Puede alcanzarse la normalidad?

R.- Sí, pero exige decisiones eficaces, personal suficiente y una planificación que permita comprobar resultados. El Gobierno y el mando único debe dar explicaciones de qué actuaciones van a ejecutar, con qué recursos y en qué plazos. Después de semanas de presión ya podría haberse solucionado todo si hubiera habido una respuesta contundente por parte del Gobierno central. Las familias necesitan certezas sobre su seguridad y los servicios que reciben.

El anuncio de Pedro Sánchez de habilitar 10.000 plazas de acogida, ha generado más inquietud y plantea una exigencia ineludible: explicar su duración, financiación e impacto sobre una ciudad con un territorio y unos recursos limitados.

Nos preocupa que tenga la intención de convertir esta respuesta temporal en indefinida sin resolver la situación y consolide una sobrecarga que Ceuta no puede asumir. Exigimos un plan para recuperar los espacios públicos, mantener los servicios, tramitar los expedientes y ejecutar los retornos que correspondan con garantías.

Queremos que vivir, trabajar y criar a nuestros hijos en Ceuta vuelva a desarrollarse con tranquilidad y aunque el presidente Sánchez pretenda que Ceuta sea una ciudad invivible, no se lo vamos a permitir.

El sindicato se opone al campamento del Muelle de Poniente por su proximidad a instalaciones estratégicas

P.- ¿Qué responde el ministro del Interior cuando habla de una sensación de inseguridad subjetiva?

R.- Que esas palabras resultan profundamente desacertadas ante la preocupación de las familias y las advertencias de jueces y fiscales. Considero que el ministro debe rectificar y asumir responsabilidades políticas. Si mantiene una valoración que minimiza lo que está ocurriendo, hay razones para exigir su cese.

El juez Antonio Pastor habló el 24 de agosto de unas 200 denuncias diarias y advirtió de un incremento considerable de robos con violencia, robos con fuerza y delitos sexuales.

Además, el balance acumulado de Fiscalía pasó de 23 denuncias por agresiones sexuales el 31 de agosto a 35 el 14 de septiembre: doce más, un aumento del 52,2 % del total registrado. Ese porcentaje describe la ampliación del balance acumulado, no una tasa de crecimiento de toda la delincuencia.

Estos indicadores justifican una preocupación concreta y exigen protección. Interior debe publicar estadísticas comparables del mismo periodo, explicar cómo encajan con su valoración y responder con medios suficientes. Minimizar el problema no ayuda a las víctimas ni a los profesionales que intentan prevenirlo.

P.- ¿Qué actuaciones ha realizado CSIF y cuáles va a impulsar para contribuir a la solución?

R.- CSIF lleva desde el comienzo actuando, denunciando y proponiendo soluciones. El 31 de julio ya exigimos un plan extraordinario y urgente. Después reclamamos la activación de la ley de Seguridad Nacional y el mando único, coordinación entre administraciones, refuerzos y protocolos de emergencia. Junto a JUPOL denunciamos las condiciones de los policías desplazados y exigimos medios y protección.

En Policía Local hemos insistido en órdenes claras, seguridad jurídica, equipamiento, organización de servicios y descansos. Para Policía Local y Bomberos hemos reclamado el pago de las horas pendientes. También hemos defendido públicamente el esfuerzo de los agentes y explicado las condiciones en las que trabajan.

Propusimos centralizar la atención e identificación en el Tarajal y el Biutz, con tramitación continuada, seguimiento de expedientes y protección de personas vulnerables; revisar las instalaciones provisionales de Benítez, recuperar espacios públicos y apoyar a los negocios y trabajadores del Tarajal.

En Sanidad fuimos los primeros en anunciar la alarma sanitaria, reclamamos hospital de campaña, triaje, vacunación, seguridad a las puertas del HULA y los Centros de Salud materiales y prevención de riesgos. En Educación, limpieza, reparaciones, plantillas, vigilancia de accesos y rutas escolares, una vuelta al colegio con seguridad en definitiva, apoyo psicológico y conciliación. Rechazamos el campamento junto a la Escuela Infantil Nuestra Señora de África. En Justicia pedimos refuerzos para tramitación, guardias, Fiscalía y Medicina Legal; en Prisiones, traslados para aliviar la presión, y en protección de menores, información y recursos suficientes.

El 3 de septiembre elevamos nuevas propuestas a nuestra dirección nacional. Los días 9 y 10 recibimos a Miguel Borra, Presidente Nacional de CSIF, que vino a conocer la situación y escuchar a los trabajadores. Reclamó un plan extraordinario y estable, ese que solicitamos el día 31 de julio y anunció la preparación de acciones jurídicas, una queja ante el Defensor del Pueblo y actuaciones en Bruselas a donde acudirá la semana próxima una delegación de nuestra organización sindical, CSIF, con el presidente nacional Miguel Borra a la cabeza, y de la que formará parte nuestro presidente autonómico Juan Iglesias. Hemos elaborado un expediente sobre los hechos, recursos, decisiones y posibles omisiones para fundamentar esas iniciativas y exigir las responsabilidades que correspondan.

El 14 de septiembre reclamamos compensaciones extraordinarias, financiación retroactiva y mesas de negociación. Seguiremos promoviendo nuevas denuncias, gestiones y reclamaciones: nuestro compromiso es que los trabajadores puedan trabajar con seguridad y las familias de Ceuta recuperen su tranquilidad.

Marlaska debería rectificar y asumir responsabilidades políticas por hablar de seguridad subjetiva

P.- ¿Qué mensaje quiere trasladar a sus afiliados y a la ciudadanía?

R.- Que mantengamos la unidad y no perdamos la esperanza. Cada uno puede contribuir desde su responsabilidad: apoyando a quienes sostienen los servicios, comunicando los problemas y denunciando ante las autoridades los hechos que sufra o presencie. La reivindicación debe ser firme, pacífica y constante.

A nuestros afiliados les digo que CSIF seguirá a su lado, defendiendo sus derechos y exigiendo respuestas. Y a la ciudadanía, que proteger Ceuta también significa cuidar su convivencia y a quienes la hacen posible cada día.

Queremos volver a disfrutar de nuestras calles y playas, llevar a nuestros hijos al colegio con tranquilidad y vivir en la ciudad que queremos. Ese es el objetivo por el que vamos a seguir trabajando.