La regularización de miles de personas que ya vivían en España, pero en una “cárcel invisible”

El pasado martes 27 de enero el Consejo de Ministros autorizó la tramitación de un real decreto que implica que más de medio millón de personas extranjeras en situación irregular en España —y hasta unas 840.000— que cumplan una serie de requisitos puedan optar a normalizar su estatus legal conforme a los Derechos Humanos. La medida responde a una “necesidad” que en la pandemia del covid-19 se transformó en reivindicación y en un movimiento coordinado por la Plataforma Regularización Ya, a la que se unieron cientos de colectivos migrantes para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que acabaron respaldando con sus firmas más de 600.000 ciudadanos. La noticia ha tenido un gran eco a nivel internacional y ha cosechado tanto elogios como críticas, estas últimas relacionadas principalmente con postulados islamófobos a pesar de que los principales beneficiarios sean procedentes de América Latina y de que cuente con la ‘bendición’ de la Conferencia Episcopal.

El lunes 26, la eurodiputada de Podemos Irene Montero aseguraba que su formación había “arrancado” al PSOE el acuerdo que desbloqueaba la medida en el Congreso de los Diputados, donde ya había sido admitida a trámite con los votos favorables de todos los representantes de la Cámara Baja excepto los de Vox, pero que permanecía ‘durmiendo el sueño de los justos’ desde abril de 2024 a la espera de un consenso mayor para su aprobación.

La normativa se antoja más histórica o extraordinaria en un contexto global de retrocesos en los derechos de las personas migrantes en diferentes países del norte global y de la inminente llegada del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo mes de junio y sobre el que existe un consenso entre las diferentes entidades sociales del continente en que supondrá precisamente un recorte del derecho de asilo para las personas extracomunitarias que migren a Europa. No obstante, se han realizado nueve procesos de regularizaciones extraordinarias previos a este, cuatro más con gobiernos del PSOE (en 1986, 1991, 1992 y 2005) y cinco con gobiernos del PP (uno en 1996, otro en el 2000 y tres en 2001). Se realiza de manera cíclica con independencia del signo del ejecutivo cada cinco años de media, si bien ya llevaba dos décadas sin implementarse.

Requisitos e implicaciones

Mediante la modificación del Real Decreto 1155/2024, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, las personas migrantes ‘sin papeles’ que hayan permanecido en España antes del 31 de diciembre de 2025 durante cinco meses consecutivos, hayan o no presentado una solicitud de protección internacional, podrán optar a una autorización de residencia temporal. Esta tendrá una vigencia de un año, y a partir de ese momento podrán regularizar totalmente su situación a través de las formas anteriormente previstas en la Ley de Extranjería.

Para poder optar al trámite deberán presentar la solicitud, con la que quedan suspendidos todos los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión que pudieran tener en algunos casos. A partir de los primeros 15 días de admitirse a trámite la solicitud, podrán trabajar en todo el territorio nacional de manera legal.

El resto de requisitos son los siguientes:

1. Acreditar haber trabajado durante su permanencia en España; o encontrarse en situación de vulnerabilidad; o convivir con padres o con hijos —bien sean menores de edad escolarizados o mayores que tengan una discapacidad—.
2. No contar con antecedentes penales en España ni haber sido condenados por delitos en sus países de origen durante los cinco años antes de haber entrado en territorio nacional.

Regularizar la situación administrativa de un extranjero implica: facilitar la integración en sociedad y el reconocimiento de la dignidad de las personas confome a la ley y el acceso a los derechos básicos —educación, sanidad y empleo digno—. También contribuye a vivir ‘sin miedo’ a la deportación, ya que permite poder identificarse ante las autoridades para denunciar un delito del que se es víctima sin temor a ser primero encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y luego poder ser expulsado del país.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones espera comenzar a tramitar las solicitudes en abril y el plazo máximo de presentación de la documentación acaba el 30 de junio de este año.

De las acusaciones de Musk de “defender un genocidio” a la cobertura en The New York Times: el debate cruza el Atlántico

Entre el 27 de enero y el final de mes, los principales medios de comunicación a nivel internacional se han hecho eco de la noticia en distintos idiomas y desde diferentes enfoques. BBC, Bloomberg, Euronews, Frankfurter Allgemeine Zeitung o Le Figaro han centrado sus análisis en la mejora en derechos de la población migrante o en las repercusiones económicas en positivo: con la regularización de 2005 el Estado recaudó 4.200 euros al año por persona regularizada en cotizaciones e impuestos, según la Barcelona Graduate School of Economics.

Es de destacar, por su influencia, un reportaje en el diario norteamericano The New York Times que resalta que la medida supone “un contrapeso” a la “tendencia” en los discursos antimigratorios a nivel mundial, en palabras de la doctora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid Cecilia Estrada.

La repercusión de la política española en Estados Unidos ha continuado durante este último fin de semana, que ha estado marcado por el debate migratorio con las protestas masivas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (“ICE”, por sus siglas en inglés).

El viernes, la eurodiputada de Podemos Irene Montero mencionó en un acto del partido en Zaragoza, en el marco de las futuras elecciones autonómicas en Aragón, que “ojalá” la regularización extraordinaria suponga “un reemplazo”, en referencia a la teoría islamófoba y conspirativa de un supuesto “gran reemplazo” de población africana y musulmana migrante que ocuparía Europa gracias a la apertura fronteriza. Como desmentido a esta postura hay que añadir en primer lugar la ‘bendición’ de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidarios, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y la Conferencia Episcopal, entidades que se sumaron al resto de organizaciones laicas del Tercer Sector en celebrar la futura regularización y tildarla como “un acto de justicia social”.

Por otro lado, la cifra de las 840.000 personas que pueden beneficiarse en España de la medida parte del último estudio de Funcas sobre la materia, que también descarta “la teoría del gran reemplazo” al afirmar que el 91% de los migrantes que podrían acogerse a la regularización no han cruzado irregularmente la frontera española —ni a nado por Ceuta ni en patera por las costas andaluzas o canarias—, sino que vinieron en avión y con visado desde América Latina y luego quedaron en un estado administrativo de irregularidad sobrevenida. De los 840.000, 760.000 serían nacidos en América, lejos de los 50.000 procedentes de países africanos. En su mayoría, por tanto, son católicos y no musulmanes.

La repercusión internacional de la regularización en España alcanzó su pico el domingo, cuando el dueño entre otras empresas de la red social X, Elon Musk, tildaba las referidas palabras de Montero de “despreciables”, interpretando según el marco del gran reemplazo que la política de la formación morada estaría “defendiendo un genocidio” en la citada intervención.

Lamine Sarr (Regularización Ya): “Prefiero no caer en las trampas de la extrema derecha”

Uno de los portavoces de Regularización Ya, el senegalés Lamine Sarr, comenzó a recoger firmas para la ILP durante la pandemia, si bien en marzo de 2020 también coordinaba el trabajo del sindicato de manteros de Barcelona —actualmente bajo la marca Top Manta—. Por aquel entonces, como otros colectivos de migrantes en grandes ciudades, recolectaba dinero donado que luego repartía al resto de personas en situación irregular que no podían salir de sus casas a trabajar y, por tanto, tampoco podían ganar dinero para pagar su vivienda. Su organización también cosió mascarillas y batas en los momentos más duros de la cuarentena.

En conversación con El Pueblo, reconoce que para conseguir que la regularización salga adelante han “sufrido muchísimo”, incluso por el poco apoyo recibido de instituciones y partidos de izquierda que “no creían en la campaña”. A día de hoy tilda de “éxito” la movilización ciudadana que consiguió llevar la medida al Congreso, por la que siente “un orgullo total” tanto por las organizaciones coordinadoras de la plataforma como por la gente que apoyó la campaña.

Para Sarr es “necesario” aprobar la regularización más que por el acceso al trabajo digno por “respetar los Derechos Humanos, respetar el derecho de movilidad y el derecho de decidir”. “Si no tienes papeles, es casi como si no existes; es una cárcel invisible”, recuerda Sarr, que no entiende que en el siglo XXI a una persona alguien la pueda llamar “ilegal” .

Preguntado concretamente por los ataques discursivos a la regularización, afirma convencido que prefiere “no caer en las trampas de la extrema derecha” a la hora de desmentirlos, ya que la medida “no solo beneficia a las personas migrantes”, sino a “todo el mundo, tanto al Gobierno como a la sociedad en su conjunto” a nivel económico pero también desde un enfoque social. “Nosotros tenemos que decidir lo que queremos hablar y tenemos argumentos suficientes para demostrar que la regularización es necesaria”, concluye.