El Sindicato Unificado de Policía pide más personal ante la sentencia contra las devoluciones en caliente

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha lanzado una advertencia sobre “el impacto directo y desestabilizador” que la reciente sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente va a tener sobre el trabajo policial en las fronteras de Ceuta y Melilla. Así lo ha hecho saber la organización a través de una nota de prensa remitida a este medio.

La resolución judicial, que excluye el rechazo en frontera para las personas interceptadas en el mar, obliga a la Policía Nacional a tramitar un procedimiento ordinario de devolución en cada intervención. Según el sindicato, esta modificación del marco jurídico “elimina por completo las herramientas de actuación inmediata, forzando a los agentes a iniciar trámites mucho más largos y complejos”.

A partir de ahora, cada rescate o interceptación requerirá multiplicar las diligencias escritas, los procesos de identificación, la gestión de asistencia letrada e intérpretes, y la comprobación de posibles solicitudes de protección internacional.

“Todo ello, sumado a un incremento masivo en las tareas de custodia y gestión administrativa, recaerá sobre unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que ya soportan una presión asistencial muy superior a su capacidad real”, afirman.

Desde el SUP denuncian que "no se puede exigir más carga administrativa, más garantías procedimentales y más responsabilidad a los policías sin dotar previamente a las unidades de los efectivos y medios necesarios para cumplir su misión con eficacia y seguridad".

El sindicato avisa de que si el Estado aumenta las exigencias jurídicas sin reforzar de forma simultánea los recursos, el resultado inmediato será la saturación total de los servicios policiales, mermando gravemente la capacidad para atender otras funciones esenciales, como la seguridad ciudadana en las calles.

Asimismo, el SUP considera "imprescindible" valorar el peligroso mensaje que se puede proyectar hacia las redes de inmigración irregular.

Las organizaciones criminales analizan constantemente los cambios legales y adaptan de inmediato sus rutas cuando perciben que las devoluciones son más lentas o complejas.

Por ello, el sindicato reclama una política migratoria coherente y un refuerzo policial real y visible sobre el terreno para evitar que las mafias utilicen esta nueva situación para incentivar y reactivar las salidas hacia nuestras fronteras.

Ante esta situación de emergencia operativa, los policías exigen que se pase de las palabras a los hechos de manera inmediata mediante tres medidas urgentes:

1. Más medios humanos y materiales: envío urgente de refuerzos a las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Ceuta y Melilla, junto con la dotación logística e informática necesaria para tramitar el aluvión de nuevos expedientes.
2. Ampliación del catálogo de puestos de trabajo: una revisión al alza y con carácter permanente de las plantillas oficiales de ambas ciudades autónomas, adecuándolas a la carga de trabajo real que impone el nuevo escenario judicial.
3. 3. Servicios extraordinarios: el pago de turnos complementarios y servicios extraordinarios para los agentes que deban prolongar sus jornadas debido a la complejidad de los nuevos trámites, garantizando que el sobreesfuerzo burocrático sea debidamente compensado.

"Una vez más, son los policías quienes tienen que gestionar sobre el barro las consecuencias de las decisiones judiciales", concluyen desde el SUP, exigiendo al Ministerio del Interior que asuma su responsabilidad para evitar el colapso operativo en la frontera sur de Europa.