Solidaridad, como Vox, pide a la Ciudad que contrate vigilantes de seguridad
Reclamación
La organización considera que el Ejecutivo local está presentando como una imposibilidad jurídica una opción que, a su juicio, está contemplada en la normativa
Ceuta/ El sindicato Solidaridad reclama al Gobierno de la Ciudad que refuerce la vigilancia de las instalaciones y espacios públicos municipales, así como de los montes y otros terrenos de titularidad pública, mediante el uso de los recursos que contempla la legislación de seguridad privada.
La organización sindical considera que el Ejecutivo local está presentando como una imposibilidad jurídica una opción que, a su juicio, está contemplada en la normativa. La petición se produce después de que el Gobierno del PP rechazara en el Pleno una iniciativa de Vox para incrementar los efectivos de seguridad privada destinados a la protección de espacios públicos.
Solidaridad recuerda que el artículo 21.1.24 del Estatuto de Autonomía de Ceuta atribuye a la Ciudad competencias en materia de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. Asimismo, cita la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, que contempla entre las funciones de los vigilantes de seguridad la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, incluidos determinados espacios de carácter público.
El sindicato señala además que la normativa regula la prestación de determinados servicios en espacios exteriores y contempla la figura del guarda rural para la vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas y de las instalaciones existentes en ellas.
Ante aquellos supuestos en los que sea necesaria una autorización administrativa o la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Solidaridad considera que la Administración debe tramitar los permisos correspondientes en lugar de utilizar esa circunstancia, según su planteamiento, como motivo para descartar la contratación de estos servicios.
Como argumento para defender su propuesta, el sindicato recuerda que la propia Ciudad Autónoma recurrió anteriormente a empresas de seguridad privada. En concreto, señala que tras los acontecimientos de mayo de 2021 se contrataron servicios de vigilancia y seguridad con Eulen Seguridad por un importe de 241.622,70 euros para instalaciones habilitadas por la Administración.
Solidaridad añade que también se han formalizado posteriormente otros contratos para la vigilancia de dependencias municipales, por lo que considera que existe un precedente del uso de seguridad privada por parte de la Ciudad.
La organización sindical reclama ahora la elaboración de un estudio técnico y jurídico que analice las necesidades de seguridad de instalaciones deportivas, centros municipales, parques y recintos delimitados, además de las zonas forestales y fincas de titularidad municipal.
El sindicato también pone el foco en la cualificación profesional del personal encargado de estas tareas. Solidaridad reclama que se respete la normativa y advierte de que un auxiliar de servicios no puede asumir funciones reservadas legalmente a los vigilantes de seguridad habilitados.
La organización defiende una estrategia basada en el incremento de la prevención y en la presencia de profesionales de la seguridad para proteger tanto a los trabajadores como a las instalaciones y el patrimonio municipal.
Por último, Solidaridad pide al Gobierno de la Ciudad que detalle, “instalación por instalación”, qué medidas de seguridad se aplican actualmente y cuál es el régimen jurídico correspondiente en cada caso. El sindicato reclama que se tramiten las autorizaciones que sean necesarias, respetando las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las normas que regulan la contratación pública.
