Un testigo revela que un agente marroquí le arrojó al mar para obligarle a entrar en Ceuta

CEUTA/ La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha incorporado este martes nuevos testimonios que apuntan directamente a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. Uno de los cuatro testigos protegidos que han comparecido ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha asegurado que un agente marroquí le arrojó al mar para obligarle a cruzar a territorio español, pese a que no tenía intención de hacerlo.

El testigo, de origen magrebí, ha explicado que aquel día se había acercado a las inmediaciones de la frontera acompañado de varios familiares, únicamente por curiosidad y para observar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, según su declaración, terminó en el agua por la actuación de un agente marroquí y tuvo que ser rescatado posteriormente por efectivos de la Guardia Civil.

Su relato ha sido uno de los cuatro recabados este martes por la magistrada, a petición del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional. Los otros tres comparecientes han reconocido que decidieron entrar en Ceuta por voluntad propia, aunque han coincidido en señalar que recibieron indicaciones de agentes marroquíes sobre cómo atravesar la frontera, según han informado a EFE fuentes presentes en las declaraciones.

Estas comparecencias aportan nuevos elementos a una investigación en la que la Policía Nacional ya había señalado la posible participación de las autoridades del país vecino en los acontecimientos que desencadenaron la crisis migratoria. Los testimonios coinciden con las conclusiones de uno de los últimos informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional, en el que se documenta la presencia de responsables de seguridad marroquíes impartiendo instrucciones durante las entradas masivas.

En ese documento, los investigadores identificaron a dos altos mandos de las fuerzas de seguridad de Marruecos que aparecen en distintas grabaciones realizadas en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta, situado en Castillejos (Fnideq), junto al Tarajal. Ambos fueron situados por la Policía entre los responsables de mayor rango de la estructura operativa desplegada por las autoridades marroquíes en aquella zona.

La Policía Nacional considera que estos dos mandos ocupaban posiciones relevantes dentro de la cadena de mando y mantiene abierto el análisis de las imágenes para determinar cuál fue su intervención concreta en los acontecimientos. Los investigadores también trabajan para identificar a otras personas que aparecen en las grabaciones y establecer las posibles relaciones jerárquicas entre quienes participaron en el dispositivo fronterizo.

Las diligencias judiciales continuarán el próximo jueves con la declaración de dos integrantes del CENIF que han intervenido como instructores del atestado policial sobre los sucesos de finales de julio. Sus comparecencias permitirán profundizar en las conclusiones alcanzadas por los investigadores a partir de las imágenes, los testimonios y el resto de documentación incorporada al procedimiento.

La causa está siendo instruida por la magistrada María Tardón, quien aprecia indicios de una posible actuación delictiva desarrollada fuera del territorio nacional y dirigida contra la integridad territorial española. En sus resoluciones, la jueza se ha referido a una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España".

A estas actuaciones se suma otro informe de la Guardia Civil que incorpora una estimación sobre el número de inmigrantes que habrían regresado a Marruecos después de las entradas masivas. Según ese documento, "aproximadamente 88.146" personas "podrían haber retornado" al país vecino, una cifra que supera los datos facilitados hasta ahora por el Gobierno y que constituye una estimación policial, no un recuento definitivo de retornos acreditados.

La investigación de la Audiencia Nacional continúa así avanzando con nuevas declaraciones y documentación policial destinada a esclarecer el papel que pudieron desempeñar las autoridades marroquíes durante los acontecimientos del 30 y 31 de julio, así como las posibles responsabilidades derivadas de aquellas actuaciones.