El traslado de 500 menores migrantes a la Península encona la relación entre el Ministerio de Rego y la Ciudad

La salida de 500 menores migrantes desde Ceuta a centros de acogida de la Península ha generado una controversia entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Juventud e Infancia. El departamento titulado por Sira Rego sostiene que el pasado 28 de agosto remitió al Ejecutivo ceutí una propuesta concreta para trasladar a menores a centros peninsulares con plazas disponibles, mientras que fuentes próximas al Gobierno municipal aseguran que el correo recibido no constituía una propuesta formal dirigida al Gobierno autonómico, sino que se limitaba a informar sobre el ofrecimiento realizado por la Fundación Engloba para poner en marcha una unidad de traslados a la Península.

Según informa la Cadena Ser, el correo remitido a la Ciudad por el Ministerio planteaba una fórmula para hacer frente a la sobreocupación del sistema de protección de menores de Ceuta. “Te envío la propuesta que nos hizo llegar la entidad para la acogida de menores de edad en la Península, que creo que se puede ajustar a lo que necesitáis para dar salida a la situación de sobreocupación del sistema de protección ceutí y evitar una mayor saturación de los servicios”, señala el mensaje. El Ministerio explica, además, que el mecanismo se planteaba siguiendo el modelo aplicado en Canarias, donde, según recoge el correo, se pudo derivar a la Península a “unos 800 niños, niñas y adolescentes en un corto periodo de tiempo”.

Fuentes de la Consejería de Presidencia y Gobernación consultadas por este diario sostienen, sin embargo, que el correo no contenía ninguna propuesta formal de traslado y que el Ministerio se limitaba a comunicar el ofrecimiento de la Fundación Engloba. Estas fuentes subrayan que la unidad de traslados a la Península “ya está activada” para las derivaciones que se realizan al amparo del artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2025, por lo que la comunicación recibida no suponía la creación de un nuevo procedimiento ni concretaba una operación para sacar menores de Ceuta. El Gobierno ceutí asegura que desconocía además datos esenciales, como el número y acreditación de las plazas disponibles, su ubicación y las condiciones económicas de la acogida y los traslados, por lo que el Área de Menores contactó con el Ministerio para solicitar aclaraciones.

Uno de los puntos de discrepancia se refiere también al modelo aplicado en Canarias. La Ciudad considera que no resulta equiparable con la situación de Ceuta, ya que los menores trasladados desde Canarias por decisión del Tribunal Supremo fueron derivados a centros dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por su condición de solicitantes de protección internacional. El Ejecutivo ceutí sostiene que esa circunstancia es diferente de la que concurre en el caso de los menores llegados a la ciudad durante las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio.

La financiación constituye otro de los asuntos planteados por la Ciudad, que recuerda que sigue pendiente el ingreso de los 25 millones de euros concedidos para hacer frente a las consecuencias de la emergencia provocada por aquellas entradas.

La controversia se produce en un contexto de extraordinaria presión sobre el sistema de protección de menores de Ceuta. La capacidad ordinaria fijada para la ciudad por el Gobierno de la Nación es de 29 plazas, mientras que actualmente la Ciudad atiende a alrededor de 2.100 menores, según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico. Paralelamente, el Área de Menores continúa trabajando con el Ministerio de Juventud e Infancia en la búsqueda de soluciones y la Ciudad avanza con la Autoridad Funcional designada tras la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional en los expedientes de repatriación de menores, que deben ser incoados por la Delegación del Gobierno en Ceuta. El objetivo, según la Ciudad, es favorecer la reagrupación familiar del mayor número posible de menores. El Ministerio, por su parte, continúa explorando otras vías ante una situación que ambas administraciones sitúan en un contexto extraordinario y que requiere coordinación entre los distintos niveles de la Administración.