La UGR monitoriza la crisis: la capacidad de decisión española, condicionada

“Una crisis fronteriza puede terminar en El Tarajal y seguir condicionando, durante meses, la capacidad de decisión española”. La cita está incluida en el último análisis elaborado por el Observatorio de Inflexión Estratégica de la Universidad de Granada, un proyecto académico que mantiene un seguimiento permanente de la crisis de Ceuta.

El contraste entre el 30 y 31 de julio y el 23 de septiembre es, para el Observatorio, una de las claves para entender el problema suscitado en la ciudad autónoma. Mientras en julio la entrada de decenas de miles de personas desbordó la capacidad de respuesta a este lado de la frontera, durante la jornada electoral marroquí se produjo un importante despliegue preventivo en el entorno de Castillejos que evitó, pese a los augurios, una nueva entrada masiva. El Observatorio subraya que aunque este contraste no demuestra que Rabat ordenara facilitar las entradas de julio, una hipótesis que el análisis considera todavía no acreditada, sí plantea hasta qué punto la seguridad de Ceuta depende de decisiones que España no controla.

“El problema no reside simplemente en que Marruecos pueda controlar su territorio” —continúa el análisis—. “La relación de dependencia aparece cuando España necesita que su vecino mantenga, de manera sostenida, una actuación que no puede ejecutar por sí misma”. Según el Observatorio, cuando esa actuación se convierte en una condición imprescindible para el funcionamiento de la frontera, “cualquier desacuerdo diplomático puede adquirir una dimensión mucho mayor que la del asunto que lo originó”.

A juicio de los autores del análisis, el precedente de 2021 refuerza esa interpretación. Durante la crisis diplomática provocada por la hospitalización en España de Brahim Ghali, unas 8.000 personas entraron en Ceuta. El Observatorio recuerda las declaraciones del entonces ministro marroquí Mustapha Ramid, quien sugirió que una decisión de relajar los controles podría estar justificada por la decisión de Madrid de dar atención al líder saharaui. El análisis señala cómo aquel episodio demuestra que “una discrepancia ajena a la gestión migratoria podía trasladarse a la frontera”. La conclusión que alcanza esta reflexión no es que exista una relación automática entre cualquier conflicto diplomático y la presión migratoria, sino que la cooperación fronteriza puede quedar vinculada a otros asuntos de la relación bilateral.

La misma lógica aparece en el análisis de los hechos de finales de julio de este año. El Observatorio recoge que el CNI había advertido el 29 de julio de las convocatorias para cruzar a Ceuta y que esa información fue trasladada también a los servicios de inteligencia marroquíes. Al día siguiente comenzó una entrada masiva que superó las capacidades ordinarias de respuesta. El Observatorio introduce aquí otra distinción: disponer de una alerta no equivale necesariamente a estar preparado para responder a lo que anuncia. La investigación sobre la cadena de detección, evaluación, transmisión, decisión y ejecución continúa siendo, para el Observatorio, una pieza relevante para explicar qué ocurrió.

Pero la cuestión no termina cuando cesan las entradas. El análisis del Observatorio subraya que la crisis deja una segunda factura en forma de alojamiento, expedientes, atención a menores, servicios públicos y convivencia. “El coste de una crisis fronteriza no se limita al momento en que alguien cruza una valla o alcanza una playa” —se sostiene en el análisis—. “Se prolonga en expedientes de protección internacional, identificación de menores, atención sanitaria, alojamiento, servicios escolares y convivencia ciudadana”.

Por eso el análisis introduce una segunda dimensión menos visible que es la de la posibilidad de que la propia expectativa de una nueva crisis se convierta en un problema. Una convocatoria difundida en redes puede activar refuerzos policiales, comunicaciones diplomáticas y dispositivos extraordinarios aunque finalmente no se produzca una entrada masiva. Para el Observatorio, Ceuta queda así expuesta a “dos problemas diferentes que conviene no confundir”: el riesgo de que se repitan entradas extraordinarias y “el desgaste de vivir bajo la expectativa de que puedan repetirse”.

La jornada del 23 de septiembre ofrece, de este modo, un contraste más que una solución. La cooperación marroquí permitió mantener la frontera bajo control y evitar una repetición de julio, pero el Observatorio advierte de que esa misma circunstancia muestra la importancia que tiene para Ceuta la continuidad de decisiones adoptadas fuera de España. De ahí que el análisis cierre con una formulación que concentra su tesis: “Hay una diferencia considerable entre tener una frontera vigilada y disponer de una seguridad fronteriza resistente a los desacuerdos diplomáticos”.

El Observatorio evita convertir esta dependencia en una acusación contra Marruecos o atribuir automáticamente a Rabat la crisis de julio. Su análisis insiste en separar hechos, interpretaciones e hipótesis y recuerda que la investigación sobre los acontecimientos continúa abierta. La cuestión que plantea es hasta qué punto España puede reducir las consecuencias internas de una interrupción de la cooperación fronteriza cuando una parte decisiva de la prevención se produce fuera de su territorio. En palabras del propio Observatorio: “El cerrojo ha funcionado hoy. La dependencia de que siga funcionando continúa siendo el verdadero asunto pendiente”.