Vox denuncia a Pérez Triano por la presunta comisión de cuatro delitos durante la gestión de la crisis

Vox ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y “contra cuantas autoridades puedan resultar responsables” tras la investigación de la reciente crisis migratoria registrada en la frontera ceutí. La formación también se ha personado en el procedimiento y ha solicitado la adopción de medidas cautelares urgentes destinadas a garantizar la seguridad ciudadana, reforzar el control fronterizo y proteger a los residentes.

Según explica el partido en un comunicado, el escrito atribuye al delegado del Gobierno una posición de garante como máxima autoridad del Estado en Ceuta y solicita que se investigue si pudo incurrir, por omisión, en delitos contra la vida y la integridad física, prevaricación, denegación de auxilio y delitos contra el orden público. “La crisis no fue un acontecimiento imprevisible, sino que estuvo precedida por advertencias, alertas y denuncias públicas sobre el incremento de la presión migratoria y la insuficiencia de medios humanos y materiales destinados a la protección de la frontera de Ceuta”, sostiene la formación de Santiago Abascal en su escrito.

Entre las medidas cautelares solicitadas se incluye la comunicación al Gobierno de la necesidad de mantener y reforzar el despliegue de las Fuerzas Armadas en Ceuta, “al amparo de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional”, así como el despliegue de medios navales de la Armada en el perímetro marítimo y en las aguas próximas al espigón del Tarajal, todo ello bajo supervisión judicial.

El escrito también pone el foco en la situación vivida por los vecinos de Ceuta. Según Vox, la crisis provocó el cierre de comercios, restricciones de hecho a la libertad de circulación y riesgos para la integridad física y el patrimonio de los residentes. Por ello, solicita intensificar las identificaciones en la vía pública “conforme a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana”, aunque subraya que dichas actuaciones deberán realizarse con criterios objetivos, sin perfilación étnica o racial y con registro documental de cada intervención a disposición de la autoridad judicial.

Asimismo, la formación reclama que se incorporen a la investigación diversos documentos e informes para reconstruir la cadena de decisiones adoptadas entre el 20 y el 31 de julio. Entre la documentación solicitada figuran los planes de contingencia y protocolos de la Delegación del Gobierno, los efectivos y medios desplegados, las alertas emitidas por la Dirección de Seguridad Nacional y, en su caso, por el CNI, informes del Tribunal de Cuentas, grabaciones de radar, AIS y videovigilancia del perímetro fronterizo, comunicaciones diplomáticas con Marruecos, posibles evaluaciones de vulnerabilidad elaboradas por Frontex, la determinación judicial del número e identidad de las víctimas mortales y una investigación policial sobre la difusión de instrucciones para el cruce irregular a través de redes sociales.

Vox sostiene que la gravedad de los hechos, el número de víctimas y el impacto sobre la población ceutí hacen necesaria una investigación judicial "completa, independiente y rigurosa" que permita esclarecer lo sucedido, determinar las responsabilidades que pudieran derivarse y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.