Interior reconoce que el campamento del Puerto pone “en riesgo infraestructuras críticas”

El Ministerio del Interior ha reconocido por escrito que la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta altera las condiciones ordinarias de seguridad y explotación de la infraestructura y aumenta los riesgos sobre instalaciones consideradas estratégicas. Así lo publica este miércoles El Español, que ha tenido acceso a un oficio remitido por la Secretaría de Estado de Seguridad el pasado 8 de septiembre.

Según la información adelantada por el diario nacional, el documento firmado por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Calvo Sastre, coincide en gran medida con los argumentos esgrimidos previamente por la Autoridad Portuaria de Ceuta para rechazar la cesión de los terrenos donde actualmente se está levantando el recurso de acogida para inmigrantes.

De acuerdo con el citado oficio, la ocupación temporal de una zona integrada en el recinto portuario para albergar a un elevado número de personas “altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto” e incrementa los riesgos relacionados con el control de accesos, la separación entre áreas restringidas y operativas, la protección de infraestructuras críticas y la seguridad de las operaciones marítimas y portuarias.

La revelación resulta especialmente significativa porque supone que el propio Ministerio del Interior reconoce los problemas de seguridad que la Autoridad Portuaria había venido advirtiendo desde el inicio del proceso. El consejo de administración de la institución portuaria rechazó el pasado 4 de septiembre la cesión de los terrenos por once votos frente a cuatro, apoyándose en varios informes técnicos que alertaban de la incompatibilidad del proyecto con el funcionamiento ordinario del puerto.

Sin embargo, apenas un día después, el ministro de Transportes, Óscar Puente, firmó una resolución que dejó sin efecto el acuerdo del consejo y autorizó la ocupación de las parcelas para la instalación del campamento.

Según publica El Español, el escrito de Interior fue remitido tanto al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, como al presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, y al secretario general de Transporte Aéreo y Marítimo, Benito Núñez.

Como consecuencia de la evaluación realizada, el Ministerio del Interior acordó reforzar temporalmente las medidas de protección del puerto mediante la activación del Nivel 2 de Protección Marítima, un escalón que se aplica cuando existe un incremento del riesgo de que pueda producirse un incidente de seguridad que afecte a una instalación portuaria o a los buques que operan en ella.

Además, el documento establece medidas complementarias de protección. Entre ellas figura la declaración de toda la superficie destinada a la acogida de migrantes como “área segregada de protección reforzada”, así como la obligación de delimitar físicamente el espacio mediante un cerramiento perimetral controlado para garantizar la separación entre la zona humanitaria, las áreas operativas y las zonas de embarque y desembarque.

La información publicada por El Español sostiene que estas conclusiones respaldan los argumentos defendidos por la Autoridad Portuaria desde el inicio de la controversia. Los informes técnicos que motivaron el rechazo de la cesión advertían de que la ubicación del campamento junto a los muelles comerciales y zonas restringidas podía afectar a la operativa portuaria y aumentar los riesgos de seguridad en una infraestructura considerada esencial para la conexión de Ceuta con la Península.

Entre los elementos sensibles presentes en el recinto portuario, los informes señalaban la existencia de depósitos de combustible para el abastecimiento de buques y una subestación eléctrica estratégica para el suministro de la ciudad.

La polémica sobre el campamento del Puerto ha provocado además tensiones dentro de la propia Administración. En los últimos días trascendió el cese del abogado del Estado Alejandro Geronico tras expresar durante el consejo de administración sus reservas jurídicas sobre la cesión de los terrenos, según la información publicada por el citado medio.

Mientras continúan los trabajos de instalación del recurso de acogida, la revelación del oficio de la Secretaría de Estado de Seguridad añade un nuevo elemento al debate sobre la idoneidad de ubicar un dispositivo para cientos de migrantes en uno de los enclaves más sensibles y estratégicos de la ciudad.