JUCIL pide la dimisión de Marlaska tras ignorar la alerta policial en Ceuta

Ceuta/ Tras hacerse público el informe de la Policía Nacional entregado en los juzgados sobre la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta procedente de Marruecos, JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, exige no solo la depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel, sino la dimisión inmediata del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La organización, que lleva denunciando esta grave situación desde que se produjo la avalancha a finales de julio, señala que el documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) demuestra que las autoridades tenían conocimiento previo y por escrito del "riesgo extremo" de entradas masivas mediante saltos coordinados a la valla y accesos a nado a la ciudad autónoma española, una alerta basada en fuentes abiertas y redes sociales que fue completamente desatendida por el Ejecutivo.

Desde JUCIL denuncian que la inacción del Ministerio ante este aviso formal constituye una negligencia inaceptable en la gestión de la seguridad nacional. La asociación considera intolerable que, contando con análisis predictivos claros sobre la amenaza en la frontera, las decisiones operativas del Gobierno dejaran desprotegida a la ciudad autónoma. La falta de refuerzos y de previsión táctica provocó una situación de extrema vulnerabilidad que afectó de manera directa a la tranquilidad de la ciudadanía ceutí y sobrecargó de nuevo a los efectivos desplegados en la zona.

JUCIL denuncia que quienes soportaron directamente las consecuencias de la inacción del Gobierno fueron, una vez más, los guardias civiles desplegados en el perímetro fronterizo. Pese a existir una alerta previa y por escrito sobre el riesgo extremo de una entrada masiva, los agentes tuvieron que afrontar la situación sin los refuerzos, la planificación y el respaldo operativo necesarios, quedando expuestos a un peligro grave que podría haberse evitado.

Para JUCIL, este desamparo operativo e institucional resulta inadmisible: no se puede exigir a los guardias civiles que constituyan la última barrera de protección de la frontera española mientras quienes conocían la amenaza y tenían la obligación de anticiparse permanecen al margen de sus responsabilidades. La organización exige que se depuren responsabilidades políticas y denuncia como especialmente escandaloso que estos profesionales continúen afrontando escenarios de alto riesgo sin que se les reconozca, todavía, como profesión de riesgo.