La Ley del Suelo o las bonificaciones de Ceuta, congeladas por el Congreso

Ceuta/ El 19 de marzo de 2025, el Partido Popular presentó en el Senado una proposición de ley destinada a modificar la Ley del Suelo, que rige la ordenación del territorio y el uso del suelo de Ceuta y Melilla -al no contar con una legislación propia, como sí ocurre con el resto de autonomías-. El PP sacó adelante la iniciativa, que debía ser debatida en el Congreso para su aprobación definitiva. Diez meses después, sigue en un cajón. Un año antes, en marzo de 2024, los populares lograron luz verde en la Cámara Alta a la vuelta a las bonificaciones al 50% de las cuotas de la Seguridad Social en las ciudades autónomas. 22 meses más tarde, continúa paralizada su elevación a la Cámara Baja. Son dos de las 36 proposiciones de ley impulsadas por el PP que la Mesa del Congreso tiene congeladas, según el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, “porque se sabe que saldrían adelante” y esto recordaría a Pedro Sánchez “que habrá una derrota final en las urnas”.

No son las únicas que, de llevarse a cabo, tendrían un efecto en la ciudadanía de Ceuta y Melilla. El órgano legislativo dio el visto bueno a iniciativas relacionadas con el endurecimiento de penas contra el narcotráfico, una mayor protección jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la exención del IRPF para preceptores del SMI, ayudas para dependientes, policías y guardias civiles en la jubilación, medidas de prevención de incendios o control parlamentario de ayudas militares en el exterior. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado desde las elecciones del 23 de junio de 2023. No así en el Congreso -donde tiene más fuerza el PSOE y sus socios-, que tiene la última palabra sobre las leyes aprobadas en el órgano con mayoría popular.

Todas las proposiciones de ley que la Cámara Alta ha sacado adelante a propuesta del PP desde el inicio de esta legislatura no han llegado aún a la Baja. La Mesa del Congreso las tiene paralizadas por medio de prórrogas. Algunas de las medidas han acumulado hasta 60 ampliaciones. La relacionada con las bonificaciones de Ceuta y Melilla ha sufrido ya más de 18. A modo de protesta, el Senado presentó en diciembre de 2025 un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que habilita a la Corte a resolver disputas sobre competencias entre órganos constitucionales del Estado. En este caso, los azules consideran que el “bloqueo” de sus proposiciones “supone una usurpación de sus funciones legislativas”. Hasta el momento, el tribunal no se ha pronunciado al respecto.

La Mesa del Congreso se ha defendido asegurando que no existe obligación constitucional de tramitar las proposiciones en un plazo concreto. “El Senado, por el contrario, defiende que el uso sistemático de prórrogas sin límite vacía de contenido su capacidad legislativa”, señala la senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz. La ceutí fue la encargada de formular la propuesta de ley sobre las bonificaciones en marzo de 2024. Recuerda que fue aprobada “con la mayoría absoluta del Partido Popular, pero también con la intervención de otros grupos políticos”. Por ejemplo, con la abstención del PSOE. “Lo que significa que, si fuera al Congreso y se mantuviera el sentido de voto, no solo contaría con los votos del Partido Popular, sino con la abstención del PSOE y sus socios. Ya estaría aprobada, pero no lo quieren tramitar”, explica en declaraciones a El Pueblo de Ceuta.

El líder popular en España considera que el presidente del Gobierno “quiere tener las leyes del PP metidas en un cajón porque tiene miedo a sufrir más derrotas parlamentarias en el Congreso porque cada una de ellas le recuerda que habrá una derrota final en las urnas”. “El Senado es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por eso, intentar eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad del Senado”, afirmó Feijóo cuando el número de proposiciones del PP aprobadas en la Cámara Alta era 31.

Para lograr sacar adelante la vuelta a las bonificaciones al 50% en Ceuta y Melilla, el PP optó por llevar la misma iniciativa al Congreso de los Diputados desde su grupo parlamentario. Fue el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, con estrechos vínculos con Ceuta, el que defendió la iniciativa el 11 de marzo de 2025. Se sometió a debate de toma en consideración y fue aceptada (169 síes, 44 noes y 131 abstenciones).

En el caso de la Ley del Suelo, el PP llevó su propuesta al Senado en marzo del pasado año, logrando que se aprobara. Pero un mes antes votó en contra de una iniciativa similar elevada por el PSOE en el Congreso. Según el diputado popular por Ceuta, Javier Celaya, se debe a que la socialista “se elaboró en base a las posiciones tradicionales de la izquierda, y había sido pactada por el PSOE con sus socios, tanto separatistas como de la izquierda más radical, abordando soluciones que no son las que necesita precisamente nuestro país para desarrollar la construcción de nuevas viviendas”.

Celaya asegura que su partido defenderá su propia propuesta de modificación de la Ley, la aprobada en la Cámara Alta. “No aceptamos, desde luego, una impuesta por el gobierno socialista y pactada únicamente con sus socios a espaldas del PP”, afirma el diputado, quien cree que la iniciativa socialista “vuelve a repetir todos los tópicos izquierdistas que, de alguna manera, criminalizan la liberalización de suelo y la apertura al mercado inmobiliario”.