Livia Rosales destaca la necesidad de reforzar la coordinación y la fiabilidad de los sistemas de protección

Ceuta/ La jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Livia Rosales, ha puesto de relieve la importancia de reforzar la coordinación entre instituciones y garantizar la eficacia de los sistemas de protección a las víctimas, tras su participación en el Congreso Nacional de Unidades contra la Violencia de Género celebrado en Avilés (Asturias).

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Niemeyer los días 7 y 8 de octubre, reunió a unas setenta personas procedentes de distintos puntos del país. Entre ellas, responsables de unidades de coordinación, técnicos de violencia de género, representantes de instituciones autonómicas, locales y del Estado.

El congreso, de carácter eminentemente técnico, fue organizado por la Delegación del Gobierno en Asturias a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer.

La inauguración corrió a cargo de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; y la vicepresidenta del Principado, Jimena Llamero. La ministra de Igualdad, aunque estaba prevista su asistencia, no pudo acudir por problemas de agenda.

En la clausura estuvo presente la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, acompañada de otras autoridades que subrayaron la necesidad de avanzar en la cooperación interinstitucional.

Según explicó Rosales, uno de los objetivos centrales del congreso fue “fortalecer la coordinación entre las distintas unidades, organismos y niveles de Gobierno que intervienen en los casos de violencia contra las mujeres”.

Durante las sesiones se abordó el intercambio de experiencias entre territorios para identificar nuevas prácticas y mecanismos eficaces de colaboración interadministrativa.

Otro de los aspectos tratados con detalle fue el funcionamiento de los mecanismos de control, especialmente en relación con las UFAM, las policías locales y las policías autonómicas.

El debate sobre las pulseras telemáticas para agresores estuvo muy presente en las intervenciones. Rosales explicó que, si bien han surgido críticas políticas, las autoridades defendieron que “el sistema siempre ha protegido a las mujeres y se mantiene como un mecanismo robusto”.

Las dificultades, señaló, han surgido en procedimientos judiciales cuando no se ha podido acreditar con exactitud la ubicación del agresor portador de la pulsera. En algunos casos, la empresa encargada de la monitorización no pudo aportar los datos solicitados.

Pese a ello, subrayó que no se han producido situaciones en las que las víctimas quedaran desprotegidas. “En ocasiones se archivaron procedimientos, pero al volcar los datos con posterioridad se reabrieron los casos y se acreditaron los hechos”, añadió.

Rosales advirtió que parte de las críticas han sido utilizadas como “baza política para desacreditar al sistema”, sin que exista un fallo estructural que comprometa su funcionamiento.

Otro de los ejes del congreso fue la definición de estrategias comunes de prevención y actuación a nivel estatal, con el fin de optimizar la respuesta institucional frente a la violencia machista.

La jefa de la Unidad en Ceuta insistió en que se trató de un espacio “más técnico que político”, donde se analizaron casos concretos de violencia y se insistió en la necesidad de dar visibilidad a las unidades como un problema de Estado.

Entre los retos señalados por las autoridades figura garantizar la eficacia y fiabilidad de los dispositivos de control, fortalecer la cooperación entre Administraciones y evitar lagunas en la atención a las víctimas.

Asimismo, se abogó por protocolos claros, flujos de información estandarizados y la uniformidad en los criterios técnicos de evaluación del riesgo y seguimiento de casos.

Otro de los aspectos clave fue la reclamación de más recursos, inversión suficiente y personal especializado. “Las unidades no deben funcionar solo con planteamientos formales, sino con capacidad operativa real, tecnología adecuada y formación continua”, remarcó Rosales.

En materia de supervisión y rendición de cuentas, se planteó la necesidad de establecer indicadores claros que permitan valorar el impacto real de las políticas de prevención.

Se incidió también en la atención especializada a las víctimas más vulnerables, como personas mayores, inmigrantes, discapacitadas y menores que se ven afectados por la violencia ejercida en el ámbito familiar.

El congreso dedicó un bloque importante a la prevención temprana y a la sensibilización social, con la idea de que la violencia de género se reconozca desde edades tempranas y se fomente la participación ciudadana en su erradicación.

Rosales subrayó que los medios de comunicación juegan un papel determinante: “La prensa es fundamental porque termina dándonos voz y contribuye a la visibilización del problema”.

El encuentro incluyó momentos especialmente emotivos, como la intervención de la delegación valenciana, que fue ovacionada durante más de cinco minutos por su exposición sobre la actuación de la red durante la DANA.

También hubo espacio para ponencias de carácter altamente técnico, como la relacionada con el sistema VioGen, que generó una amplia participación entre los asistentes al permitir compartir necesidades y propuestas concretas.

La combinación de testimonios emocionales y análisis técnicos permitió, según Rosales, que el congreso ofreciera “una visión completa de la situación actual y de los retos inmediatos en la lucha contra la violencia de género”.

En definitiva, el encuentro en Avilés dejó claro que la coordinación, la fiabilidad de los dispositivos de protección y la sensibilización social son los tres pilares sobre los que se debe asentar la lucha contra esta lacra.

Rosales concluyó su valoración destacando que “las políticas deben contar con un respaldo institucional sólido y con recursos suficientes, porque la violencia de género es un problema de Estado que requiere la implicación de todas las Administraciones”.

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