La Mesa de Diálogo Social presiona para blindar las bonificaciones a la Seguridad Social

La reunión de la Mesa de Diálogo Social celebrada este martes en Ceuta volvió a poner sobre la mesa la necesidad de blindar las bonificaciones a la Seguridad Social y de modificar el Impuesto de Sociedades para favorecer la llegada de empresas tecnológicas, dos asuntos que la Ciudad considera prioritarios para el futuro económico local. Así lo expuso antes de entrar al Salón de Plenos de la Asamblea la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, que defendió la utilidad de este foro compartido con empresarios y sindicatos. Además, estuvo presente también el delgado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, detalle que resaltó la mandataria popular.

La consejera explicó que la sesión retomaba una cita que debía haberse celebrado en el último trimestre de 2025 y avanzó que el objetivo principal era reiterar la necesidad de actualizar el Régimen Económico y Fiscal especial de Ceuta en dos puntos que definió como “muy, muy importantes” en este momento.

El primero de ellos afecta a las bonificaciones a la Seguridad Social. Chandiramani advirtió de que existe “incertidumbre” sobre su horizonte temporal, ya que están referenciadas al Plan de Desarrollo Socioeconómico de la ciudad. 

Recordó que en ese documento se fija el año 2026 como fecha final, aunque algunas medidas del propio plan se prolongan hasta 2030. Por ello reclamó una aclaración que permita ofrecer “certezas jurídicas para los operadores económicos y sociales de la ciudad”.

A su juicio, esa seguridad es especialmente necesaria porque las bonificaciones también repercuten en las condiciones laborales. 

Insistió en que están asociadas al plus de vinculación y que, por tanto, “los salarios de los trabajadores también se ven afectados”.

La posición del Gobierno local, según detalló, pasa por recuperar el sistema previo a la modificación de 2023. Chandiramani sostuvo que aquel modelo daba mayor estabilidad porque era una medida estructural, reconocida en la ley, sin límite temporal y con sectores económicos definidos de manera expresa. 

Además, señaló que la propuesta ceutí incluye de forma clara tanto la construcción como la administración pública.

La consejera recalcó que esa sigue siendo la aspiración máxima, aunque admitió que, si no fuera posible por ahora, al menos debería garantizarse que la vigencia vaya más allá de 2026. 

“Si no se pudiera modificar todo, que por lo menos se clarifique que va a ir más allá del 2026”, vino a plantear, apuntando al año 2030 como mínimo razonable si bastara con un acuerdo del Consejo de Ministros. “Se trata de pragmatismo, que en economía es fundamental”, resumió.

En apoyo de esa reivindicación, Chandiramani apeló a la evolución del mercado laboral local. Defendió que las cifras reflejan el impacto de esta medida sobre la contratación. 

“El dato mata al relato”, afirmó, antes de señalar que cuando desapareció la bonificación bajaron los contratos mensuales y que, tras su recuperación parcial, esas contrataciones volvieron a subir.

El segundo gran asunto que la Ciudad llevó a la Mesa afecta al artículo 33 del Impuesto de Sociedades. La intención es adaptar esa herramienta fiscal al nuevo rumbo económico de Ceuta para facilitar que empresas tecnológicas puedan operar desde la ciudad sin necesidad de cerrar aquí todo el ciclo mercantil. 

La consejera explicó que la idea pasa por bonificar en ese impuesto a compañías que creen empleo local y trasladen a Ceuta departamentos concretos de su actividad, como recursos humanos, marketing o áreas de supervisión y revisión.

Chandiramani defendió que este cambio sería “un revulsivo” para atraer firmas del sector tecnológico, una línea que, insistió, encaja con el modelo económico que la ciudad quiere consolidar. 

Explicó también que la Ciudad ya dispone, a través de Procesa, de ayudas a la inversión para empresas que decidan instalarse en Ceuta, aunque remarcó que el margen de actuación local es limitado. “Nosotros no tenemos capacidad legislativa ni en el IRPF ni en el Impuesto a Sociedades”, subrayó, dejando claro que la modificación depende del Estado.

Sobre la Mesa del Diálogo Social, Chandiramani sostuvo que se trata de un “foro singular”, en el que participan instituciones, empresarios y sindicatos, y defendió que esa fórmula ha demostrado su utilidad en distintos momentos. 

Citó, entre otros ejemplos, las reivindicaciones sobre la excepción de Schengen, las respuestas impulsadas durante la pandemia con Ceuta Resiste, el debate sobre la frontera y la recuperación de las bonificaciones a la Seguridad Social en 2023 y 2024.

“Creemos que la unidad de acción es importante y la vamos a seguir manteniendo”, afirmó la consejera, que atribuyó a esa capacidad de actuar de forma conjunta buena parte de la fuerza con la que la ciudad ha defendido sus intereses.

Minutos antes de la llegada de Chandiramani, el secretario general de CCOO, Ángel Lara, aseguró a este diario que en el turno de ruegos y preguntas iban a aprovechar para plantear el abaratamiento del transporte marítimo.

Sobre ello, Chandiramani contestó a los medios que cualquier medida dirigida a mejorar las bonificaciones y reducir precios será bien recibida si resulta viable. 

Recordó que el Estado ya financia el 75% del transporte para residentes y que, además, la Ciudad bonifica desplazamientos de no residentes por barco y helicóptero a través de Turismo y Procesa. 

A partir de ahí, dejó la puerta abierta a estudiar nuevas fórmulas. Mejorar la comunicación de un territorio, dijo, “siempre significa mejorar su economía, su conectividad y la comodidad de todos los ciudadanos”.