El Ministerio de Juventud y la FEMP desarrollarán iniciativas contra la pobreza infantil
POBREZA INFANTIL
Ambas instituciones han firmado un protocolo de colaboración para el desarrollo de actuaciones dirigidas a colaborar en materia de promoción de los derechos de la infancia y la juventud
El Ministerio de Juventud e Infancia y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado hoy un protocolo de colaboración para desarrollar iniciativas conjuntas para la promoción de los derechos de la infancia y la juventud.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, y el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha rubricado un protocolo que permitirá a ambas entidades desarrollar programas conjuntos en áreas como la lucha contra la pobreza infantil y las violencias contra la infancia, la protección y el empoderamiento en los entornos digitales o el fomento de la participación de niños, niñas y adolescentes en los procesos de toma de decisiones que les afectan.
Asimismo, ambas partes se comprometen a promover la implantación de la Garantía Infantil Europea desde el ámbito local, una herramienta determinante en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, el secretario de Estado de Juventud e Infancia ha recalcado que “hablamos de un problema estructural en España, arrastrado desde hace décadas, y que solo podemos combatir de manera eficaz con la voluntad y la implicación de todas las administraciones”.
Para Rubén Pérez, el papel de las entidades locales y sus representantes es “simple fundamental porque son las administraciones más cercanas”.
Asimismo, ha recordado que el departamento que lidera Sira Rego impulsó la creación de un grupo de trabajo en el Congreso para alcanzar un Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil. En esta línea, Pérez Correa ha subrayado la necesidad de que “tengamos este Pacto de Estado a la mayor brevedad y con el mayor consenso posible, porque nuestro país no puede permitirse la situación de pobreza en la que crecen miles de niños, niñas y adolescentes”.
El protocolo reconoce “la importancia de la acción coordinada de las distintas administraciones públicas”. En este sentido, el acuerdo mejorará “la implementación de las políticas públicas dirigidas a la infancia y la juventud en el ámbito local, acercando los recursos y las medidas a los entornos más próximos a los menores y jóvenes”.