El ministro Torres, contra Vivas: “No han dado ni una explicación sobre su gestión”
Crisis migratoria
La autoridad funcional reprocha al Gobierno local que critiquen la “inacción” del Estado mientras “incumplen medidas que anunciaron, como que los niños serían retornados de inmediato a su país”
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y coordinador del mando único desplegado en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha cargado este martes contra el Gobierno de Juan Jesús Vivas después de que el Ejecutivo local anunciara que llevará al Tribunal Supremo la supuesta "inactividad" de la Administración General del Estado en la tramitación de los expedientes administrativos de los migrantes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.
"Es curioso porque los mismos que hablan de 'inacción' son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis", ha escrito Torres en una publicación en la red social X, en la que ha cuestionado la actuación del Gobierno autonómico durante los casi tres meses transcurridos desde aquella llegada masiva.
El ministro, que hasta ahora había mantenido una relación de mayor cercanía con el presidente ceutí en comparación con otros responsables del Ejecutivo central, ha dirigido sus críticas hacia la gestión de la Ciudad Autónoma y ha puesto el foco en las dificultades que, según sostiene, ha planteado para habilitar determinados espacios de acogida y en el incumplimiento de los compromisos anunciados respecto a los menores migrantes.
En concreto, Torres ha aludido a las "trabas que han puesto para usar espacios previamente consensuados" y al hecho de que no se haya producido el retorno a Marruecos de ninguno de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta. "Sin embargo, no ha salido ni un niño de Ceuta a Marruecos. Los únicos retornados son adultos", ha afirmado.
El ministro ha atribuido esta situación a las promesas realizadas por el Ejecutivo local y ha advertido de que algunas de las medidas anunciadas no pueden llevarse a cabo en los términos planteados por su incompatibilidad con las garantías legales de los menores. "Eso es lo que tiene prometer imposibles y anunciar medidas que contravienen el derecho superior del menor", ha añadido en su mensaje.
El Gobierno central niega la inactividad
Las declaraciones de Torres se producen después de que el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, anunciara este martes que el Consejo de Gobierno había aprobado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la "inactividad" de la Administración General del Estado en la asignación de los medios personales y materiales necesarios para tramitar los expedientes de expulsión o devolución y de protección internacional de los migrantes adultos que llegaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio.
El Ejecutivo local acordó el pasado 16 de septiembre formular un requerimiento previo al Estado, que fue presentado el día 18, para que dictara y notificara una resolución expresa en el plazo de un mes. Al considerar que no había recibido respuesta dentro de ese periodo, la Ciudad ha decidido recurrir a la vía judicial.
Sin embargo, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha rechazado la existencia de inactividad y ha desestimado el requerimiento al considerar que las actuaciones reclamadas "ya se encuentran iniciadas y en curso".
En su respuesta, el Gobierno central ha defendido que las medidas desplegadas han permitido reducir la presión migratoria inicial y mantener el orden público, y ha cifrado en más de 12.700 las personas que han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha argumentado que los procedimientos de expulsión, devolución y protección internacional deben respetar los plazos, trámites y garantías previstos en la legislación española y europea, por lo que considera que no procede imponer un plazo general de un mes para resolverlos, dado que requieren una valoración individualizada.
La resolución ministerial ha recordado, además, que la declaración de Situación de Interés para la Seguridad Nacional permitió establecer una estructura reforzada de coordinación para abordar la crisis y articular una respuesta integral de la Administración General del Estado.
