El plan para europeizar Ceuta lleva cuatro años escrito y es distinto al que Sánchez plantea

El plan del Gobierno para reforzar el encaje de Ceuta y Melilla en la Unión Europea, anunciado por Pedro Sánchez el jueves 3 de septiembre ante el Pleno del Congreso, reproduce en sus líneas maestras un informe técnico que el entonces eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas presentó en el Parlamento Europeo el 1 de junio de 2022. El documento, titulado “Ceuta y Melilla: + España + Europa”, planteaba ya entonces los mismos tres ejes que el presidente puso sobre la mesa en su comparecencia en la Cámara Baja: la integración en la Unión Aduanera, la incorporación al espacio Schengen y el acceso a un estatuto vinculado a las regiones ultraperiféricas (RUP).

El propio Cañas lo recordó tras el anuncio, aunque introdujo una precisión que cambia parte del debate: el informe no proponía la reclasificación plena como RUP, sino, como alternativa, “un estatus asimilado” que no exigiera reformar los Tratados europeos.

El documento, de 124 páginas y que ha remitido a El Pueblo el mismo exeurodiputado, no es una respuesta improvisada a la crisis migratoria de finales de julio de este año en Ceuta, si bien esta última reavivó el debate sobre el estatuto de la ciudad. Su origen se remonta a la resolución que el propio Cañas impulsó en el Parlamento Europeo tras la entrada masiva de más de 10.000 personas en Ceuta los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando Marruecos utilizó la presión migratoria como arma diplomática. A partir de ahí, el eurodiputado encargó una auditoría técnica que se presentó públicamente junto a los presidentes de Ceuta y Melilla el 1 de junio de 2022 en Bruselas.

El índice del informe organiza el análisis exactamente en la misma estructura que ha usado ahora el Gobierno:

- Incorporación a Schengen: el documento parte de que Ceuta y Melilla, pese a ser territorio español y europeo desde 1986, quedaron excluidas del Convenio de Schengen firmado por España en 1991 y en vigor desde 1995, lo que obliga a controles documentales en los desplazamientos hacia la Península. En el plano económico, el informe dice que la inclusión en el tratado de libre circulación supondría, entre otras cuestiones, “una medida de disuasión” para el contrabando y para el comercio atípico, en alusión de las porteadoras que cruzaban la frontera diariamente antes del cierre por el COVID-19.

- Integración en el Territorio Aduanero de la Unión (TAU): ambas ciudades siguen consideradas “terceros Estados” a efectos aduaneros y mantienen su propio impuesto indirecto, el IPSI, en lugar del arancel común.

- Estatuto de Región Ultraperiférica o uno “asimilado”: el capítulo más extenso del informe explora qué ganarían Ceuta y Melilla si accedieran al mismo trato que Canarias, Madeira o Azores: fondos europeos específicos, políticas de cohesión y, eventualmente, entrada en el TAU sin perder el IPSI.

El matiz que el Gobierno tardó días en asumir: el ‘atajo’ para ser ultraperiférica se reserva a territorios de “ultramar”

La diferencia entre el plan de Sánchez y el informe de 2022 no está en los objetivos, sino en la letra pequeña jurídica. El propio Cañas remarcó, tras el anuncio del presidente, que su documento no defendía “la reclasificación plena que exige el artículo 355.6” del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), sino una vía alternativa que permitiera acceder a ventajas equiparables sin reabrir los Tratados. El informe explica por qué esa distinción importa. El artículo 355.6 del TFUE prevé, en efecto, un mecanismo simplificado para convertir un territorio en RUP sin pasar por la reforma general de los Tratados: es la vía que usó Francia en 2011 para que Mayotte pasara de “país y territorio de ultramar” a región ultraperiférica en apenas un año.

Pero el propio documento advierte de que ese atajo “sólo está previsto para aquellos territorios especiales calificados como ‘ultramar’”, categoría en la que no entran Ceuta y Melilla por ser territorio pleno de un Estado miembro. Por ello, concluye el informe, de no resultar aplicable ese mecanismo simplificado, la incorporación de ambas ciudades al listado de RUP del artículo 349 “deberá efectuarse a través de la reforma del Tratado de Funcionamiento”, es decir, mediante el procedimiento ordinario de revisión de los artículos 48 y siguientes del TFUE: propuesta de cualquier Estado, Parlamento Europeo o Comisión; remisión al Consejo Europeo; convocatoria de una Convención con representantes de los parlamentos nacionales, jefes de Estado o de Gobierno, la Eurocámara y la Comisión; y, finalmente, ratificación por los Veintisiete.

Esa complejidad explica que, apenas cinco días después del anuncio inicial, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, matizara en una entrevista que lo prioritario “es que o bien sean regiones ultraperiféricas o un estatuto similar al de las regiones ultraperiféricas”, añadiendo que le “importa más la sustancia (...) que la denominación”. Fuentes de la Comisión Europea también han recordado que el artículo 349 beneficia hoy, en exclusiva, a nueve territorios y que España “puede, en cualquier momento, solicitar cambiar el actual estatus de Ceuta y Melilla”, sin que ello garantice el resultado.

El cambio de estatus de Ceuta y Melilla plantea la redifinición de región ultraperiférica

Más allá del debate jurídico, el informe de Cañas defendía una tesis de fondo que el Gobierno ha terminado por hacer suya: cuanta mayor sea la integración institucional de Ceuta y Melilla en la arquitectura europea, mayor será la implicación de Bruselas en su protección política, económica y fronteriza, en lugar de dejar la cuestión circunscrita a la relación bilateral entre Madrid y Rabat.

Sánchez defendió en el Congreso que había llegado “la hora de subsanar” la falta de ambición con la que ambas ciudades quedaron fuera de la unión aduanera en 1986 “para evitar roces diplomáticos”, con el objetivo de lograr su “integración plena”.

El Ejecutivo central no ha remitido todavía una solicitud formal a Bruselas ni ha aclarado si perseguirá la reforma de los Tratados —el camino largo que dibujaba ya el informe de Cañas en 2022— o si, como apuntó Albares días después del anuncio de Sánchez, optará por negociar un estatuto equiparado sin abrir esa puerta.

La entrada en la Unión Aduanera exige además unanimidad de los Veintisiete, y ni siquiera el precedente más rápido conocido, el de Mayotte, es directamente trasladable: aquel territorio ya era “de ultramar” antes de convertirse en RUP; Ceuta y Melilla, no.

Cambiar el estatus de las ciudades españolas en el norte de África no es solo un trámite formal, sino que obliga a replantear la propia definición de región ultraperiférica recogida en los Tratados. Este es un debate que aún no ha sido abierto en el seno del Parlamento Europeo.