La Policía Local ya presentó su “informe propuesta” sobre la Zona de Bajas Emisiones

Ceuta aún no tiene una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) implementada, aunque el Gobierno de la Ciudad ha anunciado su intención de presentar una ordenanza al respecto y trabaja en la propuesta con la Consejería de Medio Ambiente a la cabeza. La ZBE se está planteando progresivamente y se encuentra en una fase de desarrollo, con planes de estudio y debate, a pesar de que Ceuta ya cumplía el plazo legal de implementación a finales de 2023. 

En la actualidad, el proceso se encuentra en planificación, “aunque todo va muy lento”, asegura el consejero del área competente, Alejandro Ramírez, quien además informa que “ya tenemos realizada la ordenanza en borrador", mientras que desde la Consejería de Gobernación también han realizado los informes pertinentes a través de la Policía Local hace algo más de un año, tal y como aseguran desde la propia Consejería, quien informa que La Policía Local “ya presentó el informe propuesta de lo que pensaba que debía contemplar la Zona de Bajas Emisiones”. Además, se celebró una reunión con el inspector de Tráfico, si bien no se decidió “absolutamente nada”.

La realidad es que los informes están realizados por parte de las Consejerías competentes y el borrador de la ordenanza sobre la mesa, aunque la tramitación del expediente es “excesivamente lento” y a día de hoy no hay fecha para que el documento pueda ser llevado a Pleno.

Obligación legal

La creación de ZBE es una obligación para ciudades de más de 50.000 habitantes para cumplir con la normativa europea de calidad del aire y tiene como principal objetivo  reducir la contaminación atmosférica y acústica, así como la descarbonización de la economía. Así, el proyecto está siendo financiado, en parte, con fondos europeos Next Generation. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) transfirió 900 millones de euros en dos años a las Comunidades Autónomas, Ceuta (1.597,61 euros) y Melilla para financiar inversiones directas destinadas a digitalizar el transporte autonómico, transformar la movilidad, reducir las emisiones y mitigar el ruido.

Las actuaciones financiadas buscan contribuir a fomentar la movilidad sostenible en los municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia que concentren más del 50% de la población.