El PP anuncia un “escudo jurídico” para los agentes que combaten a las mafias del narcotráfico

El Partido Popular ha anunciado el registro de una Proposición de Ley destinada a reforzar la seguridad jurídica de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que combaten el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa busca dotar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un marco legal más claro para actuar en situaciones de riesgo y violencia extrema.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, explicó la propuesta tras mantener una reunión con asociaciones y sindicatos policiales. Según señaló, la reforma pretende establecer “un escudo jurídico protector” para los agentes cuando se enfrentan a organizaciones criminales cada vez más violentas.

La iniciativa incorpora un nuevo artículo 5 bis a la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el objetivo de regular de forma más precisa las situaciones en las que los agentes pueden hacer uso de la fuerza para proteger su integridad física y garantizar el cumplimiento de sus funciones.

Gamarra destacó que la propuesta se apoya en el estudio de modelos legislativos de países europeos como Bélgica, Italia, Francia y Portugal, con el fin de definir con mayor claridad los supuestos de necesidad absoluta que puedan justificar el uso de armas de fuego por parte de los agentes.

Además de las modificaciones normativas, el plan contempla el refuerzo de los medios materiales y humanos destinados a la lucha contra el narcotráfico, así como la declaración del Campo de Gibraltar, el litoral andaluz y el entorno del Guadalquivir como zonas de especial singularidad debido a la presión creciente de las organizaciones criminales.

Durante su intervención, la dirigente popular defendió que la lucha contra el narcotráfico constituye una cuestión de Estado y reclamó una respuesta firme de las instituciones. En este sentido, aseguró que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan respaldo político, recursos adecuados y una protección jurídica que les permita actuar con eficacia frente a las mafias.

Por su parte, Antonio Sanz, coordinador nacional de Emergencias del Partido Popular, respaldó la iniciativa y afirmó que los agentes requieren más apoyo institucional, mejores medios y mayores garantías legales para desempeñar su labor en condiciones de seguridad.

Con esta propuesta, el Partido Popular pretende abrir un debate sobre la adaptación del marco legal a las nuevas amenazas derivadas del crimen organizado y reforzar la capacidad de respuesta del Estado frente al narcotráfico.