El PP exige más vigilancia y control frente a las redes de deriva mientras el PSOE evita respaldar la iniciativa

El Partido Popular ha defendido en la Comisión de Pesca del Senado una moción para reforzar la vigilancia y el control frente al uso de redes de deriva ilegales en el Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y el litoral mediterráneo, una iniciativa que no contó con el apoyo del Partido Socialista, que optó por la abstención.

La moción fue defendida por la senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz, quien advirtió de que “si algo está prohibido por ser destructivo, pero sus efectos siguen manifestándose en nuestras costas, es evidente que la respuesta no está siendo suficiente”.

Durante su intervención, Díaz recordó que las redes de deriva están expresamente prohibidas por la normativa europea e internacional por su carácter indiscriminado y su elevado impacto ambiental, al provocar la captura accidental de cetáceos, tortugas marinas, tiburones, rayas y aves protegidas.

La senadora popular subrayó que, según investigaciones publicadas en 2024 por la Fundación Justicia Ambiental, las embarcaciones vinculadas al uso de redes de deriva ilegales han pasado de unas 370 en 2010 a 846 en 2024, es decir, se han más que duplicado en los últimos años. Además, recordó que, al tratarse de una actividad ilegal y opaca, “los propios expertos advierten de que las cifras documentadas podrían multiplicarse por diez”, lo que evidencia la dimensión real del problema.

En el entorno del Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla y el Mar de Alborán, distintas organizaciones sitúan en torno a 150 los rederos que operan de forma recurrente, especialmente en temporada de pez espada, con redes que pueden alcanzar hasta 12 kilómetros de longitud.

Díaz señaló que los estudios disponibles vinculan este fenómeno a flotas que operan en el entorno del norte de África, y defendió que “la cooperación internacional debe ser más eficaz y, sobre todo, verificable”, siempre desde el respeto a las relaciones bilaterales y al cumplimiento del marco normativo.

“No estamos ante un problema nuevo, pero sí ante un problema que ha ido a peor y que hoy exige más control, más transparencia y más coherencia entre lo que decimos y lo que realmente ocurre en el mar”, afirmó.

Ceuta, compromiso y sociedad civil

La senadora por Ceuta puso en valor el trabajo de asociaciones locales como CECAM y DAUBMAN, que desarrollan labores de concienciación, rescate y recuperación de especies marinas protegidas que llegan a nuestras costas heridas o debilitadas.

“En Ceuta sabemos de lo que hablamos. Sabemos lo que supone ver tortugas asfixiadas, cetáceos mutilados o redes abandonadas que siguen atrapando fauna durante años. Y también sabemos el esfuerzo que hacen voluntarios y profesionales para reparar ese daño”, señaló.

Cristina Díaz recalcó que la moción no cuestiona el marco normativo vigente, sino que exige reforzar su aplicación efectiva, garantizando que la prohibición de las redes de deriva se traduzca en una protección real del medio marino y en condiciones de competencia justa para quienes sí cumplen la ley.

A pesar de que el Partido Socialista reconoció la existencia del problema, decidió no respaldar la iniciativa. “Cuando se conocen los datos, cuando se sabe que el fenómeno se ha duplicado y que sigue causando daños visibles en nuestras costas, abstenerse es mirar hacia otro lado”, afirmó la senadora popular.

En concreto, la moción del Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a:

1.Reforzar de manera específica la vigilancia marítima frente al uso de redes de deriva ilegales en las zonas especialmente sensibles del Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán.

2.Intensificar y evaluar de forma transparente la cooperación internacional para prevenir y perseguir estas prácticas.

3.Impulsar campañas de sensibilización y prevención dirigidas a evitar el uso de artes prohibidas.

4.Establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar objetivamente la eficacia de las actuaciones adoptadas.

El Partido Popular defiende que proteger el medio marino no es una declaración de intenciones, sino una obligación legal y una responsabilidad con ciudades como Ceuta, que conviven directamente con las consecuencias de estas prácticas ilegales.