El PSOE acusa al Gobierno de desestimar sus enmiendas a la regulación de las ayudas a la exclusión
Servicios sociales
Los socialistas acusan a las autoridades municipales de promover un Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales inclinado al inmovilismo
El PSOE ha acusado al Gobierno municipal de rechazar la mayoría de sus enmiendas al Reglamento de Prestaciones Económicas de los Servicios Sociales. Los socialistas denuncian que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha desestimado casi todas sus propuestas, limitándose a admitir modificaciones parciales y excluyendo aquellas que suponen cambios estructurales. “El Gobierno elige mantener un sistema rígido que deja desprotegidas a las familias más vulnerables", lamenta la responsable de Política Autonómica del partido, Raquel Miaja.
Los socialistas critican particularmente que se mantenga el criterio "signos externos y formas de vida" para evaluar los ingresos de los solicitantes, una fórmula que la formación considera "subjetiva y arbitraria". A juicio del partido, el uso de este criterio vulnera el principio de seguridad jurídica y propicia evaluaciones basadas en la mera apariencia. “Introduce una discrecionalidad injustificable que no debería tener cabida en la administración moderna", continúa Miaja.
El PSOE también pone en cuestión que no se hayan agilizado los plazos de resolución y que se mantenga una espera de tres meses que estima “inasumible” en situaciones de emergencia social.
Miaja también ha censurado que la propuesta de incluir ayudas específicas para la salud mental haya sido rechazada bajo el pretexto de que existen convenios con entidades que las contemplan. La socialista alega contra este argumento que los convenios no garantizan derechos universales, sobre todo a las familias en exclusión.
El PSOE asegura que el Gobierno local ha derivado el apoyo a jóvenes y la inclusión digital al Ingreso Mínimo y a las iniciativas de la sociedad municipal Procesa sin que haya mediado un análisis real. Según relatan los socialistas, el Gobierno de la Ciudad también ha dejado caer sus propuestas relativas a la introducción de criterios más objetivos, una comisión de valoración más garantista y la habilitación de plazos de justificación flexibles.
Sólo mejoras puntuales
El PSOE considera, pese a todo, que la “solidez técnica de su trabajo” se ha traducido en la aceptación por el Gobierno de mejoras puntuales como la deducción del 50% de los gastos de hipoteca o alquiler en el cómputo de ingresos, la protección de víctimas de violencia LGTBI-fóbica en el empadronamiento o la inclusión de calentadores y termos en las ayudas para electrodomésticos. "Estas victorias parciales demuestran que nuestras enmiendas responden a necesidades reales del día a día de los ceutíes", celebra el PSOE.
Pese a ello, el partido considera que el Gobierno municipal ha apostado por un modelo inclinado al inmovilismo frente a la creciente exclusión social en la ciudad. "Ceuta necesitaba un reglamento útil, ágil y centrado en las personas, pero el Gobierno ha preferido perpetuar una rigidez burocrática que ignora las nuevas brechas sociales: mantener este sistema tiene un coste humano que no podemos ignorar”, concluye Miaja.