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Real decreto
"El Gobierno de España está haciendo su parte, reforzando el Estado del Bienestar y poniendo el foco en el que es sin duda el problema que más preocupa a los y las ceutíes: la vivienda". El PSOE local ha celebrado hoy en rueda de prensa la aprobación por el Consejo de Ministros del real decreto por el que se establece la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas. En un comunicado, el secretario general de los socialistas ceutíes, Miguel Ángel Pérez Triano, ha calificado la sanción de esta disposición como una “medida valiente, necesaria y profundamente social”.
En un ejercicio de respaldo al Gobierno central, Pérez Triano subraya cómo, a su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez coloca el problema de la vivienda en “el centro de la acción pública” y recuerda que los principales afectados son los jóvenes y las familias trabajadoras. “También en Ceuta, aunque parezca que el Gobierno de Vivas no le importe”, critica el socialista, quien recuerda que garantizar el acceso a una vivienda digna es un mandato constitucional.
Pérez Triano ha aprovechado la aprobación del real decreto para acometer contra el Gobierno local al que acusa de “falta de iniciativa” para la adopción de medidas eficaces y de rechazar propuestas políticas para establecer ayudas al alquiler o abaratar los precios. "Mientras el Gobierno de España impulsa medidas estructurales y ambiciosas, en Ceuta seguimos sin un plan serio de apoyo al alquiler, sin estímulos para movilizar vivienda vacía y sin políticas que protejan a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar", denuncia Pérez Triano.
El real decreto establece una cobertura que será gestionada por las comunidades autónomas y por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, destinada a contratos de alquiler de jóvenes menores de 35 años y de personas vulnerables, siempre que se ajusten al índice estatal de referencia y cumplan con la fianza legal. Esta protección permitirá cubrir impagos de rentas y otros costes asociados, generando seguridad jurídica y fomentando que más viviendas salgan al mercado del alquiler a precios asequibles. La cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025. Próximamente, se habilitará una línea presupuestaria para financiar esta medida.
Las comunidades y ciudades autónomas deberán remitir semestralmente información al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acerca de las coberturas aplicadas.
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