El PSOE cuestiona el uso “para privilegiados” del aparcamiento del ICD
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El portavoz socialista interpeló en el pleno a Nicola Cecchi, a quien exigió que el parking del Guillermo Molina se abra para la totalidad de los trabajadores. El consejero aseguró que sus 16 plazas están disponibles “para todos”
Ceuta/ El uso del aparcamiento situado en la planta cero del complejo deportivo Guillermo Molina —donde se ubica la sede del Instituto Ceutí de Deportes (ICD)— abrió este martes el último debate en el Pleno de la Asamblea de Ceuta. La interpelación, formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Guerrero, cuestionó la gestión de este espacio por parte del organismo deportivo y acusó al Ejecutivo local de destinarlo “exclusivamente a directivos y a un reducido grupo de privilegiados”, en perjuicio tanto de trabajadores del Instituto como de monitores, entrenadores y personal operativo que acude diariamente a las instalaciones.
Guerrero sostuvo que el estacionamiento, financiado con fondos públicos y catalogado como un bien adscrito a un organismo dependiente de la Ciudad Autónoma, debía tener un régimen de uso equilibrado, transparente y accesible. Según expuso, en la actualidad se habría consolidado “un uso privativo” contrario a los principios de igualdad: “Ese aparcamiento, sufragado con impuestos, no es un parking privado. Es del ICD. Podrán llamarlo como quieran, pero es público, y su acceso debería serlo también”.
El socialista lamentó que la restricción impuesta a trabajadores de base y a profesionales vinculados a las actividades deportivas no encuentre una justificación razonable. “Alegan seguridad. ¿Qué amenaza representa un monitor, un entrenador o el personal de mantenimiento?”, se preguntó antes de señalar que los propios sindicatos habrían denunciado que “son directivos del ICD quienes impiden estacionar” a parte del personal operativo. Frente a la exclusión total, Guerrero propuso adoptar medidas similares a las de otras administraciones: “Control de acceso selectivo, huellas, tarjetas, cámaras… Lo que todas las ciudades aplican. La verdadera seguridad es que los monitores y entrenadores lleguen a tiempo, no que determinados directivos tengan plazas preferentes”.
El portavoz socialista exigió, además, que el Gobierno aclarase qué normativa regula actualmente el uso del aparcamiento, qué criterios se aplican para excluir a trabajadores y usuarios, y si la Ciudad contempla implantar un sistema de rotación o de reparto equitativo de las plazas. “No vamos a permitir que llamen ‘seguridad’ a lo que, a todas luces, es un privilegio injustificado”, sentenció.
Cecchi rechaza las acusaciones
Las acusaciones fueron respondidas con firmeza por el consejero de Deportes, Nicola Cecchi, quien negó categóricamente que el ICD reserve el aparcamiento únicamente para directivos. Según explicó, la planta cero del Guillermo Molina no es un estacionamiento ordinario, sino una zona técnica integrada en el funcionamiento estructural del edificio, que alberga equipamientos vitales para la instalación: grupo electrógeno, cuartos de calderas, bombas de la piscina, talleres de mantenimiento, almacenes, aljibes y la galería de los vasos de enseñanza y deportivo.
“Tenemos 16 plazas en una planta que es, ante todo, una zona técnica”, detalló el consejero. En total, recordó, en el complejo trabajan en torno a medio centenar de personas de entidades diversas: personal del ICD, trabajadores de empresas externas, clubes, federaciones, empresas de limpieza y control de accesos. “Las plazas disponibles no se pueden usar libremente porque no son plazas de aparcamiento en sentido estricto, sino parte de una planta técnica. Abrir ese espacio al uso indiscriminado sería ilegal y peligroso”.
Cecchi defendió que todos los empleados del ICD que acuden en vehículo pueden hacer uso de las plazas disponibles, y que el área de mantenimiento utiliza el coche oficial del organismo, lo que reduce todavía más la disponibilidad. “Es completamente falso que esté reservado a directivos. Lo pueden usar todos los trabajadores del ICD. El problema es que hay solo 16 espacios y cerca de 50 personas trabajan allí”.
El consejero insistió en que la restricción no responde a una decisión discrecional, sino a la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y a las instrucciones emitidas por la Intervención de la Ciudad. Recordó, además, que las condiciones relativas a la prohibición de acceso están recogidas en todos los convenios suscritos entre el ICD y empresas externas, conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. “Los trabajadores de empresas contratistas no pueden acceder a ciertos servicios, incluido el aparcamiento. Es una obligación legal para evitar confusión de plantillas y garantizar la seguridad”.
Asimismo, negó que existan usos particulares o irregulares y pidió que cualquier sospecha se denuncie formalmente: “Si tienen conocimiento de un vehículo privado dentro, faciliten matrícula, fecha y hora. Porque no se puede. No aceptaremos acusaciones sin datos. La gestión debe basarse en normativa y hechos”.
