El PSOE propone acceso digital a expedientes en la Asamblea de Ceuta, pero se retira por dudas legales

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta defendió este lunes una propuesta destinada a modernizar y agilizar el ejercicio del derecho de consulta de los diputados y diputadas, previsto en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara. Según expuso el portavoz socialista, Sebastián Guerrero, el sistema actual dificulta el acceso a la documentación y obliga a interrumpir el trabajo de los funcionarios, quienes deben detener sus tareas para recopilar y entregar la información solicitada. El PSOE sostiene que esta dinámica ralentiza la actividad administrativa y resulta incompatible con la realidad digital de la mayoría de expedientes.

La propuesta planteaba que los portavoces de todos los grupos políticos pudieran acceder, en modo de solo lectura, a la totalidad de trámites y expedientes administrativos mediante las herramientas informáticas necesarias. Este acceso permitiría consultar e imprimir documentación, pero impediría cualquier modificación. Según Guerrero, la medida no solo reforzaría la labor de fiscalización parlamentaria, sino que aliviaría la carga de trabajo de los servicios administrativos. Como garantía, el grupo socialista establecía la obligatoriedad de firmar un compromiso de sigilo para proteger los datos personales y la privacidad de los ciudadanos.

Sin embargo, la iniciativa generó un amplio debate entre los grupos. El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, rechazó la propuesta al considerar que podía vulnerar la ley de protección de datos y abrir la puerta a un uso inadecuado de información sensible. En la misma línea, la diputada de MDyC, Fátima Hamed, solicitó un pronunciamiento de la Secretaría General de la Ciudad. Tras la lectura del informe jurídico, la secretaria general, María Dolores Pastilla, advirtió de que un acceso generalizado a expedientes podría incumplir la normativa vigente, ya que el tratamiento de datos debe ser proporcional a su finalidad, algo que —según el dictamen— no quedaría garantizado.

Ante el informe, el presidente de la Asamblea, Juan Vivas, pidió al PSOE la retirada temporal de la propuesta para remitirla a la Comisión Informativa y trabajar en una versión ajustada a la legalidad. “Ningún grupo va a votar en contra de un informe jurídico”, afirmó, proponiendo continuar el debate en un marco más detallado. Aunque el portavoz de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, expresó su apoyo a la iniciativa socialista —recordando que la propuesta ya contemplaba la elaboración previa de informes técnicos—, la consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, insistió en que una medida de tal calado no puede abordarse sin un estudio exhaustivo y reiteró que el Gobierno no ha puesto trabas a las solicitudes de información, que se facilitan en menos de 24 horas.

Finalmente, y tras constatar la falta de consenso y el peso del informe jurídico, la Asamblea votó la retirada de la propuesta, que quedó pospuesta a la espera de un análisis más profundo en comisión. La intención de los grupos, según se expuso en el pleno, es seguir trabajando en mecanismos que mejoren la transparencia y la agilidad administrativa, siempre dentro del marco legal vigente.