Querella contra Marlaska y Aina Calvo “por el abandono de Ceuta”

Ceuta/ El Instituto de Política Social (IPSE) ha llevado este martes ante el Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, por su actuación antes y durante la crisis fronteriza sufrida por Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Instituto presentó a las 11:30 horas una querella por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y, subsidiariamente, por un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos.

La acción judicial, dirigida por la letrada María Juher i Layret, sostiene que los máximos responsables de Interior conocen el agravamiento de la presión fronteriza, reciben peticiones urgentes de intervención y mantienen una respuesta que el IPSE considera arbitraria, insuficiente y penalmente relevante.

Con la presentación de esta querella, el IPSE pasa de exigir responsabilidades políticas a promover formalmente una investigación penal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El Instituto ejerce la acción popular y pide que se investiguen las decisiones adoptadas, las respuestas ofrecidas a las autoridades ceutíes y las posibles omisiones cometidas por quienes tenían competencias directas sobre la seguridad, la coordinación policial y la protección de la frontera.

La querella solicita que se determine qué información recibe cada responsable, qué medidas se reclaman desde Ceuta, qué capacidad de actuación mantienen los órganos centrales de Interior y quién decide rechazar o dejar sin respuesta las actuaciones extraordinarias solicitadas.

«No presentamos una querella propagandística ni una denuncia genérica contra la política migratoria. Presentamos una acción penal construida sobre hechos, fechas, competencias y decisiones concretas. Pedimos que se investigue quién conocía la amenaza, quién podía actuar y quién decidió no ofrecer la respuesta reclamada por Ceuta», explica María Juher i Layret, directora de la acción judicial.

Interior conocía la situación antes del colapso

El Instituto sostiene que antes del 30 de julio existen advertencias sobre el aumento de las entradas irregulares, la insuficiencia de los medios disponibles y el riesgo de desbordamiento. Las autoridades ceutíes reclaman refuerzos y medidas extraordinarias de protección. Según la tesis del IPSE, estas peticiones llegan a los órganos superiores de Interior y reciben una respuesta negativa que se mantiene incluso cuando la crisis comienza a materializarse.

La acción atribuye a Aina Calvo una intervención directa en la recepción y gestión de las peticiones formuladas desde Ceuta y pide investigar su participación en la respuesta comunicada por el Ministerio. Respecto de Fernando Grande-Marlaska, el Instituto solicita que se esclarezca su posible intervención en el mantenimiento de esa respuesta, atendiendo a la evaluación continuada de la situación realizada por su departamento y a las peticiones que recibe durante el desarrollo de la crisis.

«El Gobierno no tenía que adivinar la cifra exacta de personas que cruzarían la frontera. Tenía que reaccionar ante una amenaza creciente que ya conocía y ante una ciudad española que pedía ayuda. Ceuta avisó, Ceuta reclamó protección y el Gobierno no ofreció la respuesta necesaria», sostiene Hertfelder.

Setenta y dos mil entradas no pueden quedar impunes. El propio Ministerio del Interior cifra en aproximadamente 72.000 las entradas irregulares producidas durante la crisis. El ministro llega a calificar posteriormente lo sucedido como un ataque contra la integridad territorial de España. Para el IPSE, reconocer públicamente la gravedad de los acontecimientos y negar después cualquier responsabilidad resulta incompatible con la obligación del Gobierno de proteger la frontera y garantizar la seguridad de los españoles.

El Instituto califica políticamente lo sucedido como una «invasión fronteriza procedente de Marruecos» que provoca la pérdida material del control sobre una parte del territorio nacional, desborda los recursos policiales y altera los servicios esenciales y la vida cotidiana de los ceutíes.

«Setenta y dos mil entradas irregulares no son una incidencia administrativa. Son la constatación de que el Estado pierde el control de su frontera. Hoy exigimos que el Tribunal Supremo investigue si ese fracaso estuvo precedido por decisiones arbitrarias u omisiones conscientes de quienes estaban obligados a proteger Ceuta», afirma el presidente del IPSE.

Posible omisión ante los promotores de las entradas. La querella plantea también, con carácter subsidiario, que se investigue el tratamiento dispensado a la información existente sobre posibles convocatorias y organizadores de entradas coordinadas. El Instituto pide que se esclarezca si alguna autoridad recibe información sobre hechos con apariencia delictiva y deja intencionadamente de promover su investigación o persecución.

Esta línea queda sometida al resultado de las diligencias y a la acreditación individual del conocimiento, las competencias y la actuación de cada querellado. «No anticipamos las conclusiones que corresponden al tribunal. Solicitamos que se obtengan los documentos necesarios, se reconstruya la cadena de decisiones y se determine si alguien paraliza, rechaza o elude conscientemente actuaciones que estaba obligado a promover», precisa María Juher.

El IPSE preserva su estrategia judicial. El Instituto no desvela los documentos aportados, las diligencias concretas solicitadas ni aquellos elementos cuya divulgación puede perjudicar la investigación o anticipar la estrategia procesal de la acusación popular. La organización informa sobre el contenido esencial de la acción, pero mantiene bajo reserva los extremos jurídicos y probatorios que deben ser examinados por el Tribunal Supremo.

La presentación de la querella no determina la culpabilidad de Marlaska ni de Calvo, que conservan plenamente su derecho a la presunción de inocencia. Corresponde a la Sala Segunda decidir sobre la admisión de la acción y la apertura de la investigación. La expresión «Gobierno criminal», utilizada por el IPSE, constituye una denuncia política sobre la posible existencia de conductas penalmente relevantes.