Sánchez decidirá estos días si convoca elecciones tras el fracaso de los decretos de Vivienda

El Gobierno y sus socios han revestido el debate sobre el endurecimiento de las leyes de Vivienda de un empaque épico. El presidente, Pedro Sánchez, y la titular del área, Isabel Rodríguez, han pedido a los grupos parlamentarios que “piensen en la gente”, les han recordado que “la historia les va a juzgar” y han reducido la controversia a una batalla de dos bandos: el de “los buitres que desahucian” o el de “la gente que sufre”. De poco les ha servido el lenguaje grandilocuente. La mayoría del Congreso ha votado este viernes en contra de los dos decretos que, entre otras cosas, pretendían impedir los desahucios u obligar a que los contratos de alquiler se prorroguen de forma indefinida. El fracaso en la cámara baja lo traducen en el hemiciclo como la derrota final del mandato de coalición progresista.

Pedro Sánchez estudia ahora la posibilidad de convocar elecciones generales de forma inminente, según coinciden varios medios nacionales como El País, El Mundo o eldiario.es. El primero de ellos cita fuentes del PSOE y ministros del Gobierno que afirman que la idea del presidente es hacerlo “hoy mismo” o esperar a comprobar el éxito de las manifestaciones convocadas este fin de semana con motivo del asunto de la vivienda. En caso de que el líder del Ejecutivo convoque los comicios el lunes, la fecha que se maneja para las elecciones sería el 29 de noviembre. Si decidiera posponerlo unos días, podría ser la semana siguiente, coincidiendo con la fiesta de la Constitución (6 de diciembre), que cae en domingo.

Fuentes de Moncloa han trasladado a El País antes de la votación, cuando sonaban los primeros rumores sobre el posible adelanto electoral, que tenían antes que ver “qué pasa dentro del hemiciclo y hay que escuchar a la calle”. Tras conocerse el resultado, han insistido en que “no se descarta ningún escenario”, haciendo hincapié en que las derechas han hecho algo “muy grave”.

Los decretos

El primer real decreto ha caído con 172 síes y 178 noes. El segundo, con 166 a favor y 184 en contra. El primero es el Real Decreto-ley 26/2026, el paquete más amplio, contemplaba, entre otras medidas, la posibilidad de prorrogar durante dos años determinados contratos de alquiler que llegasen a su vencimiento, así como la ampliación de la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables que no dispusieran de una alternativa habitacional. El texto también incluía medidas fiscales para incentivar el alquiler, actuaciones destinadas a aumentar el parque de vivienda asequible y préstamos de hasta 50.000 euros para facilitar el acceso a la primera vivienda.

El decreto incorporaba además medidas dirigidas a regular los alquileres de temporada y por habitaciones y establecía determinadas limitaciones temporales a operaciones de adquisición de vivienda por grandes inversores. El Gobierno defendía el conjunto de medidas como una respuesta urgente a la situación del mercado residencial y como un instrumento para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles.

El Real Decreto-ley 27/2026 se centraba específicamente en la estabilidad de los contratos de alquiler. Su principal medida establecía una renovación automática de los contratos de vivienda habitual una vez agotado el periodo mínimo de duración cuando el propietario no acreditase una causa justificada para no renovar. La norma también contemplaba un mayor plazo de preaviso para el arrendador y una indemnización para el inquilino en determinados supuestos.

El rechazo de los textos se ha producido después de que Junts confirmase su oposición a ambos decretos, pese a las negociaciones mantenidas con el Gobierno hasta el último momento. La formación catalana ha defendido que las medidas podían tener efectos negativos sobre el mercado de alquiler y ha acusado al Ejecutivo de generar una falsa sensación de protección a los inquilinos. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha sostenido que los decretos no impedían que los fondos continuasen comprando viviendas ni solucionaban los problemas de acceso a la vivienda.

Junts ha argumentado además que la emergencia habitacional está relacionada principalmente con la falta de oferta y ha reclamado que el coste de las políticas de protección de los colectivos vulnerables no recaiga sobre los propietarios particulares. La formación ha planteado al Gobierno un texto alternativo con medidas fiscales y de protección a los propietarios, además de actuaciones destinadas a aumentar la oferta de vivienda.

El PP y Vox también han anunciado y mantenido su rechazo a los decretos, mientras que UPN se ha sumado al 'no' en la votación del primero. Entre las críticas planteadas por los grupos contrarios se encuentra el riesgo de que una mayor regulación y protección de los inquilinos pueda reducir la oferta de viviendas en alquiler y terminar repercutiendo sobre los precios.

Frente a estas posiciones, el Gobierno ha defendido que las medidas eran necesarias para proteger a las familias vulnerables y ampliar el acceso a la vivienda. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido hasta el último momento la convalidación del primer decreto y ha ofrecido tramitarlo posteriormente como proyecto de ley para introducir las modificaciones que reclamaban algunos grupos parlamentarios.

Los grupos que respaldaban los decretos, entre ellos Sumar, Podemos, ERC y EH Bildu, han defendido que las medidas permitían reforzar la protección de los hogares afectados por desahucios y dar mayor estabilidad a los contratos de alquiler. Los colectivos de inquilinos también habían reclamado su aprobación y habían movilizado a cientos de personas ante el Congreso coincidiendo con la votación.