Los sindicatos, ante el adelanto electoral: la crisis de Ceuta se impone

“En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y españolas”. Parapetado tras un atril, a las puertas del Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el pasado lunes la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

La idea de que Sánchez podría considerar la posibilidad de convocar elecciones comenzó a tomar cuerpo cuando el viernes anterior el Congreso de los Diputados tumbaba los dos decretos presentados por el Gobierno con el propósito de dar respuesta a la crisis social generada por la carestía de la vivienda. “Es una decisión política que nos sorprende un poco por lo inesperada”, confiesa el presidente del sindicato CSIF en Ceuta, Juan Iglesias.

Y es que el adelanto de las elecciones ha pillado a contrapié al movimiento sindical español, una coyuntura que, en el caso de Ceuta, adquiere características peculiares dado el estado de postración en el que se encuentra sumida la ciudad a causa de la crisis migratoria.

“Lo más democrático que existe es que haya elecciones: que la gente decida”, sostiene el secretario general de CCOO, Ángel Lara. “Lo que sería de desear es que no se utilice Ceuta como juego político, que se sea responsable con las necesidades que ahora tenemos”, apunta, a su vez, su homóloga en UGT, Yolanda Aparicio.

El impacto social y económico que han traído consigo los sucesos del 30 y el 31 de julio opacan cualquier valoración sindical que en Ceuta pueda hacerse del adelanto electoral. Las distintas afinidades políticas no enturbian el consenso tácito existente en los sindicatos en torno a que la prioridad en estos momentos pasa por sacar a la ciudad del pozo en el que se ha visto abismada.

“Creo que el Gobierno lo ha hecho extremadamente mal, y auguro que va a sufrir un varapalo —vaticina Ángel Lara—. Somos muy críticos con cómo se ha gestionado la crisis de Ceuta: lo que se está haciendo ahora, en estos últimos días, se podría haber hecho durante la primera semana de agosto”.

La censura de Lara es compartida por los dirigentes de UGT y CSIF. “Por aquí han pasado ministros que se han ido contradiciendo en sus declaraciones y contándonos películas que no eran la realidad que estamos sufriendo”, se suma a las críticas Yolanda Aparicio.

“Hay que reforzar la frontera, porque la ciudad actualmente se está resintiendo económicamente —sostiene, a su vez, Juan Iglesias—. ¿Quién va a apostar por Ceuta si no existe una garantía jurídica de que lo que ha pasado no va a volver a repetirse?”.

Con todo, las fuerzas sindicales no pierden de vista la relevancia que las próximas elecciones tendrá para el futuro de los derechos de los trabajadores en el conjunto del país.

CCOO reconoce, pese a sus críticas a la gestión del Gobierno en ámbitos como la vivienda y su actitud frente a los casos de corrupción a los que se le vinculan, que estas últimas legislaturas sí han alumbrado logros en materia de política social. “Lo mismo que hablamos de lo malo, también lo hacemos de lo bueno —continúa Lara—. Ha habido avances en temas como las pensiones, el salario mínimo o los derechos sociales”. Pese a todo, el sindicalista se confiesa pesimista: “Tenemos, por un lado, una izquierda que lo ha hecho mal estos ocho años y, por otro, partidos de otro ámbito que ya sabemos cómo actúan: ni una opción ni la otra, a mí particularmente, me satisfacen”.

Aparicio, por su parte, incide en la necesidad de impulsar la mejora de los salarios y de abordar de manera rigurosa el problema de la vivienda que asuela actualmente España. “Queremos una ley de vivienda en condiciones que favorezca la existencia de un parque de viviendas verdaderamente público y asequible —reclama la sindicalista—. Lo que no queremos son viviendas públicas con las que luego se especule vendiéndolas a fondos buitre”.

Más preciso en sus reivindicaciones es el presidente del CSIF. Juan Iglesias habla, ciñéndose al ámbito de las administraciones públicas, de la necesidad de recuperar la estructura salarial anterior a 2010, reducir la temporalidad y reforzar las plantillas.

“Aquí en Ceuta, fruto de la situación extraordinaria que atravesamos, las carencias estructurales que ya existían se han visto expuestas más que nunca”, ilustra el líder de CSIF en la ciudad.