Urbanismo defiende la demolición en el Sarchal y asegura que los desalojos serán temporales

El consejero de Urbanismo y Transporte, Rafael Martínez Peñalver, ha comparecido en el Pleno de la Asamblea para responder a la interpelación del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) sobre la demolición del antiguo local social del Sarchal y la situación de las familias afectadas.

Martínez Peñalver ha querido dejar claro que la actuación “no se adopta para perjudicar a ninguna familia, sino para proteger su seguridad”, y ha añadido que se trata de “inmuebles en situación de riesgo, de una actuación de demolición declarada de emergencia y de un entorno especialmente sensible, porque afecta a un BIC”.

El consejero ha señalado que la situación “viene de muchos años atrás”, aunque ha precisado que la existencia de declaraciones de ruina “no significa que pueda actuarse de forma automática, especialmente cuando hay personas que pueden verse afectadas”. También ha informado de que ya se ha procedido a la demolición de la pasarela de acceso, “que era lo que más preocupaba”.

Viviendas afectadas y soluciones

En cuanto a las viviendas afectadas, ha confirmado que son cuatro, con distintas situaciones, y que el desalojo será temporal: “Hablamos de horas en algunos casos o días en otros, mientras la empresa ejecute los trabajos conforme a su plan”.

Sobre las soluciones para las familias, ha explicado que se han valorado alternativas con los servicios sociales y que, en caso de no disponer de alojamiento temporal, “se les dará el recurso habitacional que corresponda”. Ha añadido que el objetivo es que puedan regresar una vez desaparezca el riesgo derivado de las obras.

Respecto a la información facilitada a los afectados, ha indicado que “las familias han sido notificadas conforme al procedimiento legalmente establecido”, y que además se realizaron llamadas telefónicas y reuniones en la Consejería, donde se les explicó la situación y el carácter temporal del desalojo.

En relación con la planificación de la demolición, ha señalado que se está ejecutando según el plan de la empresa y la normativa vigente, especialmente por la presencia de amianto, y que la documentación ha sido presentada ante la Inspección de Trabajo.

Por último, sobre la duración de los desalojos, ha explicado que el plazo global de las obras es de unos dos meses, aunque el tiempo de desalojo será mucho menor: “No estamos hablando de un desalojo indefinido, sino de medidas cautelares temporales: horas, un día o, en algunos casos, días o semanas como máximo, según la evolución de los trabajos”.