La vivienda protegida se adapta a los hogares que pierden sus ingresos

CONSEJO DE GOBIERNO

El Gobierno modifica el sistema vigente para adaptarlo a situaciones de vulnerabilidad económica sobrevenida. La medida permitirá mantener excepcionalmente las bonificaciones cuando se acredite falta de recursos

El plan contempla 3,4 millones para mejorar antiguas VPO, subvenciones de hasta el 100 % y ayudas mensuales de 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes
El plan contempla 3,4 millones para mejorar antiguas VPO, subvenciones de hasta el 100 % y ayudas mensuales de 250 euros para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes | E.P.

Ceuta/ El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado este martes una modificación del artículo 6 del procedimiento de aplicación de medidas para facilitar el pago de créditos por adquisición de vivienda, con el objetivo de adaptar el sistema de bonificaciones a situaciones de vulnerabilidad económica sobrevenida derivadas de la ausencia de ingresos.

La modificación, impulsada por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, afecta a un procedimiento aprobado por el Consejo de Gobierno en febrero de 2014 y pretende corregir las disfunciones estructurales detectadas en el actual régimen de ayudas cuando las circunstancias económicas de los beneficiarios empeoran de manera imprevista.

Según ha explicado el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, la medida busca garantizar la función social de la vivienda protegida y evitar que una situación de falta sobrevenida de recursos económicos pueda poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los inquilinos.

Para ello, se plantea establecer un régimen excepcional que permita mantener las bonificaciones existentes cuando se acredite de forma fehaciente la carencia sobrevenida de recursos económicos. De esta forma, la Administración podrá tener en cuenta las nuevas circunstancias económicas del beneficiario.

El Ejecutivo ceutí considera que esta modificación permitirá ofrecer una respuesta más adecuada ante situaciones de vulnerabilidad económica que no existían inicialmente, al tiempo que se preserva el objetivo social de la vivienda protegida y se favorece la continuidad de las obligaciones de pago.

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