CEMSATSE denuncia “el uso del poder” del INGESA para deslegitimar el derecho de huelga
SANIDAD
El sindicato critica un comunicado previo del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y señala que la administración pretende erigirse simultáneamente en empleador, parte interesada, juez de las reivindicaciones sindicales y portavoz de la verdad oficial”
CEMSATSE denuncia públicamente la extraordinaria gravedad del comunicado difundido por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), un texto que “traspasa todos los límites exigibles a una administración Pública y constituye un intento evidente de desacreditar una convocatoria de huelga legítima mediante el uso de recursos y canales institucionales”, según el sindicato de enfermería.
“Estamos ante un documento oficial en el que la administración empleadora dedica páginas enteras a cuestionar las razones de la huelga, desacreditar a la organización convocante, ridiculizar sus reivindicaciones y trasladar a la opinión pública la idea de que el conflicto carece de justificación”, continúa el comunicado.
Al sindicato le resulta incompatible con el respeto debido a un derecho fundamental reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución, al tiempo que recuerda el INGESA “no es una institución independiente”, sino la propia administración “contra la que se dirige la huelga”.
“Resulta especialmente preocupante que dicha administración pretenda erigirse simultáneamente en empleador, parte interesada, juez de las reivindicaciones sindicales y portavoz de la verdad oficial sobre el conflicto. Ninguna Administración puede arrogarse la facultad de determinar cuándo los trabajadores tienen motivos suficientes para hacer huelga”, subrayan, destacando que el comunicado en cuestión “transmite hostilidad”.
“Cuando una administración afirma que una huelga sirve únicamente para obtener publicidad, que no tiene base objetiva o que sus reivindicaciones son absurdas, no está informando a la ciudadanía, está cometiendo una conducta antisindical. Cuando una administración realiza afirmaciones dirigidas a desacreditar personalmente a los profesionales sanitarios, insinuando la existencia de intereses económicos particulares, referencias a consultas privadas y presuntas ventajas retributivas que nada tienen que ver con los objetivos declarados en la convocatoria de huelga, no está informando a la ciudadanía está insultado a los profesionales”, expresa el sindicato.
El Pueblo de Ceuta recoge en cursiva a continuación el resto de términos de la nota de prensa:
Estas manifestaciones carecen de relación directa con los motivos recogidos en el preaviso de huelga, que se centran en cuestiones de dotación de personal, dimensionamiento de recursos humanos y estabilidad en el empleo. Del mismo modo, resulta improcedente que el INGESA utilice un comunicado institucional para cuestionar aspectos formales de la convocatoria, invocando defectos en el destinatario del escrito o en el cómputo del plazo de preaviso, mientras reconoce expresamente que ha dado curso a la tramitación de la huelga y ha convocado al Comité de Huelga para “negociar”.
Si la propia Administración ha entendido procedente la tramitación de la convocatoria, resulta contradictorio utilizar posteriormente esos mismos aspectos para intentar erosionar públicamente su credibilidad. Los posibles defectos formales no pueden convertirse en una herramienta de propaganda institucional contra quienes ejercen un derecho fundamental. CEMSATSE recuerda que la huelga convocada tiene por objeto exigir una adecuada planificación de recursos humanos, denunciar los problemas de cobertura profesional existentes y reclamar medidas que favorezcan la permanencia de los trabajadores sanitarios en Ceuta. Se trata de reivindicaciones legítimas relacionadas con las condiciones de trabajo y con la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.
La administración podrá discrepar de estas reivindicaciones, pero no puede negar a los trabajadores el derecho a plantearlas, defenderlas y movilizarse para reivindicarlas. Resulta igualmente significativo que el INGESA dedique cinco páginas a combatir las razones de la huelga y prácticamente ninguna a reconocer la legitimidad de la preocupación manifestada por los profesionales sanitarios respecto de la situación estructural del Área de Salud de Ceuta.
Las organizaciones sindicales existen precisamente para trasladar la percepción de los trabajadores sobre la realidad de los centros de trabajo. La discrepancia entre la valoración de la administración y la de los profesionales constituye la esencia misma del conflicto colectivo y justifica la existencia del derecho de huelga como mecanismo constitucional de defensa de intereses laborales.
Por todo ello, CEMSATSE denuncia públicamente que el comunicado del INGESA constituye un intento de desacreditación institucional de una convocatoria de huelga legítimamente promovida por una organización sindical legalmente constituida y con representación en el ámbito afectado.
La administración debe abandonar el terreno de la confrontación propagandística y volver al de la negociación y el diálogo social. El respeto al derecho de huelga exige neutralidad institucional, buena fe negociadora y abstención de cualquier conducta susceptible de desalentar, desprestigiar o condicionar el libre ejercicio de un derecho fundamental.
Intentar trasladar a la opinión pública la idea de que las reivindicaciones de los trabajadores obedecen a intereses corporativos o espurios supone una estrategia de deslegitimación incompatible con el respeto debido a la libertad sindical garantizada por el artículo 28.1 de la Constitución.
Está tratando de influir sobre ella. Está enviando un mensaje a los profesionales. Y está intentando condicionar anticipadamente la percepción pública del conflicto. Esa conducta resulta impropia de una administración sometida a los principios constitucionales de objetividad y servicio al interés general.
Ese es probablemente uno de los puntos más débiles del comunicado del INGESA y merece una respuesta jurídica contundente, porque el Instituto presenta como un mérito político propio lo que, en gran medida, ha sido una obligación legal impuesta por el ordenamiento europeo y por la situación crítica de temporalidad existente en el empleo público español.