Ceuta recibirá más de 30.000 euros para la lucha contra el cáncer

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este miércoles la distribución de dos millones de euros destinados a impulsar la lucha contra el cáncer en España, fortalecer la coordinación entre comunidades autónomas y consolidar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Ceuta recibirá un total de 32.264 euros. El objetivo de esta inversión, según informó el Ministerio de Sanidad en una nota de prensa, es reforzar los mecanismos de detección, coordinación y respuesta ante el cáncer, tanto en su vertiente asistencial como en la de investigación.

El primer acuerdo aprobado por el CISNS, dotado con 1.000.000 de euros con cargo al presupuesto del Ministerio de Sanidad para 2025, busca consolidar la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer en todo el territorio nacional. La actuación se enmarca en el Plan Europeo de Lucha Contra el Cáncer, concretamente en su Iniciativa Emblemática número 5, que fija como meta que el 90% de los pacientes oncológicos con requisitos clínicos puedan recibir tratamiento en centros reconocidos como integrales antes del año 2030.

Los fondos serán gestionados por las comunidades autónomas y por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que se encargará de su ejecución en Ceuta y Melilla. Cada territorio dispondrá de una cantidad fija de 55.555 euros para fomentar la autoevaluación, el desarrollo de capacidades (“capacity building”) y la certificación de centros oncológicos conforme a los estándares europeos.

El programa, con una previsión total de 3 millones de euros a lo largo de tres ejercicios, busca generar un impacto sostenido en la calidad asistencial y la equidad territorial, asegurando que pacientes de cualquier punto del país —incluidas las ciudades autónomas— puedan beneficiarse de los mismos recursos y tratamientos.

Sistema de Vigilancia del Cáncer

El segundo acuerdo aprobado en el seno del CISNS, dotado también con 1.000.000 de euros, se dedicará a fortalecer el Sistema de Vigilancia del Cáncer en España. Esta línea de actuación se financiará con fondos procedentes de las aportaciones de la industria farmacéutica al SNS, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2015.

El objetivo del programa es mejorar la recopilación, análisis y gestión de los datos epidemiológicos relacionados con el cáncer, un paso esencial para optimizar la planificación sanitaria y las políticas públicas de prevención.

La distribución de estos fondos se realizará mediante un criterio mixto: un 60% lineal —para asegurar un mínimo por territorio— y un 40% basado en criterios poblacionales, lo que permitirá una financiación proporcional a la carga demográfica. En el caso de Ceuta, el reparto total asignado asciende a 32.264 euros, de los cuales 685,18 euros corresponden al componente poblacional.

El plazo de ejecución de las actuaciones se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, y las comunidades deberán presentar una memoria justificativa que detalle las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos.

Con esta medida, el Ministerio de Sanidad pretende fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público ante los retos del cáncer, así como avanzar hacia una mayor homogeneidad en la recogida de datos y en la evaluación de resultados clínicos entre los distintos servicios de salud.

Diez cribados neonatales

El CISNS también ha dado luz verde a la inclusión de diez nuevas enfermedades endocrino-metabólicas en el programa nacional de cribado neonatal, lo que eleva a veintiuna las patologías detectables mediante la conocida “prueba del talón”.

Esta actualización responde a la necesidad de garantizar una atención homogénea en todo el país, facilitando un diagnóstico precoz y tratamiento temprano para enfermedades congénitas de baja prevalencia. Además, se incorpora el cribado de cardiopatía congénita, reforzando así el compromiso del SNS con la detección temprana de patologías graves desde los primeros días de vida.

El Ministerio ha subrayado que esta ampliación de la cartera común de servicios se basa en criterios de evidencia científica, eficacia y coste-efectividad, asegurando una prestación equitativa y de calidad para todos los recién nacidos.

Estrategia de Inteligencia Artificial

En la misma sesión, el Consejo Interterritorial ha aprobado la Estrategia de Inteligencia Artificial para el Sistema Nacional de Salud (eIASNS), una hoja de ruta que impulsa la digitalización y modernización del sistema sanitario.

La Estrategia contempla el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la gestión de datos, la toma de decisiones clínicas y la eficiencia operativa, con el objetivo de reforzar la equidad, la calidad y la sostenibilidad del sistema.

El documento se ha elaborado tras un análisis exhaustivo del nivel de implantación de la IA en las distintas comunidades autónomas, e incluye medidas para formar al personal sanitario, desarrollar entornos seguros de datos y promover proyectos piloto de innovación asistencial.

Patologías derivadas del amianto

El Pleno del CISNS ha aprobado además el Procedimiento para la emisión de certificados de patologías derivadas de la exposición al amianto, en desarrollo del Real Decreto 483/2025 y la Ley 21/2022, que creó el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

Este procedimiento permitirá a las comunidades autónomas constituir Equipos de Valoración de Víctimas del Amianto (EVVA), integrados por personal especializado en salud pública, laboral y ambiental. Dichos equipos serán los encargados de valorar los casos y emitir los certificados necesarios para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social pueda tramitar las compensaciones económicas previstas en la ley.

Estrategia de Ciberseguridad

Finalmente, el CISNS ha aprobado la Estrategia de Ciberseguridad del Sistema Nacional de Salud 2025-2028, un plan integral diseñado para proteger las infraestructuras digitales y los datos clínicos ante el creciente número de ciberataques en el ámbito sanitario.

El documento, elaborado con la participación activa de comunidades como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, establece protocolos para prevenir ataques de ransomware, robo de datos o accesos no autorizados, reforzando la seguridad y la continuidad asistencial en todo el sistema.