El complemento por el que grupos no universitarios superan a enfermeras o fisioterapeutas

La distribución del complemento de productividad en el ámbito sanitario del INGESA vuelve a situarse en el centro del debate laboral tras conocerse el desglose de las cuantías que percibe cada categoría profesional. Los datos evidencian una marcada desigualdad entre colectivos, lo cual motiva desde hace años la protesta de los sindicatos. Entre ellos, CEMSATSE, organización que agrupa a profesionales de Enfermería, Fisioterapia, Matronas y Medicina, y que reclama una equiparación acorde al nivel formativo y de responsabilidad de cada grupo.

El complemento de productividad se divide en dos: el fijo y el variable. Es precisamente en el componente fijo donde las enfermeras aparecen en la posición más baja de toda la escala. Según el desglose, este colectivo percibe únicamente 1,83 euros al mes, una cifra que contrasta de forma llamativa con la del resto de categorías. El siguiente grupo, el de las matronas, cobra 11,96 euros mensuales; los fisioterapeutas, 24,90; los técnicos especialistas, 32,60; y las auxiliares, 65,03 euros.

Por encima se sitúan los celadores, con diferentes cuantías en función de sus funciones y turnos. Aquellos sin atención directa al paciente perciben 118 euros al mes; los que tienen atención directa y turno fijo, 127,80; y quienes atienden directamente a pacientes y trabajan a turnos alcanzan los 146 euros mensuales. En el extremo superior de la tabla se encuentran los médicos adjuntos o facultativos especialistas de área, con un complemento fijo de 543,76 euros al mes.

La escala cambia en el complemento de productividad variable, donde las categorías universitarias de Enfermería, Fisioterapia y Matrona perciben 1.155 euros al año, una cuantía superior a la de los colectivos no universitarios. En este apartado, las auxiliares reciben 469 euros anuales, los técnicos 523 y los distintos grupos de celadores 425 euros. Los médicos, nuevamente, encabezan la clasificación con 3.341 euros anuales.

Sin embargo, al sumar ambos conceptos, el resultado vuelve a situar a las enfermeras en una posición muy desfavorable. El total anual que perciben asciende a 1.177 euros, lo que las deja en la penúltima posición del conjunto de categorías, solo por encima de los técnicos especialistas, que alcanzan los 908 euros. Las auxiliares superan esa cifra con 1.249 euros; las matronas llegan a 1.298; y los fisioterapeutas a 1.454 euros. Los celadores se mueven en una horquilla de entre 1.849 y 2.177 euros al año, mientras que los médicos alcanzan un total de 9.866 euros.

Desde CEMSATSE consideran que estos datos reflejan una situación “sin explicación ninguna”. El sindicato subraya que la tabla incluye tanto la productividad fija como la variable y que, aun así, los profesionales universitarios no médicos “quedamos a la cola de todas las categorías”. Especialmente crítica es la organización con el complemento fijo, que se abona mensualmente y que califican como “una cuantía de los años del Insalud”, acordada cuando el actual modelo de INGESA ni siquiera existía.

La organización aclara que su principal reivindicación no se centra en la diferencia con los médicos, a quienes reconocen una categoría superior por su mayor formación y especialización, sino en el agravio comparativo con colectivos no universitarios. “No tiene ni pies ni cabeza que categorías que no han pasado por la facultad cobren más productividad fija que enfermeras, matronas o fisioterapeutas”, señalan.

CEMSATSE recuerda además que Enfermería, Fisioterapia y Matronas son personal universitario y, por definición, facultativo, aunque INGESA continúe utilizando nomenclaturas antiguas en sus documentos oficiales. Esta cuestión, indican, ya ha sido objeto de debate en otras ocasiones y sigue generando confusión administrativa.

La problemática ha sido llevada a la mesa sectorial, donde INGESA ha solicitado propuestas para estudiar posibles cambios, aunque sin adquirir compromisos concretos. Desde el sindicato lamentan que la respuesta se limite a señalar las dificultades normativas para modificar un sistema “obsoleto” y reclaman una revisión en profundidad que permita una equiparación justa, basada en el nivel formativo, la responsabilidad asistencial y la realidad actual del sistema sanitario.