Denunciado un anestesista por la presunta falsificación de la firma de una paciente

El pasado miércoles una mujer que responde a las iniciales V.A.R.R. acudió a declarar con su marido al Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta en un procedimiento en el que acusan a un anestesista del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) de haber falsificado en 2021 la firma de la paciente para una operación quirúrgica en la que le fue extirpado un ovario por error.

La intervención fue supuestamente negligente y habría arrebatado su capacidad de tener descendencia, además de haberle supuesto un perjuicio físico y psicológico que se remonta hasta la actualidad, según fuentes consultadas por este diario y pruebas que aflorarán en una futura vista que aún se encuentra pendiente de señalamiento.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) también está encausado como responsable civil subsidiario y deberá enfrentar la indemnización si finalmente hay fecha de juicio y si, posteriormente, las autoridades estiman dictar una sentencia condenatoria para este caso.

El Pueblo de Ceuta ha conversado con la mujer afectada y con su marido tras la vista del miércoles en el Juzgado de Instrucción, y a continuación se recoge en letra cursiva y en su integridad la versión de la pareja a partir de estas líneas, en el orden cronológico de los acontecimientos que constan en su denuncia.

De la misma manera, los hechos denunciados han sido contrastados con la representación letrada de la mujer afectada y constiyen “una penosa historia” o “una pesadilla” marcadas por un lento periplo tanto sanitario como judicial:

Esta es la penosa historia de la pesadilla que sigue viviendo V.A.R.R. desde que, en agosto de 2019, comenzara a padecer una dismenorrea de carácter invalidante que la obligaba a permanecer en cama con mucho dolor, teniendo que acudir en varias ocasiones a Urgencias para ser tratada.

En una de las visitas a Ginecología, para diagnosticar el origen del dolor, se le realizó una ecografía vaginal que indicaba una inflamación en su ovario izquierdo. Para contrastar dicha ecografía y confirmar el diagnóstico, se realizó en el mismo mes y año un TAC abdominopélvico, una prueba que mostró un “aumento del volumen del anexo izquierdo”.

Ello fue igualmente confirmado mediante una resonancia magnética (RMN) y una ecografía transvaginal (ECOtv).

En otra visita al Servicio de Urgencias debida a que sufría un dolor insoportable, se le practicó una analítica de sangre y un nuevo TAC, que confirmaba nuevamente el aumento de tamaño de la zona izquierda.

La analítica reveló un valor del marcador tumoral CA 125 de 316,7 (muy por encima del rango normal de 0 a 35), por lo que se solicitó una valoración urgente del Servicio de Ginecología.

Se le realizó una RMN pélvica que diagnosticó un “quiste unilocular de cuatro centímetros en el ovario izquierdo”, un hallazgo que sugería “un endometrioma o un quiste funcional complicado con sangrado”.

En septiembre de 2019, tras todas las pruebas diagnósticas realizadas, se prescribió una RMN de control que volvió a mostrar los mismos hallazgos: “quiste unilocular de cuatro centímetros en el ovario izquierdo (…). Ovario derecho sin alteraciones”.

Durante el resto de 2019 y también en 2020 el quiste continuó aumentando de tamaño y, en consecuencia, también los dolores.

En 2021 se le diagnosticó, mediante RMN, que “en el área anexial derecha no se objetivan hallazgos patológicos”, si bien el documento recogía “lesiones quísticas a nivel anexial izquierdo” y una “lesión quística lobulada de 8,5 x 3,9 centímetros”.

Meses más tarde, un nuevo control confirmó que el quiste izquierdo había aumentado hasta los 10 x 6 centímetros, mientras el lado derecho había mantenido una morfología normal.

De la misma manera, una analítica mostraba un aumento del CA 125 a 178.

Dado el crecimiento del quiste izquierdo, el aumento del marcador tumoral y los dolores incapacitantes, en la consulta de Ginecología del 8 de abril de 2021 la doctora estimó oportuno realizar una intervención quirúrgica para practicar una anexectomía izquierda por laparoscopia debido a un “quiste anexial izquierdo”, tal y como se indicó en el único consentimiento informado firmado ese día y en el que constaba que el anexo derecho permanecía normal.

La paciente esperaba que, con la operación de extirpación del quiste izquierdo, desaparecieran los dolores incapacitantes y que, según la explicación de la doctora, el CA 125 volviera a los parámetros normales.

El 26 de abril de 2021, la paciente firmó el parte de ingreso hospitalario, en el que se detallaba que tenía un “quiste anexial izquierdo”.

El 27 de abril de 2021 se realizó la operación. Al entrar en el quirófano, V.A.R.R. comunicó a la doctora que estaba a dos días de su menstruación, a lo que la médica respondió que “no pasaba nada”.

La intervención duró unas cuatro horas. Tras finalizar, la ginecóloga informó al cónyuge de que habían extirpado el ovario y la trompa del lado derecho.

No obstante, él discrepó, recordando que todas las pruebas (ecografías, RMN, ECOtv, TAC) mostraban que el quiste estaba en el anexo izquierdo.

La doctora afirmó entonces que “todas las pruebas estaban erróneas y al revés”, y que el quiste estaba en el lado derecho.

Después de la intervención, la paciente continuó experimentando los mismos dolores o incluso más fuertes, con un drenaje que salía por la parte izquierda.

La doctora insistió, no obstante, en que tales dolores eran “normales” tras la operación.

El alta hospitalaria del 30 de abril de 2021 indicó como diagnóstico principal la existencia de un “quiste ovárico no especificado en lado derecho”, pese a que todas las pruebas y el único consentimiento firmado señalaban el lado izquierdo.

La recuperación en su domicilio fue muy lenta: falta de fuerza, debilidad extrema, incapacidad para realizar tareas básicas o para comer, necesidad de ayuda constante...

El informe patológico confirmó que lo extirpado fue un “quiste luteínico hemorrágico (quiste funcional)”, un quiste que aparece de forma fisiológica días antes de la menstruación y que se elimina durante la regla.

La intervención provocó una hemorragia severa que casi le cuesta la vida, al romperse el ovario derecho y extirparse también la trompa sana del mismo lado.

Con ello, la pareja perdió su capacidad de ser padres por vía natural con el único lado sano que les quedaba. Llevaban ocho meses casados con el primer diagnóstico.

El 26 de mayo de 2021, en una consulta privada con la misma doctora, la médica confirmó mediante una ecografía vaginal que en el lado derecho ya no había nada y que en el izquierdo persistía un pequeño aumento, menor que el anterior.

Ante las preguntas sobre la intervención, la facultativa cambió su versión anterior y afirmó que la operación fue “muy complicada” y que hubo hemorragia, explicando así la debilidad de la paciente.

También negó haber extirpado un quiste luteínico hemorrágico pese al informe patológico.

En junio de 2021, la paciente presentó una reclamación en el Servicio de Atención al Paciente del HUCE.

La respuesta aseguraba que la doctora actuó correctamente y que la intervención transcurrió “con normalidad” y “sin complicaciones”, en clara contradicción con otras afirmaciones.

Un periplo judicial que ya se remonta a un lustro de más sombras que luces

Tras la respuesta negativa del Servicio de Atención al Paciente del Hospital Universitario de Ceuta, V.A.R.R. presentó una reclamación patrimonial al INGESA por una supuesta mala praxis y luego denunció a la ginecóloga. La causa fue sobreseída, y el recurso posterior fue desestimado por la Audiencia Provincial en marzo de 2025.

No obstante, este año la paciente volvió a denunciar, esta vez al anestesista y por la supuesta falsificación de la firma de la mujer en el segundo consentimiento. V.A.R.R. confía en que prospere esta nueva vía y El Pueblo de Ceuta recoge íntegramente a continuación el final de su relato:

La pareja contactó en 2021 con el Defensor del Paciente en Málaga. En octubre de ese año presentaron una reclamación patrimonial contra el INGESA por la posible responsabilidad derivada de la supuesta mala praxis. Ante la falta de respuesta del INGESA, en marzo de 2022 se presentó también una denuncia penal contra la ginecóloga.

El Juzgado Mixto nº 4 de Ceuta inició diligencias previas y solicitó un informe del médico forense. En noviembre de 2022, la médico forense concluye que “V.A.R.R. ingresó el 26 de abril de 2021 para laparoscopia exploradora por lesión quística anexial sintomática (ovario izquierdo). La historia clínica recoge patología anexial en el ovario izquierdo. Tanto en la Solicitud para ingreso en lista de espera quirúrgica como en la Solicitud de Ingreso para la Intervención se refleja claramente la lateralidad (quiste anexial izquierdo y quiste ovario izquierdo). Se realizó la cirugía en lugar erróneo practicándose una anexectomía derecha.”

Tras la instrucción y las declaraciones de testigos y peritos, la jueza dictó auto de sobreseimiento libre en junio de 2023, a solicitud del Ministerio Fiscal y con adhesión de la defensa. Contra ese auto se interpone un recurso de apelación.

No obstante, la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección VI) dictó en marzo de 2024 un auto desestimatorio, argumentando entre otros fundamentos que “en los consentimientos informados de 8/4/21 y 23/4/21, ambos firmados por la recurrente, V.A.R.R. autoriza que se realicen actuaciones oportunas, incluyendo modificaciones en la forma de realizar la intervención”.

Gracias a ese auto, se descubrió la existencia de un segundo consentimiento con firma falsificada, presentado por INGESA. Dicho documento habría permitido modificar la conclusión de la médico forense, justificar el sobreseimiento y apoyar la desestimación del recurso.

La letrada de V.A.R.R. interpuso entonces una denuncia en mayo de 2025 contra un anestesista del HUCE y contra el INGESA como responsable civil subsidiario por falsificar la firma de la paciente en dicho consentimiento. Señaló que, hasta el auto de la Audiencia, no se sabía de la existencia del consentimiento del 23 de abril de 2021, pues V.A.R.R. solo firmó el de 8 de abril. La paciente acudió al HUCE el 14 de abril para un electro, pero nunca el 23 de abril para ninguna consulta, prueba o firma, ni tuvo contacto con Anestesia en esa fecha. Afirmaba también que no autorizó cambios en la operación ni otros aspectos indicados en el documento falsificado.

Ese documento se presentó en el procedimiento penal de marzo de 2022 y fue clave para considerar que no existió negligencia, causando un grave perjuicio psicológico a la paciente.

Un perito calígrafo judicial confirmó posteriormente que la firma del consentimiento de 23/4/21 no pertenece a V.A.R.R., acreditando la falsificación.

El miércoles 19 de noviembre de 2025, la jueza citó a las partes, y ambas comparecieron V.A.R.R. y el anestesista.

La paciente se ratificó en la denuncia y ambas partes declararon, si bien el médico se negó a responder a las preguntas de la acusación.