Sanidad pública universal
El director del INGESA defiende una sanidad universal que cubra a todo residente en España
Sanidad pública universal
El director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en Ceuta, Jesús Lopera, está a favor de que “todas las personas que se encuentren en España” tengan el derecho de que se cuide de su salud. “¿O solamente cuidamos de los que vengan de fuera a trabajar y que tengan mucho dinero?”, se preguntó este sábado el gestor en respuesta a la prensa acerca de la medida recientemente aprobada por el Gobierno nacional y consistente en garantizar una sanidad pública universal a las personas en situación irregular.
Una iniciativa con la que ha polemizado la derecha. Este mismo viernes, en Ceuta, los portavoces de Vox en Andalucía y Melilla coincidieron en tildar de “locura” el proyecto ejecutado por el Ejecutivo socialista. Creen que el dinero que se destina a atender a las personas migrantes aún sin regular debería invertirse en las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos que cotizan y contribuyen a llenar las arcas con las que se financian los servicios públicos.
El portavoz andaluz, Manuel Gavira, llegó a asegurar que la Junta de Andalucía gasta “más de 1.500 millones de euros” en la atención sanitaria de extranjeros sin regularizar y vaticinó que si estos fondos fueran destinados a la sanidad de los andaluces “no habría listas de espera ni precariedad laboral en el personal sanitario”. Sobre estas declaraciones fue preguntado Jesús Lopera a primera hora de este sábado, a las puertas del IES Siete Colinas, donde compareció por el inicio de los exámenes de Ofertas Públicas de Empleo (OPE).
“En gestión, todo lo que se gaste en una cosa se podría decir que se deja de gastar en otra”, reconoció, para después recordar que “la ley de la sanidad universal implica que toda persona que se encuentre en España tenga derecho a que se le trate cuando se ponga enfermo”. Garantizó que el Gobierno “está invirtiendo en sanidad”, la que perciben todos los españoles. “En lo que nos corresponde a nosotros, en Ceuta estamos invirtiendo en recursos humanos, en obras, en instalaciones, en equipamiento… A partir de ahí, el resto son conjeturas, opiniones. Ya sabemos cuál es el discurso de Vox”, remató.
España garantiza la sanidad pública universal a las personas en situación administrativa irregular desde este viernes, tras la entrada en vigor el Real Decreto 180/2026 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que encontrándose en España no tengan su residencia legal en el territorio español. Para acceder será necesario presentar una declaración responsable y acreditar residencia en España. La administración tendrá hasta tres meses para responder y el documento sanitario será válido en todas las comunidades autónomas
El Gobierno ha creado una mesa de análisis para la implementación del mencionado real decreto. Han constituido así un ámbito de participación para facilitar la homogeneidad en la aplicación de la normativa en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y la detección de posibles problemas en su desarrollo. A él pertenecen el Ministerio de Sanidad; las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla; y las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito del acceso al sistema sanitario.
Según se detalla en la orden ministerial por la que se constituye la mesa de análisis, la aprobación del decreto se enmarca en la evolución histórica del Sistema Nacional de Salud (SNS), que desde su creación ha ampliado progresivamente la cobertura sanitaria con el objetivo de garantizar la universalidad de la atención. Este principio está recogido en normas clave como la Ley 14/1986, General de Sanidad, la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que establecen el acceso a la salud como un pilar fundamental del sistema público.
Sin embargo, esta tendencia se vio interrumpida en 2012 con la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, una norma que restringió el acceso a la atención sanitaria pública a determinados colectivos, especialmente a las personas migrantes en situación administrativa irregular. Desde entonces, su acceso quedó limitado principalmente a la atención urgente, así como a la asistencia durante el embarazo, el parto y el postparto, mientras que los menores de 18 años mantuvieron la cobertura completa.
El nuevo Real Decreto 180/2026 busca revertir parcialmente esas limitaciones y avanzar nuevamente hacia la universalidad sanitaria. Para facilitar su aplicación en todo el territorio, el Ministerio de Sanidad ha impulsado además una orden ministerial que crea una Mesa de análisis para la implementación del decreto.
La finalidad de este foro será analizar los retos prácticos que plantea la aplicación del decreto y coordinar medidas que permitan garantizar su correcta implantación en los distintos servicios de salud. Con ello, el Ejecutivo busca reforzar la colaboración institucional y asegurar que el acceso a la atención sanitaria se materialice de forma efectiva en todo el país.
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