El Gobierno aprueba la nueva Ley de Medicamentos: los genéricos tendrán diferente precios

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, una reforma con la que el Gobierno pretende actualizar el modelo farmacéutico español tras más de veinte años de vigencia del sistema actual. El texto iniciará ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados.

Uno de los cambios más relevantes afecta al sistema de financiación de los medicamentos. La norma establece un importe máximo que será financiado por el Sistema Nacional de Salud para cada grupo de fármacos. A partir de ese umbral, los laboratorios podrán fijar precios diferentes para un mismo medicamento y el usuario decidirá qué opción adquirir.

De este modo, los fabricantes que comercialicen medicamentos genéricos podrán ofrecer precios inferiores para competir en el mercado, mientras que los laboratorios que mantengan marcas comerciales podrán vender sus productos por encima del importe financiado. En estos casos, el paciente asumirá la diferencia, además del copago que le corresponda según su nivel de renta. Los pensionistas continuarán exentos del pago en los supuestos previstos por la normativa, salvo que opten por un medicamento con un precio superior al financiado.

El Ministerio de Sanidad considera que este sistema favorecerá una mayor implantación de los medicamentos genéricos y biosimilares, lo que contribuirá a contener el gasto farmacéutico y acercar el mercado español a los modelos implantados en otros países europeos.

Medicamento estratégico

La futura ley también incorpora medidas para reducir los problemas de suministro de medicamentos. Entre ellas destaca la creación de la figura del "medicamento estratégico", reservada para aquellos fármacos considerados esenciales y cuya cadena de abastecimiento presente riesgos. En estos casos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá aplicar medidas regulatorias y económicas específicas para prevenir desabastecimientos.

Además, fabricantes, distribuidores y oficinas de farmacia estarán obligados a informar sobre sus niveles de existencias, con el objetivo de mejorar la planificación y anticiparse a posibles faltas de suministro.

En materia de precios, el proyecto mantiene el actual sistema de precios de referencia, pero incorpora un mecanismo complementario denominado "precios dinámicos". Este modelo permitirá que el precio de determinados medicamentos se reduzca de manera progresiva conforme aumente la presencia de genéricos y biosimilares tras la expiración de las patentes de los medicamentos originales. Cada fármaco estará sujeto únicamente a uno de los dos sistemas.

Según las previsiones del Ministerio de Sanidad, la aplicación de este conjunto de medidas podría generar un ahorro cercano a los 2.100 millones de euros anuales para las comunidades autónomas.

La reforma también contempla un procedimiento para agilizar la incorporación de medicamentos innovadores a la sanidad pública cuando respondan a necesidades terapéuticas sin alternativas disponibles. En estos casos, hospitales y centros sanitarios podrán comenzar a utilizar determinados tratamientos durante un plazo máximo de 180 días mientras se negocia el precio definitivo con el laboratorio.

Durante ese periodo inicial, la Administración abonará el precio solicitado por la compañía farmacéutica, aunque posteriormente podrá revisarse y, si corresponde, exigir la devolución de parte de las cantidades abonadas cuando el precio definitivo resulte inferior o el medicamento no alcance los resultados previstos.

Además, la ley amplía los profesionales con capacidad para indicar y prescribir determinados medicamentos dentro de su ámbito competencial. A los médicos, odontólogos y podólogos se sumarán el personal de enfermería y los fisioterapeutas, una medida que deberá desarrollarse reglamentariamente durante el próximo año mediante protocolos de coordinación entre las distintas profesiones sanitarias.

Por último, el texto incorpora mecanismos para facilitar el acceso a los medicamentos en circunstancias excepcionales o cuando la situación clínica, la dependencia, la discapacidad o la vulnerabilidad del paciente dificulten sus desplazamientos. Esta previsión permitirá que determinados tratamientos puedan entregarse directamente en el domicilio del paciente sin necesidad de acudir presencialmente a una farmacia o al servicio de farmacia hospitalaria.