Visita del secretario de Sanidad
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Ceuta ha dejado de ser una de las ciudades españolas en las que las mujeres no pueden abortar. Desde diciembre, el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) practica la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por medio del método farmacológico, el cual se está eligiendo “de manera masiva, disminuyendo de manera muy notable la necesidad de desplazamiento” a la península. Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien se ha congratulado de que en el próximo informe anual del Ministerio sobre IVEs la ciudad autónoma dejen de figurar cero procedimientos.
“Creemos que esto es, sin ningún tipo de lugar a dudas, un avance dentro de las prestaciones de la ciudad, en un ámbito muy concreto, como es el de los derechos sexuales y reproductivos de las de las mujeres”, ha valorado el de Sumar en una rueda de prensa ofrecida a primera hora de la mañana en el Parador La Muralla. El trabajo coordinado de los equipos directivos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y los profesionales de Ginecología y matronas del hospital ha posibilitado la creación de una “consulta de planificación familiar”. Por el momento, el único método de IVE que se ejecuta en el HUCE es el farmacológico, que es aceptado y elegido por la mayoría de las solicitantes, según aseguró Padilla. Además, tras la ejecución de la interrupción, la referida consulta ofrece la posibilidad de hacer un “seguimiento posterior en caso de que sean necesarias más prestaciones relacionadas con el ámbito de la de la anticoncepción”.
“Lo que nos estamos encontrando ahora es que una abrumadora mayoría de las mujeres que acuden para solicitar la introducción lo hacen en las semanas en las cuales la metodología farmacológica está indicada, y eligen esa esa indicación”, aclaró. Están abiertos a “valorar” otros métodos en caso de que se soliciten. Para la puesta en marcha de la actividad han contado no solo con la voluntad de los profesionales del HUCE que estarán a su cargo, sino también con la “colaboración de algunas regiones que lo están llevando a cabo de manera excelente”. Es el caso de Cataluña. Se reunieron con directivos y personal de hospitales catalanes, una de las autonomías “que lleva más tiempo haciendo interrupciones del embarazo en el ámbito de la sanidad pública”. Padilla explicó que no quisieron informar en diciembre del primer aborto en Ceuta porque prefirieron esperar a dar la noticia cuando “cogiera cuerpo”. “No solamente ha cogido cuerpo, sino que se ha integrado dentro de una consulta de planificación familiar que excede la interrupción voluntaria del embarazo, que permite agilidad para dar respuesta”, añadió.
El secretario de Estado puso en valor la apuesta por mantener el número de profesionales en Ginecología y Obstetricia pese a la importante disminución de su actividad asistencial ocurrida tras el cierre de la frontera. Se han reducido los partos en un 55,5 por ciento, aunque los ginecólogos y las matronas siguen siendo los mismos. “En los últimos años tenemos una caída de la actividad asistencial con un mayor número de profesionales, lo que nos permite empezar a abrir nuevos ámbitos de trabajo en un contexto en el que han llegado inversiones y van a seguir llegando”. Inversiones que cifró Padilla en 11 millones en los últimos dos años.
Este anuncio acalla las críticas que se han vertido en el último año hacia la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien partidos políticos y sindicatos acusaban de hipocresía al defender que el aborto se practique en todos los hospitales públicos mientras en los dos únicos que su cartera gestiona no se ejecutaban.
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