INGESA pide a la Ciudad que abone los gastos de la atención a menores migrantes
Sanidad
Sanidad quiere que el Gobierno local pague por los servicios prestados a los niños y adolescentes, al ser su competencia. El ejecutivo autonómico ha recurrido la solicitud
El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado este miércoles, a propuesta de la Consejería de Presidencia y Gobernación, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra las liquidaciones emitidas desde el Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) por los servicios y actividades prestados a menores extranjeros no acompañados durante agosto de 2026. La Ciudad considera que no debe asumir el coste de estas actuaciones y ha decidido recurrir nuevamente la reclamación de Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
El Ejecutivo local mantiene así el pulso jurídico que viene años sosteniendo con Sanidad por los gastos derivados de la atención a menores extranjeros no acompañados. El portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, ha recordado que esta se trata de una actuación que ya se ha realizado en anteriores ocasiones ante las reclamaciones de INGESA para que la Ciudad abone los servicios prestados a estos menores.
El conflicto no es nuevo. En mayo de 2025, el Gobierno ceutí ya acordó recurrir las liquidaciones emitidas por el Hospital Universitario de Ceuta correspondientes a servicios prestados a menores extranjeros no acompañados. La Ciudad defendió entonces que no le correspondía asumir determinados costes vinculados a las actuaciones sanitarias relacionadas con la determinación de edad. El asunto terminó en los tribunales después de que INGESA rechazara el recurso presentado por la Administración local.
La posición de la Ciudad parte de que, aunque la Administración autonómica tiene atribuida la protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, las competencias sanitarias en Ceuta permanecen en manos del Estado y son gestionadas por INGESA. Precisamente esta circunstancia forma parte de los argumentos empleados por el Ejecutivo local para cuestionar que tenga que hacerse cargo de determinadas actuaciones sanitarias.
En el caso planteado en 2025, la controversia estaba relacionada específicamente con servicios prestados por el HUCE dentro de los procedimientos de determinación de edad. La Ciudad sostenía que la normativa atribuye al Ministerio Fiscal la competencia para instar las pruebas médicas destinadas a determinar la edad de quienes se declaran menores cuando existen dudas sobre su minoría de edad.
Este periódico tiene constancia de que, durante el pasado mes de agosto, los profesionales del INGESA han llevado a cabo en el HUCE esas mismas pruebas de determinación de edad.
