Nace el Sindicato Médicos Unidos con el fin de exigir su propio estatuto

El Sindicato Médicos Unidos (SMU) se ha constituido como una nueva organización sindical médica de ámbito estatal con el objetivo de reclamar la aprobación de un Estatuto del Médico que regule de forma específica las condiciones de ejercicio de la profesión, según ha anunciado la propia organización en una carta dirigida al Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, los grupos parlamentarios, organizaciones profesionales y sindicales y asociaciones de pacientes.

El nuevo sindicato nace del movimiento generado en torno a la asociación Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) y asegura responder a una demanda que, según sostiene, vienen expresando “miles de médicos” en todo el territorio nacional: contar con una representación propia y efectiva para negociar las condiciones en las que ejercen la medicina.

SMU se define como una organización “libre, democrática, independiente y sin ánimo de lucro”, sin vinculación orgánica ni dependencia de partidos políticos, administraciones públicas, organizaciones empresariales u otras entidades. Su representación estará integrada por médicos en ejercicio profesional activo.

La organización considera que el conflicto que atraviesa actualmente la profesión médica no puede abordarse únicamente como una negociación laboral, ya que, a su juicio, afecta a competencias estatales y autonómicas y requiere decisiones legislativas, organizativas y presupuestarias que tienen también consecuencias sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En este sentido, SMU reclama un Pacto de Estado por la Sanidad que trascienda gobiernos, territorios y legislaturas y que permita abordar de manera conjunta la situación de la profesión médica y del sistema sanitario.

Un Estatuto del Médico

La principal reivindicación del nuevo sindicato es la creación de una norma propia para la profesión médica. SMU sostiene que la medicina es una profesión titulada y regulada, con autonomía técnica y científica y un nivel de responsabilidad que, según su planteamiento, justifica disponer de una regulación específica.

La organización recuerda que los médicos contaron históricamente con una regulación propia hasta la aprobación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud en 2003 y considera que desde entonces la profesión ha perdido capacidad de representación en los ámbitos donde se adoptan decisiones relacionadas con sus condiciones de trabajo.

Por ello, reclama un Estatuto del Médico que regule, entre otras cuestiones, la clasificación profesional, la jornada y los descansos, las retribuciones, la estabilidad laboral y la movilidad, la carrera profesional, la formación continuada, las condiciones de ejercicio y la responsabilidad profesional.

Además, exige que las condiciones específicas en las que los médicos ejercen la medicina sean negociadas con una representación efectiva del colectivo.

Críticas a las jornadas y a la falta de personal

El sindicato sitúa entre las causas del conflicto la precariedad laboral, la temporalidad, las dificultades para conciliar, la pérdida de poder adquisitivo, las plantillas insuficientes y las jornadas que, según afirma, superan de forma habitual la jornada ordinaria.

SMU sostiene que los médicos pueden llegar a realizar jornadas de entre 60 y 90 horas semanales y cuestiona especialmente la denominada jornada complementaria, que, según denuncia, permite realizar cientos de horas adicionales bajo las denominadas “necesidades del servicio”. La organización afirma que estas horas no computan como tiempo trabajado a determinados efectos, se remuneran por debajo de la hora ordinaria y no contemplan descansos compensatorios proporcionales.

En su comunicado, el sindicato vincula esta situación con las tasas de reposición aplicadas durante la crisis económica, que, según señala, llegaron a establecer que por cada 100 médicos jubilados se incorporasen diez, lo que habría contribuido a generar plantillas infradimensionadas y sobrecarga de trabajo.

La organización reclama asimismo una revisión de las plantillas, de la jornada y los descansos y de las condiciones retributivas para adecuarlas, según plantea, a la formación, cualificación y responsabilidad de los profesionales.

Financiación extraordinaria

La segunda gran línea de actuación planteada por SMU pasa por establecer una financiación extraordinaria destinada a recuperar las condiciones de la profesión médica.

El sindicato considera que cualquier reforma que pretenda corregir problemas acumulados durante más de dos décadas tendrá un impacto presupuestario y reclama una “memoria económica rigurosa” y un instrumento extraordinario de financiación, finalista y suficiente, que deberá coordinarse entre el Estado y las comunidades autónomas.

SMU pone como ejemplo el debate sobre la remuneración de las guardias y recuerda que en julio de 2025 se hizo público un borrador de anteproyecto de reforma del Estatuto Marco en el que el Ministerio de Sanidad planteaba que la hora de guardia no fuese retribuida por debajo de la hora ordinaria.

Según expone el sindicato, tras la reunión de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial celebrada en julio del pasado año, las comunidades autónomas reclamaron al Ministerio una evaluación de la viabilidad económica y un compromiso presupuestario para poder aplicar la medida.

Medidas inmediatas en las autonomías

La tercera propuesta del SMU pasa por la aplicación inmediata de medidas en las comunidades autónomas. La organización reconoce que las autonomías no pueden aprobar por sí solas un Estatuto estatal para los médicos, pero señala que disponen de competencias sobre la organización de sus servicios de salud y sobre numerosas condiciones laborales.

Por ello, propone medidas que, según defiende, deberían aplicarse en todas las comunidades autónomas y también en Ceuta y Melilla, con independencia del partido que gobierne en cada territorio.

SMU considera que las diferencias entre las condiciones laborales de los médicos en las distintas autonomías pueden incrementar la desigualdad territorial y sostiene que debería existir una base común para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

“Por responsabilidad”

El nuevo sindicato también vincula sus reivindicaciones laborales con la situación de la asistencia sanitaria. En su comunicado asegura que los médicos observan desde dentro el crecimiento de las listas de espera y las demoras en consultas, pruebas e intervenciones, aunque precisa que estas situaciones son anteriores a las actuales movilizaciones.

“Los médicos no estamos en la calle únicamente por un conflicto laboral, estamos en la calle también para defender un sistema sanitario que es de todos”, afirma la organización.

SMU reconoce asimismo el impacto que las huelgas tienen sobre los pacientes, pero sostiene que las movilizaciones han llegado después de más de un año y medio de intentos de negociación y tras considerar que el esfuerzo adicional de los profesionales no ha resuelto el deterioro que denuncia.

La organización reclama ahora a las administraciones que asuman su responsabilidad y advierte de que una eventual huelga médica nacional indefinida supondría, en sus palabras, “un fracaso para todos”.

El sindicato asegura que todavía pretende agotar las vías de diálogo y que está dispuesto a negociar con las administraciones. No obstante, advierte de que, si considera insuficiente la respuesta a sus reivindicaciones, podría “escalar el conflicto” para defender las condiciones laborales del colectivo y la sostenibilidad del SNS.

SMU cierra su comunicado presentándose como una organización nacional que pretende contribuir a mejorar las condiciones laborales de los médicos y preservar el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que reclama diálogo a las administraciones y apoyo a la ciudadanía.

Medidas de aplicación inmediata que solicita el sindicato

• Apoyo público a un Estatuto del Médico y establecimiento de mesas propias de negociación para nuestro colectivo, en el formato que sea viable desde el punto de vista jurídico y cuyas decisiones sean vinculantes.
• Aplicación efectiva de una jornada ordinaria de 35 horas semanales allí donde todavía no se encuentre plenamente implantada.
• Equiparación inmediata del valor mínimo de la hora de guardia con el valor de la hora ordinaria, incorporando el correspondiente reconocimiento de la nocturnidad y avanzando mediante negociación propia hacia una retribución acorde con el trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria.
• Eliminación de la obligatoriedad de las guardias, entendemos que no podrá ser de inmediato por lo que estamos dispuestos a asumir un período de transición máximo de cinco años. Flexibilidad a la hora de organizar las jornadas con el fin de evitar jornadas extenuantes de 24 horas, todo ello negociado con quienes sufren estas jornadas. Regulación, mientras se mantenga este tipo de jornada, de las guardias localizadas, su remuneración y descansos correspondientes.

Hasta el momento se ha argumentado que no se dispone de médicos para llevar a cabo estas medidas, sin embargo las Administraciones públicas son conscientes de la situación esperada de superávit de médicos anunciada para el año 2030, fruto del incremento de facultades públicas y privadas y de la homologación exprés de titulaciones extranjeras; según expertos esta realidad se adelantará a 2028.

Los médicos solicitamos que este superávit sirva para dignificar nuestras condiciones de trabajo y dimensionar adecuadamente las plantillas y no para anunciar, como ya se viene escuchando, paro médico. No es coherente hablar de paro médico y al mismo tiempo argumentar déficit de profesionales para evitar respetar los derechos de los trabajadores.

• Adecuación progresiva de las retribuciones médicas a la cualificación, formación, responsabilidad y desempeño de la profesión, tomando en consideración indicadores internacionales comparables (OCDE).
• Un plan suficiente de incremento de plantillas, que permita que 35 horas de jornada ordinaria signifiquen realmente 35 horas de trabajo y que el trabajo adicional deje de constituir el mecanismo habitual mediante el que se garantiza el funcionamiento del sistema.
• No podemos obviar otros asuntos fundamentales como la carrera profesional o los coeficientes reductores para la jubilación.