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La Policía Nacional tramitó durante el pasado año 14 denuncias por agresiones físicas o verbales sufridas por personal. Las amenazas que se ciernen en el trabajo cotidiano del personal del sistema público de salud constituyen una de las principales preocupaciones de la Unidad de Seguridad Privada del cuerpo, entre cuyas responsabilidades figura la de mantener contacto con los profesionales sanitarios y formarles sobre las conductas que, en caso de presumir la inminencia de una agresión, deben adoptar para garantizar su autoprotección. La Unidad está integrada en Ceuta por cuatro policías.
En esta tarea, la figura del interlocutor policial, creada en 2017, resulta fundamental. Los interlocutores policiales sanitarios se encargan de asesorar a la Administración sanitaria y a los trabajadores de la salud sobre la adopción de medidas preventivas. Entre sus responsabilidades no figura solo la de erradicar este tipo de agresiones sino también la de prevenir otras actividades delictivas en los centros sanitarios, apoyados por los profesionales de la seguridad privada. Este trabajo incluye encuentros con las plantillas de los centros del sistema público de salud. “Estos encuentros están enfocados a que conozcan cuál es nuestra función, a proporcionarles estadísticas sobre las agresiones y a instruirles en la utilización de herramientas y técnicas para evitarlas”, explica el inspector Manuel Quesada, quien este miércoles impartía junto a otro compañero una charla en el centro de salud de El Tarajal.
Las catorce agresiones registradas en 2025 en instalaciones sanitarias suponen dos más de las denunciadas ante la Policía Nacional el año anterior, aunque en la mayoría de los casos estos incidentes se circunscriben a violencia verbal y ambiental, precisamente el tipo de incidentes que menos se denuncia. Las autoridades insisten en que renunciar a la denuncia deja impunes actos que resultan legalmente punibles y, consecuentemente, favorece la impunidad. Además, esta actitud hurta a los responsables policiales de un a información que resulta particularmente valiosa para la elaboración, en colaboración con las autoridades sanitarias, de estrategias de prevención contra futuras agresiones. “Suele ocurrir que tras el acaloramiento de una agresión verbal la cosa no acaba en denuncia”, lamenta el inspector Quesada.
El mayor número de incidentes de violencia verbal o física sobre el personal sanitario se registra en Ceuta, en orden de frecuencia, en los servicios de urgencias del Hospital Universitario y los centros de salud de El Tarajal y Otero.
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