La Sociedad Española de Epidemiología, alarmada por las dificultades para abortar en Ceuta
Desigualdad
La entidad advierte de que las limitaciones para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo -en la ciudad no se ha practicado ni una sola este año- constituyen un "problema de equidad de género"
La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha expresado su preocupación por la desigualdad territorial en el acceso al derecho al aborto en España, una inquietud que afecta de lleno a Ceuta. La ciudad es uno de los tres territorios españoles, junto a Melilla y Extremadura, donde la sanidad pública no ha practicado ni una sola interrupción voluntaria del embarazo.
La SEE advierte de que situaciones como las que se dan en Ceuta o Madrid, donde la participación de la sanidad pública en los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo es mínima, constituyen un “problema de equidad de género”. La entidad sostiene la necesidad de garantizar a las mujeres el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva como pilar fundamental de la igualdad. “La falta de implementación efectiva de este derecho puede constituir una forma de discriminación por razón de sexo al impedir que las mujeres ejerzan su autonomía reproductiva en condiciones de igualdad”, advierte.
En Ceuta, todos los ginecólogos son objetores de conciencia al aborto, tanto en el sistema público como en el privado. El número de intervenciones practicadas en la ciudad durante 2025 ha sido cero, según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
La mayoría de las solicitudes que llegan a las consultas de los especialistas de Loma Colmenar son derivadas a una clínica privada de Algeciras. A aquellas que lo reclaman con una gestación ya avanzada (a partir de las 14 semanas) suelen mandarlas a otro centro en Sevilla, donde les practican la fetolisis, consistente en la inyección de una sustancia en el corazón del feto para evitar que nazca vivo. Tras ello, regresan al HUCE, donde extraen el cuerpo ya fallecido.
La SEE advierte de que las restricciones y dificultades que se oponen al ejercicio del derecho al aborto tienen una particular incidencia sobre las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, caracterizada por un perfil que las describe como migrantes, carente de recursos económicos suficientes, jóvenes y en posición de precariedad. La entidad advierte de que garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo constituye una “obligación jurídica, ética y sanitaria, no una opción ideológica”.
