La Sociedad de Salud Pública rechaza la propuesta del PP confinar a los migrantes
Salud Pública
La principal sociedad española de salud pública sostiene que no existen razones epidemiológicas que justifiquen una medida indiscriminada como la planteada por Alberto Núñez Feijóo
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha rechazado este lunes la posibilidad de establecer un confinamiento preventivo de los migrantes que permanecen en Ceuta para evitar la propagación de enfermedades infectocontagiosas y ha defendido que cualquier medida restrictiva debe basarse en una evaluación individualizada del riesgo y en criterios científicos.
La entidad, considerada la principal organización científica española en el ámbito de la salud pública, ha difundido un comunicado en respuesta a las declaraciones realizadas en los últimos días por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien planteó la posibilidad de aplicar medidas de confinamiento a los migrantes llegados a la ciudad autónoma. Una propuesta en la que posteriormente insistió el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.
SESPAS sostiene que la situación epidemiológica actual en Ceuta “no justifica el confinamiento indiscriminado de las personas migrantes” y recuerda que la detección de enfermedades como la tuberculosis, la escabiosis (sarna), la varicela o determinadas infecciones gastrointestinales requiere actuaciones sanitarias específicas, pero no constituye por sí sola una evidencia de transmisión comunitaria generalizada.
“La pertenencia a un colectivo, su procedencia o su situación administrativa no constituyen por sí mismas criterios epidemiológicos que justifiquen una medida de esta naturaleza”, subraya la organización en su posicionamiento.
La sociedad científica defiende que las herramientas adecuadas para controlar estas patologías son la detección precoz de los casos, el tratamiento de las personas afectadas, el estudio de contactos, la vacunación cuando sea necesaria y el refuerzo de la vigilancia epidemiológica. También considera prioritario reducir las situaciones de hacinamiento y garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, acceso al agua potable, saneamiento, higiene y atención sanitaria.
En este sentido, SESPAS diferencia entre el confinamiento generalizado de un colectivo y las medidas individualizadas de aislamiento que pueden aplicarse cuando una persona presenta una enfermedad transmisible concreta. Estas actuaciones, señala, forman parte de la práctica habitual de la salud pública y deben adoptarse únicamente cuando estén técnicamente justificadas y de manera proporcional al riesgo existente.
La organización también recuerda que cualquier restricción de derechos fundamentales requiere una sólida justificación sanitaria y jurídica. Aunque la legislación vigente permite adoptar medidas excepcionales para controlar enfermedades transmisibles, estas deben responder a una necesidad acreditada, ser adecuadas al riesgo detectado y respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.
SESPAS alude al debate abierto sobre una eventual declaración del estado de alarma por motivos sanitarios y señala que la utilización de mecanismos excepcionales previstos en la Constitución solo sería posible si concurren los presupuestos legales y epidemiológicos que lo justifican, algo que, a su juicio, requiere una valoración rigurosa de la situación.
La entidad insiste en que la respuesta a la crisis migratoria en Ceuta debe sustentarse en la evidencia científica, la cooperación institucional y el refuerzo de los recursos sanitarios y de salud pública. Entre las medidas que considera prioritarias figuran la vigilancia epidemiológica activa, la mejora de las condiciones de acogida y el fortalecimiento de los equipos de salud pública, atención sanitaria y apoyo social.
Por último, SESPAS advierte de que asociar de forma generalizada la migración con una amenaza sanitaria puede generar alarma social injustificada y favorecer la estigmatización de determinados colectivos. Según señala, este tipo de mensajes puede incluso dificultar que las personas afectadas acudan a los servicios sanitarios, retrasando diagnósticos y tratamientos y perjudicando, en última instancia, la protección de la salud colectiva.