La Audiencia Nacional paraliza el campamento para migrantes del Puerto de Ceuta

La Audiencia Nacional ha ordenado este miércoles la paralización cautelar del campamento para migrantes proyectado en el Puerto de Ceuta, después de la solicitud presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que había recurrido la decisión del Ministerio de Transportes de habilitar este espacio para la acogida temporal.

La medida supone, de momento, un freno al dispositivo previsto en el recinto portuario, aunque la Audiencia Nacional todavía tendrá que pronunciarse sobre el fondo del recurso y determinar si la suspensión debe mantenerse definitivamente.

El SUP había acudido este martes a la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar medidas cautelarísimas contra la instalación. El sindicato cuestionaba la elección del emplazamiento y reclamaba que se acreditasen previamente las condiciones de compatibilidad con la actividad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

Un dispositivo para cerca de 1.000 personas

El proyecto contempla el uso de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de terrenos portuarios para habilitar un dispositivo temporal con capacidad para cerca de 1.000 personas. La intención del Gobierno era utilizar estas instalaciones para descongestionar otros puntos de asentamiento de migrantes existentes actualmente en la ciudad, como la playa del Trampolín.

La paralización judicial introduce ahora un nuevo escenario y deja en suspenso el calendario previsto por el Ejecutivo para avanzar en estos realojos.

El SUP alegó riesgos de seguridad

En su recurso, el sindicato policial puso el foco en la ubicación del dispositivo dentro del recinto portuario y en la proximidad de instalaciones relacionadas con combustibles, energía y otros servicios esenciales. El SUP reclamó que se hicieran públicos los informes técnicos que avalasen la idoneidad y seguridad del emplazamiento.

La organización también señaló los riesgos relacionados con posibles incendios, evacuaciones y actuaciones policiales en caso de emergencia. Como argumento, hizo referencia a los incendios registrados recientemente en diferentes asentamientos de Ceuta.

El sindicato ha insistido en que su recurso no cuestiona la necesidad de ofrecer atención humanitaria, sino la elección de este emplazamiento concreto sin que, según sostiene, se hayan acreditado previamente todas las garantías.

Interior ya había advertido sobre el emplazamiento

La decisión judicial se conoce además después de que trascendiera un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad en el que se advertía de que la instalación de un campamento para alrededor de un millar de migrantes podía alterar las condiciones ordinarias de explotación y protección del Puerto de Ceuta y afectar a la seguridad de las operaciones marítimas y portuarias.

La existencia de estos informes se ha situado en el centro de la controversia entre las distintas administraciones sobre la utilización de los terrenos portuarios.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta ya se había pronunciado el pasado 4 de septiembre en contra de la cesión de terrenos para estos fines. La votación terminó con 11 votos en contra y cuatro a favor, según la información publicada entonces.

Ahora queda pendiente la decisión sobre el fondo

La resolución conocida este miércoles tiene carácter cautelar. Por tanto, la paralización no equivale todavía a una prohibición definitiva del campamento.

La Audiencia Nacional deberá analizar los argumentos planteados contra la resolución administrativa que autorizó la utilización de los terrenos y decidir si procede mantener la suspensión o permitir que el dispositivo continúe.

Mientras tanto, la decisión judicial afecta directamente al plan diseñado por el Gobierno para trasladar a parte de los migrantes que permanecen actualmente en asentamientos improvisados de Ceuta.