AUGC respalda la PNL presentada para acabar con la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil

Ceuta/ La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha mostrado su apoyo a la proposición no de ley (PNL) presentada por SUMAR en el Congreso, que reclama el fin de la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil.

En el texto de la iniciativa se recoge que “la Guardia Civil desarrolla tareas policiales en un marco de seguridad ciudadana y no de naturaleza militar, lo que hace anacrónica e injustificada la vigencia de un régimen punitivo excepcional”.

La propuesta cita expresamente el caso de un guardia civil destinado en Tenerife como “un ejemplo paradigmático de la indefensión y el sufrimiento que provoca mantener a los guardias civiles sometidos a un Código Penal Militar en situaciones que, en cualquier otro cuerpo policial, se resuelven conforme al derecho común en el ámbito administrativo”.

La PNL subraya que “no hay razón jurídica ni social que justifique esta discriminación” y reclama al Gobierno “que dé pasos efectivos hacia la plena equiparación de derechos con el resto de policías del Estado, poniendo fin a una anomalía democrática que sigue situando a los guardias civiles en una posición de desigualdad”.

Desde AUGC han expresado públicamente su respaldo: “Mostramos nuestro firme apoyo, decidido y valiente en cualquier iniciativa que ponga fin a esta discriminación. AUGC sigue, y seguirá, trabajando para llevar a las instituciones una reclamación histórica para que los miles de hombres y mujeres que componen la Guardia Civil, y que arriesgan su vida cada día por la seguridad de la ciudadanía, no continúen siendo tratados como policías de segunda en ningún nivel, ni jurídico, económico o profesional”.

Asimismo, la asociación reclama que el debate parlamentario esté a la altura de la demanda: “El debate está abierto, y es hora de que el resto de grupos políticos estén a la altura de esta demanda legítima. La aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil no solo resulta injusta: es incompatible con los principios democráticos y con la modernización que merece una institución fundamental para la seguridad pública en España”. La organización concluye que “ha llegado el momento de poner fin a esta discriminación histórica. Porque la dignidad y los derechos de los guardias civiles no se negocian, se conquistan”.

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