El contrato fallido de las 90 de Loma Colmenar apunta a indemnización

La empresa que no ejecutó la obra de la promoción de las 90 viviendas protegidas de Loma Colmenar podría tener que afrontar el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios de salir adelante una iniciativa elevada a la consideración del Parlamento. Los partidos que conforman el Gobierno central, PSOE y Sumar, han registrado una propuesta por la que instan a Casa 47, empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda, a reclamar estas indemnizaciones en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista. Este es el caso de Loma Colmenar o el del Parque Central de Ingenieros de Valencia.

El contratista de la obra de Loma Colmenar solicitó la suspensión del contrato, una petición que fue desestimada por la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), llamada ahora Casa 47. El constructor acudió a un contencioso-administrativo en el que se confirmó la denegación de la suspensión solicitada y recurrida por el contratista.

En abril de 2024, SEPES aprobaba la resolución de contrato por causas imputables al contratista, adjudicado en su día a la UTE Orthem-Áridos y Transportes del Estrecho para levantar la promoción en un plazo de 22 meses y con un presupuesto de 10,4 millones. Dos meses más tarde, se sacaba a licitación la actualización del proyecto de ejecución, redactado en octubre de 2020, y de todos los documentos técnicos complementarios.

Ya en noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobaba un real decreto por el que se regulaba la concesión directa de subvenciones en materia de vivienda durante el ejercicio presupuestario 2025. La norma contempla la subvención al SEPES para adendar el convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Ciudad de Ceuta y el propio SEPES el 21 de diciembre de 2018, cuyo objeto era construir las viviendas de Loma Colmenar. Estaba previsto que la intervención se atendiera de manera urgente por un importe de 3,5 millones de euros.

Informe del Tribunal de Cuentas

PSOE y Sumar han registrado sus propuestas a un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El documento fiscaliza la actividad de Casa 47, antiguo SEPES, en la ejecución de vivienda pública entre los ejercicios de 2018 a 2023. El informe detectó varios casos de resolución del contrato por causas achacables al contratista.

El Tribunal de Cuentas recomienda a SEPES que en todos los supuestos de resolución del contrato por causa imputable al contratista se estudie la viabilidad de exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. Las propuestas habrán de debatirse y votarse en la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. De obtenr el visto bueno, se incorporarán al informe de fiscalización.