CRISIS MIGRATORIA
La crisis migratoria se enquista en Ceuta pese a la llegada de ministros
CRISIS MIGRATORIA
Pasan los días en Ceuta y después de visitarnos el presidente Pedro Sánchez antes de irse a sus vacaciones y los ministros Fernando Grande – Marlaska -que regresa este jueves a Ceuta-, Sira Rego, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares y Margarita Robles, la realidad es que la situación continúa exactamente igual o, como ha dicho el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “peor que el pasado lunes”.
Y es que las calles continúan inundadas de migrantes, al igual que las playas, parques infantiles, zonas de ocio, montes y playas. Realizar vida normal en Ceuta es algo imposible en la ciudad, de ahí a que la ciudadanía exija que se dejen a un lado las palabras y promesas y comiencen a actuar con la repatriación de los más de 10.000 migrantes que continúan deambulando por las calles de Ceuta y generando, cada vez más, una situación de inseguridad que empieza a ser insostenible en todas las barriadas y en el centro, con robos, reyertas y episodios de violencia que además también se producen en las playas y montes.
Desde el pasado 30 de julio, Ceuta vive una situación excepcional que está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones. La presión migratoria registrada durante estos días ha provocado una presencia extraordinaria de personas migrantes en distintos puntos de la ciudad, convirtiendo una emergencia puntual en una crisis que, a juicio de numerosos ciudadanos y representantes públicos, requiere respuestas inmediatas y coordinadas.
La dimensión alcanzada por esta situación ha alterado de manera evidente la vida cotidiana. Espacios de uso ciudadano como playas, parques, zonas de ocio y determinadas áreas de las barriadas están soportando una presión muy superior a la habitual, mientras los servicios públicos se ven obligados a afrontar una situación para la que Ceuta, por sus reducidas dimensiones y su condición de ciudad fronteriza, carece de capacidad suficiente para responder por sí sola.
La preocupación de los ceutíes no se limita únicamente a la asistencia y acogida. La seguridad se ha convertido en una de las principales inquietudes de la población. Los vecinos reclaman una mayor presencia policial, actuaciones eficaces ante los episodios de delincuencia y altercados que puedan producirse y, sobre todo, una solución que permita recuperar la normalidad en las calles y garantizar el uso de los espacios públicos por parte de todos los ciudadanos.
Así, las reiteradas visitas de miembros del Gobierno de España han elevado las expectativas de una respuesta inmediata. Pedro Sánchez visitó la ciudad antes de iniciar sus vacaciones y, posteriormente, se han desplazado hasta Ceuta varios ministros, entre ellos Fernando Grande-Marlaska, Sira Rego, Ángel Víctor Torres, José Manuel Albares y Margarita Robles. Grande-Marlaska tiene previsto regresar este jueves, en un momento especialmente delicado para la ciudad.
Sin embargo, desde Ceuta se insiste en que las visitas institucionales deben traducirse en medidas concretas. El Gobierno de la Ciudad viene reclamando desde el primer momento una mayor implicación del Estado, al considerar que la situación excede ampliamente las competencias y los recursos disponibles a nivel autonómico.
La cuestión de los menores extranjeros no acompañados constituye uno de los principales elementos de esta crisis. La acumulación de menores y jóvenes migrantes en una ciudad con una superficie y unos recursos limitados ha llevado al Ejecutivo local a reclamar mecanismos extraordinarios de traslado, distribución y retorno cuando legalmente proceda, evitando que todo el peso de la situación recaiga sobre una población de apenas unos kilómetros cuadrados.
Los ceutíes reclaman, por tanto, pasar de las declaraciones a los hechos. La prioridad, señalan, debe ser recuperar la normalidad, garantizar la seguridad y evitar que la presión migratoria termine convirtiéndose en una situación estructural imposible de gestionar con los medios actuales.
Ceuta vuelve a encontrarse ante una emergencia que, por su naturaleza y magnitud, requiere una respuesta del Estado. La ciudad no puede afrontar en solitario una presión migratoria de estas dimensiones ni asumir indefinidamente las consecuencias de una situación que afecta a los servicios públicos, a la convivencia y a la seguridad.
Mientras las autoridades anuncian nuevas actuaciones y continúan las reuniones, la ciudadanía espera resultados. La demanda que se repite en las calles es clara: coordinación entre administraciones, refuerzo de los medios de seguridad, atención adecuada a las personas migrantes, traslado de quienes corresponda a otros territorios y aplicación efectiva de los procedimientos de retorno o repatriación previstos por la legislación.
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