La delincuencia juvenil, más allá del origen de los menores

Ceuta ofrece una de las claves para entender la relación entre menores migrantes y delincuencia juvenil. La ciudad fue protagonista entre los años 2018 y 2019 en el programa PREMECE, una iniciativa de la Universidad de Málaga y la Ciudad Autónoma destinada a intervenir con menores extranjeros no acompañados que se encontraban en situación de calle. Durante 15 meses, un equipo de intervención psicosocial trabajó con estos menores y los resultados apuntaron a que la intervención en calle mejoraba su protección, reducía el riesgo de victimización y contribuía a disminuir la delincuencia registrada. La intervención permitió contactar con 229 menores extranjeros solos y desarrollar un trabajo continuado con 68 de ellos.

El caso de Ceuta resulta especialmente relevante a la hora de analizar las estadísticas sobre delincuencia juvenil en España. La ciudad registró en 2024 una tasa de 61,4 infracciones penales por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años, una de las más elevadas del país, solo por detrás de Melilla, que alcanzó las 62,6. Canarias, con 19,0, se situó también entre los territorios con mayores tasas.

Estos datos han sido recogidos en el análisis realizado por Andrea Robles González, coordinadora académica del Máster Universitario en Victimología y Criminología Aplicada de la Universidad de La Rioja, y Ana Luz Cuervo García, directora académica del Máster Universitario en Delincuencia Juvenil e Intervención con Menores de la misma universidad. Las autoras estudian la relación entre delincuencia juvenil y menores migrantes a partir de las estadísticas oficiales y de la evidencia criminológica disponible.

Robles y Cuervo aluden en su artículo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procedentes del Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, que muestran cómo la mayoría de los menores condenados en España son nacionales. En 2024, el 80% de los menores condenados era de nacionalidad española, frente al 20% de extranjeros. En 2023, los españoles representaban el 79,2%.

Las cifras absolutas, sin embargo, no permiten comparar directamente ambos grupos, porque su tamaño poblacional es diferente. Para realizar esa comparación es necesario utilizar la tasa por cada 1.000 habitantes de entre 14 y 17 años de cada nacionalidad.

Con este indicador, en 2024 la tasa de menores condenados de nacionalidad extranjera fue de 10,9 por cada 1.000 habitantes, frente a 5,8 entre los españoles. En 2023 las tasas habían sido de 11,9 y 5,5, respectivamente. La diferencia, por tanto, existe, aunque se redujo ligeramente entre 2023 y 2024.

Infracciones e infractores

El análisis de Robles y Cuervo también llama la atención sobre una distinción que resulta fundamental: el número de infracciones no equivale al número de menores que las cometen.

En el año 2024 se registraron 24.561 infracciones penales cometidas por menores, un 3,8% más que en el transcruso del año anterior. Pero una misma persona puede cometer más de una infracción y aparecer, por tanto, vinculada a varios hechos. De hecho, el 60,8% de los menores condenados cometió una única infracción, mientras que el 39,2% incurrió en más de una. El número medio fue de 1,8 infracciones por menor condenado.

La diferencia entre las tasas de menores españoles y extranjeros no se distribuye de manera homogénea por todo el país. Las cifras más elevadas se concentran en Ceuta y Melilla, con tasas de 61,4 y 62,6 infracciones por cada 1.000 menores de 14 a 17 años, respectivamente. Canarias aparece a continuación, con 19. Son territorios que presentan características específicas relacionadas con su posición geográfica, la presión migratoria y la presencia de menores extranjeros no acompañados.

Un fenómeno multicausal

La principal cuestión que plantea el análisis de las profesoras universitarias es cómo interpretar esa diferencia estadística. La criminología considera que la delincuencia juvenil es un fenómeno multicausal, en el que intervienen factores relacionados con el entorno, la familia, la escuela y el grupo de iguales. “La delincuencia asociada a menores migrantes no acompañados, no reside en su nacionalidad, sino en la acumulación de factores de riesgo para la delincuencia juvenil que desencadenarían en mismo resultado delincuencial en cualquier otro menor, sea cual sea su país de procedencia -escriben las autoras del artículo- Dada la situación de vulnerabilidad que experimentan los menores migrantes no acompañados, se incrementa la aparición de esos factores de riesgo”.

Entre esos factores de riesgo identificados aparecen la precariedad económica, el desempleo, la falta de supervisión familiar, los conflictos familiares, la desvinculación escolar, la falta de actividades convencionales de ocio y la influencia de determinados grupos de iguales.

En el caso de los menores migrantes no acompañados pueden concurrir varias de estas circunstancias al mismo tiempo. No es extraño que confluyan situaciones como la ausencia de los progenitores, la ruptura de las redes familiares, la falta de una red social estable, las dificultades de escolarización o las situaciones de precariedad y exclusión.

La cuestión, por tanto, no se limita a la nacionalidad. El hecho de que las tasas sean diferentes entre españoles y extranjeros constituye un dato estadístico, pero no demuestra que la nacionalidad sea la causa de esa diferencia.

Prevención

El programa PREMECE ofrecía un elemento especialmente relevante para esta discusión. Su planteamiento no se limitó a actuar después de la comisión de una infracción, sino que intervino sobre las circunstancias de vulnerabilidad de los menores que se encontraban en la calle.

“Sus resultados indican que la intervención en calle mejora la protección de los menores especialmente vulnerables, alivia las tensiones en el espacio urbano, reduce el riesgo de victimización y contribuye a la disminución de la delincuencia registrada”, precisan las autoras del artículo.