La gestión de la dependencia en Ceuta y Melilla no da la talla

Solo seis territorios españoles aprueban la evaluación a su gestión del sistema de atención a la dependencia, y las ciudades autónomas no están entre ellos. El XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de Dependencia, cuyas conclusiones se presentaban esta semana en el Congreso de los Diputados, sitúa a Ceuta y Melilla, cuyos datos considera conjuntamente, en el decimosexto puesto de su evaluación del servicio.

Las apreciaciones del Observatorio destacan el crecimiento de la cobertura del sistema nacional, aunque subrayan las limitaciones estructurales de un modelo que califica de “low cost” por su escasa eficacia para atender las necesidades de las personas que se encuentran en situación de discapacidad.

El dictamen precisa que durante el año pasado el número de personas atendidas en las dos ciudades autónomas aumentó en 237, lo que supuso un crecimiento del 6,44%, por debajo de la media nacional. Esta tendencia se repite en el conjunto de indicadores del sistema, como solicitudes, valoraciones o prestaciones, que evolucionan a menor ritmo que en el resto del país.

La evolución cifra como uno de los principales problemas detectado el denominado “limbo de la dependencia”, es decir, aquella situación en la que se hallan las personas que habiendo visto reconocida su dependencia no perciben la ayuda o prestación a la que tienen derecho. El Observatorio estima que esta contingencia afecta 458 personas -el 10,6% del total- una cifra superior a la media estatal.

El informe también alerta del aumento de fallecimientos en lista de espera. En 2025 murieron 87 personas sin haber recibido la prestación correspondiente. 40 de ellas ni siquiera contaban con grado reconocido y otras 47, pese a tener derecho, seguían pendientes de recibir ayuda. Este dato supone un notable incremento respecto al año anterior y evidencia un deterioro en la capacidad de gestión.

En cuanto al modelo de atención, el sistema sigue apoyándose mayoritariamente en prestaciones económicas de bajo coste, especialmente las destinadas a cuidados en el entorno familiar, que son las más utilizadas. Por el contrario, servicios como la atención residencial o los centros de día tienen un peso muy reducido, lo que limita tanto la calidad asistencial como la generación de empleo.

El gasto total en dependencia en Ceuta y Melilla alcanzó los 22 millones de euros en 2025, financiados en un 70% por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). La inversión por persona dependiente se sitúa un 29% por debajo de la media nacional.

Esta situación también ejerce su impacto en el empleo. El sistema genera 585 puestos de trabajo directos, con solo 25 nuevos empleos creados en el último año, una cifra inferior a la media estatal debido al predominio de prestaciones con escasa capacidad de generar actividad laboral.

Pese a que los tiempos de tramitación son inferiores a la media nacional, con 82 días en Ceuta y 208 en Melilla, el informe concluye que el sistema presenta una capacidad de respuesta insuficiente, con un aumento de personas en espera y una cobertura inferior a la del conjunto del país.

En este contexto, el dictamen del Observatorio subraya la necesidad de reforzar la inversión, mejorar la gestión y apostar por servicios profesionales que permitan garantizar una atención más eficaz y reducir las desigualdades en el sistema de dependencia.

Evaluación en términos nacionales

Según constata el dictamen del Observatorio, en 2024 se paralizó el incremento de 600 millones de euros que había impulsado el Plan de Choque entre 2021 y 2023. A pesar de ello, en 2025 el gasto aumentó en 159 millones de euros debido al crecimiento del número de personas atendidas, junto a otros incrementos derivados de medidas específicas como el Real Decreto-ley 11/2025 y el pago de cotizaciones de cuidadoras no profesionales. En total, la inversión alcanza un máximo histórico de 13.506,6 millones de euros, equivalente al 0,8% del PIB, cifra que sigue siendo aproximadamente la mitad de la media de los países de la Unión Europea.

El sistema continúa ampliando su alcance poblacional. Así, en 2025 hubo 158.618 personas atendidas más, 147.612 con reconocimiento de dependencia, y aumentan tanto las solicitudes como las resoluciones.

Sin embargo, este crecimiento no acaba traduciéndose en una mejora cualitativa del sistema. Aunque se observa una ligera mejora en la generación de empleo, disminuye el retorno económico al Estado. Esto se debe, en gran medida, al aumento del peso de las prestaciones económicas a cuidadores familiares frente a los servicios profesionales.