La gestión del espacio urbano como instrumento de segregación

Investigación

Una investigación publicada en la revista “Journal of Urbanism” analiza cómo la arquitectura, el urbanismo y las decisiones administrativas han condicionado la presencia de migrantes y grupos de personas vulnerables en distintos puntos de la ciudad

Murallas reales de Ceuta
Murallas reales de Ceuta | EP
Redacción
19 nov 2026 - 23:59

La frontera de Ceuta no se limita al perímetro que separa España de Marruecos. Sus efectos también pueden reconocerse dentro de la ciudad, en barrios periféricos, espacios históricos y recintos portuarios donde las políticas migratorias europeas han terminado condicionando la vida cotidiana y la relación de sus habitantes con el espacio público.

Esta es una de las principales conclusiones del trabajo de investigación “Conflictos multiescalares y su consiguiente producción del espacio en la ciudad fronteriza de Ceuta”, publicado en la revista internacional "Journal of Urbanism". Su autora, Mari Paz Agúndez, investigadora vinculada a la Technische Universität de Berlín, examina tres conflictos que permiten observar cómo la arquitectura y el diseño urbano pueden convertirse en instrumentos de control, pero también en herramientas de resistencia para quienes encuentran dificultades para acceder y ocupar determinados espacios.

La investigación sitúa esos conflictos en tres escenarios concretos: el barrio del Príncipe, las Murallas Reales y el espacio portuario. Tres lugares con características muy diferentes, pero unidos por una misma cuestión: quién tiene capacidad para ocupar, transformar y decidir sobre el espacio urbano de Ceuta.

El Príncipe

El primero de los escenarios analizados es el barrio del Príncipe, cuya configuración urbana está estrechamente relacionada con las transformaciones demográficas y legislativas que experimentó Ceuta durante la década de los ochenta y los primeros años noventa.

Interior de la barriada El Príncipe
Interior de la barriada El Príncipe | J.I.M.

La investigación sitúa uno de los antecedentes fundamentales en la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea y en las condiciones impuestas para su incorporación al espacio europeo. Entre ellas, la aprobación de la Ley de Extranjería de 1985 y las excepciones aplicadas a determinados colectivos.

Según detalla la autora, la aplicación de este marco jurídico tuvo consecuencias especialmente importantes para la población musulmana de Ceuta con antecedentes familiares marroquíes. Las dificultades para regularizar su situación y las posteriores medidas de naturalización contribuyeron a transformar la composición social de la ciudad. El estudio precisa cómo alrededor de 10.000 personas obtuvieron la nacionalidad española mediante los procesos de regularización desarrollados durante aquel periodo. Sin embargo, según cuestiona la investigadora, el reconocimiento jurídico no estuvo acompañado de una respuesta urbanística equivalente.

El crecimiento demográfico se encontró con una ciudad que carecía de suficientes infraestructuras residenciales para absorber las nuevas necesidades de vivienda. Agúndez señala que la población de Ceuta rondaba entonces los 78.000 habitantes y que el incremento demográfico asociado a las naturalizaciones supuso una presión considerable sobre el parque residencial.

A partir de 1986 comenzaron a extenderse las construcciones informales, especialmente en el entorno fronterizo del Príncipe. La proximidad a Marruecos y las características del suelo contribuyeron a convertir el barrio en un espacio de asentamiento para numerosas familias.

La narración contenida en el informe se traslada a 1992, año de la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que reconocía los problemas de infravivienda, hacinamiento y desigualdad urbanística que afectaban a la población musulmana. El documento contemplaba la necesidad de desarrollar vivienda social, pero, según expone Agúndez, buena parte de aquellas previsiones quedaron sobre el papel. Ante la falta de respuesta institucional, los propios vecinos asumieron la construcción y ampliación de sus viviendas, se constata en el estudio.

La investigadora describe este proceso como una forma de apropiación y transformación del territorio desde abajo. En sus palabras, los habitantes musulmanes actuaron como “arquitectos y constructores de sus propias viviendas”. El Príncipe se convirtió así en un espacio construido en buena medida por sus propios residentes, frente a la insuficiencia de las políticas públicas de vivienda y planificación.

La autora introduce aquí una diferencia importante respecto a los otros dos escenarios: mientras que en el puerto y el centro histórico las respuestas administrativas se materializaron mediante mecanismos directos de separación y control, en el Príncipe la exclusión adoptó una forma más prolongada y menos visible, vinculada al abandono urbanístico y a la falta de integración efectiva en la planificación de la ciudad.

Las Murallas Reales

El segundo escenario se encuentra en el corazón histórico de Ceuta. Las Murallas Reales, actualmente uno de los conjuntos patrimoniales más reconocibles de la ciudad, fueron durante los años noventa un lugar de refugio para personas migrantes subsaharianas que permanecían en la ciudad mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de visado.

Murallas Reales
Murallas Reales | EP

La investigación explica que la aplicación de las normas del espacio Schengen generó una situación desigual entre los distintos colectivos migrantes. Mientras determinados ciudadanos marroquíes podían beneficiarse de excepciones en materia de circulación fronteriza, las personas procedentes del África subsahariana se encontraban con mayores dificultades para continuar su viaje hacia la península. Ceuta dejó así de funcionar únicamente como territorio de tránsito para convertirse también en un lugar de espera.

Sin una respuesta administrativa suficiente y en condiciones de vida precarias, algunas personas subsaharianas encontraron refugio en las antiguas murallas, entonces deterioradas y parcialmente abandonadas.

Aquí, Agúndez se traslada hasta 1995. Aquel año, el malestar de los migrantes por las condiciones de alojamiento y la falta de respuesta institucional desembocó en protestas que terminaron en enfrentamientos con militares y ciudadanos de a pie. Según los datos recogidos por la investigación, los incidentes dejaron unos 70 heridos y un policía gravemente lesionado.

La respuesta de las autoridades fue retirar a los migrantes del centro urbano y trasladarlos a un campamento provisional en Calamocarro, situado en las afueras de la ciudad. Aquella instalación sería el precedente del actual Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Agúndez interpreta este desplazamiento como una estrategia de separación espacial. La ubicación periférica de los dispositivos de acogida dificultaba la presencia de los migrantes en las zonas centrales y más representativas de Ceuta.

La investigación ofrece un dato especialmente significativo para comprender las consecuencias de esa decisión: el trayecto desde el CETI hasta la plaza de la Constitución supone aproximadamente 55 minutos a pie. La ausencia de una conexión adecuada de transporte público y la distancia física contribuyen a limitar la movilidad de quienes viven en el centro.

De esta manera, la exclusión no se produce necesariamente mediante una prohibición expresa de entrar en el centro urbano, sino a través de unas condiciones materiales que dificultan hacerlo.

Sin embargo, el estudio también identifica formas de resistencia. Cuando algunos jóvenes subsaharianos consiguen llegar a lugares como el paseo del Revellín, la calle Camoens o la plaza de los Reyes, esos desplazamientos adquieren un significado que va más allá de la simple movilidad.

La autora explica que esas visitas se documentan mediante fotografías y vídeos compartidos en redes sociales, como una forma de visibilizar su presencia en espacios de los que habitualmente permanecen alejados.

También destaca la celebración del denominado Círculo del Silencio en plazas céntricas. Estas concentraciones permiten trasladar la realidad migratoria al espacio público y cuestionar las barreras sociales que dificultan la convivencia.

Las antiguas murallas, que en otro tiempo ofrecieron refugio a personas que no encontraban alojamiento, representan así una de las contradicciones que, a juicio de la investigadora, atraviesan la historia urbana de Ceuta: un patrimonio que pasó de ser un espacio de acogida informal a convertirse en un elemento central de la ciudad renovada, mientras quienes lo habían ocupado fueron desplazados hacia la periferia.

El puerto

El tercer escenario analizado por Agúndez es el puerto de Ceuta, donde la frontera europea adquiere una dimensión especialmente visible a través de las infraestructuras de vigilancia y seguridad.

Imagen aérea del Puerto de Ceuta
Imagen aérea del Puerto de Ceuta | E.P.

A diferencia de los conflictos anteriores, este episodio está relacionado principalmente con la presencia de menores extranjeros no acompañados que intentan llegar a la península a través de los barcos que conectan Ceuta con Algeciras.

La investigadora sitúa el desarrollo de estas prácticas, conocidas como “risky”, alrededor de 2015. Para muchos de estos jóvenes, permanecer en Ceuta significa encontrarse en una situación de espera e incertidumbre, con dificultades para continuar su proyecto migratorio.

El puerto se convierte entonces en el principal espacio de disputa entre sus expectativas de movilidad y los mecanismos de control fronterizo.

El estudio describe cómo los menores buscaban refugio en diferentes lugares del entorno portuario y trataban de acercarse a las instalaciones de embarque. La autora explica que la repetición de estos intentos dio lugar a una dinámica constante de búsqueda de oportunidades para alcanzar los ferris.

La respuesta institucional fue intensificar progresivamente las medidas de seguridad.

En 2019, la Autoridad Portuaria, siguiendo las directrices del Gobierno, impulsó una profunda transformación del perímetro del puerto. Una de las principales actuaciones fue la construcción de un muro de hormigón de aproximadamente seis metros de altura, acompañado de otros elementos destinados a impedir el acceso no autorizado.

La intervención sustituyó parte de las antiguas delimitaciones por una infraestructura mucho más restrictiva, que modificó de manera irreversible el paisaje portuario.

La investigación interpreta esta transformación como un ejemplo especialmente claro de cómo la arquitectura puede ponerse al servicio de las políticas de control migratorio.

La autora no limita su análisis a la construcción del muro. También estudia la aparición de lo que se conoce como arquitectura hostil: elementos urbanos diseñados para impedir que determinados espacios puedan utilizarse como refugio o lugar de descanso.

En este contexto, los contenedores y otros equipamientos del puerto fueron modificados para dificultar que los menores pudieran utilizarlos como escondites.

La investigación señala que, tras las actuaciones de seguridad y las medidas municipales de acogida desarrolladas a partir de 2021, disminuyó el número de menores que permanecían en las calles. Sin embargo, el fenómeno no desapareció por completo.

El puerto aparece así como un espacio donde la frontera se materializa mediante muros, barreras y dispositivos de seguridad, pero también donde persiste la tensión entre el derecho a la protección de los menores y sus expectativas de movilidad.

Tres espacios, una misma lógica de exclusión

El análisis conjunto de El Príncipe, las Murallas Reales y el puerto permite a la investigadora identificar diferentes formas de producir y controlar el espacio urbano.

En El Príncipe, la exclusión se manifiesta mediante la falta de planificación, la insuficiencia de infraestructuras residenciales y la prolongación de desigualdades urbanísticas. En el centro histórico, aparece a través del desplazamiento de la población migrante hacia espacios periféricos y de las dificultades materiales para acceder a las zonas más representativas de la ciudad. En el puerto, adquiere una dimensión física mediante la construcción de barreras y el refuerzo de los mecanismos de vigilancia.

Pero los tres escenarios comparten otro elemento, a juicio de Agúndez: la capacidad de los colectivos afectados para desarrollar estrategias que cuestionan las decisiones institucionales.

Los vecinos del Príncipe construyeron sus propias viviendas y consolidaron un espacio residencial. Los migrantes subsaharianos ocuparon temporalmente las murallas, recuperaron su presencia en las plazas mediante acciones públicas y utilizaron las redes sociales para visibilizar su situación. Los menores migrantes, por su parte, mantuvieron sus intentos de movilidad pese al refuerzo de las barreras portuarias.

La conclusión de Agúndez es que las decisiones adoptadas desde las administraciones no siempre consiguen anticipar las respuestas que generan sobre el terreno. Las estrategias de control pueden transformar el paisaje urbano, pero también provocan nuevas formas de adaptación y resistencia.

La investigadora resume esta contradicción al señalar que las estrategias espaciales de los grupos subordinados pueden “desafiar el statu quo”.

Su trabajo permite observar, en definitiva, que la frontera de Ceuta no es únicamente una línea física ni una infraestructura de separación entre dos países. También es una realidad que se construye dentro de la ciudad, en sus barrios, sus plazas, sus murallas y sus instalaciones portuarias.

Una frontera que no afecta a todos por igual y que determina quién puede habitar determinados espacios, quién puede circular libremente y quién debe buscar alternativas para hacerse visible en una ciudad que, aunque forma parte de Europa, continúa marcada por profundas desigualdades territoriales y sociales.

También te puede interesar

Lo último

stats